Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde Argituz recuerdan las dificultades que día a día deben afrontar todos aquellos que padecen alguna diversidad funcional. 3 Abendua 2011 Gara

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E
n 1992 la ONU proclamó
el 3 de diciembre como
Día Internacional de las
Personas con
Discapacidad. Pero cada 3
de diciembre miles de
personas con diversidad
funcional (el término que
el colectivo ha acuñado
para huir del binomio
«capacidad vs. discapacidad» siempre
desfavorable para los y las «menos capaces»),
miles y miles de personas conciudadanas
nuestras se quedan –como todos los demás
días del año– sin poder salir de sus casas
porque estas no están adaptadas, sin poder ir
en tren porque las sillas de ruedas no entran en
la mayoría de vagones o sin poder ir al cine o
ver la televisión porque no está audiodescrita
la película. Tampoco pueden oír la conferencia
o ir a clase porque no está traducida a lenguaje
de signos, ni pueden decidir las cosas más
habituales (qué comer, a qué hora irse a
dormir, con quién pasear o qué cadena de
televisión ver) porque otras personas lo van a
hacer en su nombre sin preguntarles. Y otros
miles más no tendrán el «derecho» a
levantarse… sino que sólo tendrán el derecho al
«favor» de que alguien las levante, las lave, les
ayude a desayunar, quizás de mala gana y por
obligación, ya que dependen de la buena
voluntad de familiares, amigos o conocidos
para llevar a cabo los actos cotidianos que las
demás personas realizamos sin tener
conciencia de que los estamos haciendo.
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea
General de la ONU aprobó la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Una convención que define plenamente sus
derechos y que nos recuerda que el derecho a
la vida supone en estos casos derecho a
desplazarse y moverse libremente, y a poder
acceder a todos los lugares como el resto de la
ciudadanía, a que no se tomen decisiones en su
nombre. Supone también poder vivir en la
comunidad como ellas quieran y no en
residencias, ser protegidas contra la tortura y
otros tratos y penas degradantes, acceder a la
información y a las nuevas tecnologías, ver
respetada su intimidad, contraer matrimonio y
formar una familia si lo desean, y supone
derecho a la educación, a la salud y a la
rehabilitación, al trabajo y a un nivel de vida
adecuado, y derecho a participar en la vida
económica, social, cultural y política…
L
a terrible duda es: ¿era necesario
explicitarlo? ¿Acaso no era ya obvio
que tenían esos derechos al igual que
todas y cada una de nosotras y
nosotros? ¿Por qué había que
recordar que tienen todos los derechos?
Porque siempre han sido las últimas de las
últimas. Hagamos memoria. La Segunda
Guerra Mundial terminó oficialmente en
Europa con la rendición incondicional de los
últimos restos de las fuerzas armadas
alemanas el 8 de mayo de 1945. Y sin duda la
barbarie entre las barbaries cometida en esa
guerra fue el Holocausto, del que disponemos
de abundante documentación aunque hay
aspectos del mismo que permanecen
olvidados.
Una de sus facetas menos conocidas fue el
denominado “Programa T4”. Mediante este
programa decenas de miles de personas con
discapacidades físicas o mentales –de todas las
edades– fueron asesinadas por sus médicos,
generalmente por inanición o inyección letal.
Sabemos que en la «ética» de la supremacía
aria no cabía el esfuerzo de alimentar «bocas
inútiles» y que había «vidas de primera», y
«vidas de segunda», las cuales eran
directamente prescindibles y eliminables.
Todo esto debería haber acabado con la
rendición incondicional del III Reich, el que
debía durar mil años…, pero no fue así. Tres
largos meses después del final de las
hostilidades, las autoridades de ocupación
norteamericanas descubrieron un asilo y un
centro médico en los que se seguía
exterminando sistemáticamente a sus
pacientes, personas con discapacidad. Algunos
de los perpetradores siguieron matando por
convicción, otros porque –según decían– no
habían recibido instrucciones oficiales de dejar
de hacer lo que poco antes había sido la
aplicación de una política gubernamental. La
perversión ética había llegado hasta ese punto.
P
asados 32 años, en junio de 1977,
mucho más cerca, aquí mismo, en
plena transición, tuvieron lugar
otros hechos que ponen de
manifiesto que la vida de las
personas diferentes seguía teniendo menos
valor… Un grupo de «incontrolados» amordazó,
golpeó y tiró por un barranco a un joven que
llevaba pegatinas de «ikurriñas». La noticia
periodística lo definía como «un joven
subnormal de veintitrés años». Doble agresión:
la física y la moral.
La situación ha cambiado, evidentemente,
pero lo relatado anteriormente nos pone
encima de la mesa algo que sigue siendo real:
seguimos minusvalorando a las personas
diferentes, a las personas con «discapacidad», y
la cruda realidad es que apenas reconocemos
sus derechos humanos. Parece existir un
trasfondo de que sus derechos son «menos
valiosos», como si sus vidas también fueran
menos valiosas…
En diciembre de 2006 se aprobó la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal,
conocida popularmente como ley de la
dependencia, y que se presentó como el cuarto
pilar del estado de bienestar. Una ley muy
tardía con respecto a sus homónimas europeas
y que garantiza unas prestaciones mínimas
para aquellas personas que se hallan en una
situación de dependencia moderada, severa o
de gran dependencia. Tardó en empezar a
aplicarse, en algunas comunidades se aplazó
injustificadamente su puesta en marcha, y
cuando según el propio calendario de
aplicación de la ley todavía no se ha
implantado para todas las personas en
situación de dependencia reconocida (los
efectos para las personas con dependencia
moderada nivel 1 no serán efectivas hasta el
año 2013 y 2014) ya se han alzado voces
pidiendo su paralización y su modificación a la
baja. El motivo, dicen, es el excesivo coste
económico en tiempos de crisis. Argumento
que escasamente utilizan los y las
representantes del Estado al hablar de grandes
infraestructuras viarias, y que ninguno ha
utilizado, por ejemplo, en relación a los gastos
militares.
A
l parecer, las personas con
discapacidad son las últimas de
quienes nos acordamos para
reconocerles los derechos, pero las
primeras cuando queremos hacer
economías. ¿Por qué? Quizá porque, sin que lo
podamos admitir, siguen siendo consideradas
ciudadanas de segunda… y lo peor es que no es
que nadie esté en contra, sino que nadie nos ha
recordado que los tiempos han cambiado y que
ya no cabe la discriminación de facto que
padecen.
Ha llegado la hora de cambiar: estas
personas no pueden ser las últimas de las
últimas en beneficiarse de las mejoras y las
primeras de las primeras en sufrir los recortes.
Andrés
Krakenberger,
Xabier
Urmeneta
Argituz
GAURKOA
Personas con
discapacidad: las últimas
de las últimas
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, desde Argituz recuerdan las dificultades que día a
día deben afrontar todos aquellos que padecen alguna diversidad
funcional. Un colectivo que, tal como señalan Krakenberger y
Urmeneta, siempre ha sido relegado, que todavía hoy sigue siendo
minusvalorado y cuyos derechos continúan sin ser reconocidos.
Al parecer, las personas con discapacidad
son las últimas de quienes nos
acordamos para reconocerles sus
derechos, pero las primeras cuando
queremos hacer economías. ¿Por qué?
Quizá porque, sin que lo podamos
admitir, siguen siendo consideradas
ciudadanas de segunda