El documento analiza un decreto del Gobierno Vasco para reconocer y reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1960 y 1978. La autora argumenta que el decreto tiene carencias como confundir reparación con indemnización y centrarse sólo en lo económico, omitir el derecho a la verdad y no proponer mecanismos de investigación. También critica que la comisión evaluadora dependa del gobierno y no sea independiente, y que excluya algunas víctimas como las de tortura.