Los ‘sin papeles’ son personas que han llegado a nuestra tierra en busca de una vida mejor que la que tenían. Desde Axola denunciamos todos los recortes que se están realizando sobre los bienes básicos. 7 Mayo 2012 Diario Noticias Navarra

1. Diario de Noticias Lunes, 7 de mayo de 2012 OPINIÓN 5
Colaboración
P O R A N D R É S K R A K E N B E R G E R , X A B I E R U R M E N E TA , J U A N A M A R I A S T I G A R R A G A ,
J O N M I R E N A L A N D A E I Ñ A K I L E K U O N A ( * )
Ya no voy a la escuela y estoy
bien de salud
E
L Gobierno central y el
navarro han emprendido
medidas encaminadas a
liquidar a las personas
que se encuentran sin papeles. Les
han dejado sin ningún tipo de dere-
chos, con el objetivo de invisibili-
zarlos. Los recortes nos parecen,
además de inhumanos, una alfom-
bra que se extiende desde los dife-
rentes gobiernos para que la xeno-
fobia vaya creciendo ente la pobla-
ción autóctona, y adhiriéndonos así
a los niveles de desigualdad e injus-
ticia en el tratamiento de quienes
se están ocupando del trabajo que
casi ninguno de nosotros/as hemos
querido realizar en periodo de
bonanza económica.
Vayamos por partes. ¿Quién son
los sin papeles? Son personas que
han llegado a nuestra tierra en bus-
ca de una vida mejor que la que
tenían en su país, ya que no podían
cubrir las necesidades básicas de
sus familias y se encontraban sin
futuro. Señalar que los habitantes
que tenemos la suerte de vivir en el
primer mundo somos responsables
de la pobreza del tercer mundo,
especialmente aquellos que se enri-
quecen con su miseria.
Estas personas, muchas de ellas
llegadas desde hace más de una
década, pagan alquileres, consu-
men y sobre todo trabajan. Muchos
de ellos/as trabajan en la economía
sumergida ¿pero es lo que estas per-
sonas quieren? La contestación es
evidente: no. Están dispuestos a que
les contraten legalmente y así coti-
zar a la Seguridad Social, pagar el
IRPF, etcétera, teniendo, de esta
manera, derecho a la sanidad, a las
prestaciones de desempleo, etcéte-
ra. Pero la Ley de Extranjería es exi-
gente. Tienen que pasar años para
poder regularizar su situación. Una
vez que la consiguen no es fácil
mantenerla porque si se quedan en
paro y finalizan la percepción de las
prestaciones, no pueden renovar los
permisos de residencia y trabajo, y,
por lo tanto, pasan a integrar el
colectivo de personas sin papeles.
A las personas sin papeles les
conocemos, trabajando en algunos
talleres, en el campo, en servicios
de limpieza... Salen a los/as empre-
sarios/as más baratos y tienen mie-
do a mostrar su disconformidad,
porque temen las consecuencias al
encontrarse en situación irregular.
A las mujeres las hemos visto cui-
dando de nuestras personas mayo-
res, de nuestros hijos/as, en defini-
tiva, aportando bienestar para
nuestras familias. Pero tengan
papeles o no, a muchas de las per-
sonas contratantes no les preocupa
hacerles un contrato, pagarles ade-
cuadamente, darles de alta en la
Seguridad Social aunque sea obli-
gatorio legalmente. En estos caso
¿quiénes son los abusadores?... Está
claro, los buenos ciudadanos y ciu-
dadanas navarras… En el caso
opuesto, nos encontramos a
muchas personas que, desde plan-
teamientos de justicia social y soli-
daridad, cumplen con sus obliga-
ciones legales y también hay que
decirlo, por humanidad…
Nuestros gobernantes actuales no
están al servicio de las personas,
sino al servicio de los bancos (inyec-
ciones económicas), de las grandes
fortunas y grandes defraudadores
(véase el planteamiento de amnis-
tía fiscal), del gran empresariado
(recordar la reforma laboral), y no
conformándose con esto, presentan
a las personas inmigrantes como
chivos expiatorios, desviando la
atención sobre quiénes son los ver-
daderos responsables de la situa-
ción en que nos encontramos. Es
más fácil para la ciudadanía, indu-
cida de alguna manera por la clase
política con sus actuales políticas
de recortes, culparlos a ellos de la
crisis en vez de combatir a quienes
la crearon que además continúan
viviendo muy bien.
Desde esta perspectiva, la conse-
jera de Política Social de Navarra y
la ministra de Sanidad del Gobier-
no de Madrid no se han cortado ni
un pelo dejando a estas personas y
a sus familias sin derecho a la ren-
ta básica (Navarra), y próxima-
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ODOS los seres
humanos nacen
libres e iguales en
dignidad y dere-
chos”. Así empieza la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
el conjunto de principios interna-
cionales que genera derechos para
toda la ciudadanía y debería garan-
tizar el respeto de todos ellos; no sólo
de los derechos civiles y políticos,
como a veces se cree, sino también
de los económicos, culturales y
sociales.
Qué duda cabe de que estamos
esperanzados en lo que atañe a los
derechos a la vida y a la integridad
física y psíquica, porque indudable-
mente la situación ha mejorado con
el cese definitivo de la actividad
armada declarado por ETA, el 20 de
octubre de 2011, tras la Conferencia
de Aiete. Pero resulta terriblemente
preocupante la persistencia de
denuncias de torturas y malos tra-
tos, dentro y fuera del País Vasco, y
parece que el Gobierno no se siente
en absoluto interpelado, como si no
fuera con él. Vemos alarmados tam-
bién cómo la violencia de género no
parece disminuir, sino que muestra
síntomas de ir en aumento, ante la
aparente incapacidad de las institu-
ciones y la sociedad civil para lograr
su erradicación.
Pero además de derechos tan cono-
cidos como éstos, cabe recordar que
el sistema fundamental de los Dere-
chos Humanos se compone de una
trilogía: la Declaración Universal de
1948 y los dos Pactos Internaciona-
les de 1966, el de Derechos Civiles y
Políticos, y el de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales. Todos
ellos firmados y ratificados por el
Estado español y plenamente vigen-
tes. Repasemos, pues, otros derechos
más olvidados.
Los derechos de reunión y de aso-
ciación pacíficas, junto con el dere-
cho a la libertad de opinión y de
expresión, se ven gravemente ame-
nazados. La anunciada reforma del
Código Penal contempla, entre
otras cosas, criminalizar la protes-
ta civil calificando la resistencia
pasiva como “delito de integración
en organización criminal”, que
podrá ser penada hasta con 4 años
de cárcel y prisión provisional. Un
atentado clarísimo a los pactos
internacionales, que reconocen
ampliamente dichos derechos bási-
cos. Tampoco presagia nada bueno
que esta reforma busque penalizar
como “atentado a la autoridad” el
“encadenarse” por los brazos
durante una manifestación. Si ade-
más los recortes económicos o lega-
les, por ejemplo, llegasen a limitar
de facto el derecho al acceso a los tri-
bunales cuando se violan nuestros
derechos fundamentales, estaría-
mos en una situación muy cercana
al autoritarismo puro y duro.
Todas las personas, también, tene-
mos derecho a un nivel de vida ade-
cuado que nos asegure la salud y el
bienestar, y en especial la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios socia-
les necesarios. La Declaración afir-
ma que mediante el esfuerzo nacio-
nal y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, se deben
satisfacer los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables
a la dignidad y al libre desarrollo de
la persona.
En cambio nos dicen que hay cri-
sis y que hay que apretarse el cin-
turón. Y además nos aseguran que
los recortes en sanidad, educación
y servicios sociales, de unos 10.000
millones, no supondrán una merma
de estos derechos. ¿Es creíble?
¿Cómo se van a mantener estos ser-
vicios de manera adecuada, con un
acceso para toda la ciudadanía
(incluidos los emigrantes, el gran
chivo expiatorio de esta crisis pro-
piciada por la especulación finan-
ciera) si se recorta tan drástica-
mente el presupuesto?
Olvidan que la propia Declaración
establece que no cabe realizar actos
tendentes a la supresión de cual-
quiera de los derechos y libertades
proclamados en dicha Declaración,
por lo que recurrir a la escasez de
recursos para eliminar el derecho a
una sanidad y una educación de cali-
dad es una clara violación de los
derechos humanos. Máxime cuando
este argumento no se aplica con la
misma contundencia a la hora de
recortar gastos en Defensa o en la
Casa Real.
Queremos recordar que las res-
mente sin derecho también a la
sanidad (Estado español). Nos
indignan los comentarios de la con-
sejera Elena Torres tachando a la
ministra de Salud de cometer accio-
nes xenófobas, ¿es que acaso ella no
ha hecho lo mismo con los/as per-
ceptores de Renta Básica?, sola-
mente con su política ha llevado a
muchas familias, incluidas niños y
niñas a no poder cubrir sus necesi-
dades básicas… Más autocrítica y
menos marketing…
A todas las personas normales y
corrientes nos están afectando los
recortes, pero está claro que se
están cebando contra las personas
más vulnerables socialmente. Que-
remos reivindicar hoy más que
nunca este viejo slogan “nativa o
extranjera la misma clase obrera”.
Desde Axola denunciamos todos
los recortes que se están realizando
en la actualidad sobre los bienes
básicos para las personas (educa-
ción, sanidad y prestaciones socia-
les).
Pero queremos poner un acento
especial sobre los recortes que
están afectando tan gravemente al
colectivo de nuestros vecinos inmi-
grantes. Solidaridad y justicia con
las personas más desfavorecidas.
(*) En representación de Axola (Asociación
Navarra para la promoción del Bienestar
Social y los Servicios Sociales)
Todaslaspersonas
tenemosderechoaun
niveldevidaadecuado
quenosasegurelasalud
yelbienestar
Tribuna Abierta
P O R A N A F E R N Á N D E Z G A R AYA L D E ( * )
¿Xenofobia de los gobiernos contra las personas inmigrantes?
ponsabilidades del Estado para
garantizar estos derechos se miden
en base a tres parámetros: la dispo-
nibilidad de los recursos públicos
(que existan centros de salud, vivien-
das públicas, escuelas); el acceso a
los mismos (que cualquier persona
pueda acceder a ellas, independien-
temente de que viva en una u otra
comunidad o localidad), y la calidad.
Ningún sistema educativo ha mejo-
rado despidiendo al profesorado y
poniendo más alumnos y alumnas
en las clases, ni ningún sistema sani-
tario funciona mejor cerrando qui-
rófanos y alargando las listas de
espera.
Pero parece que el Gobierno olvi-
da que todo pacto internacional fir-
mado y ratificado por el Estado tie-
ne un rango legal superior a cual-
quier ley, excepto la Constitución. Y
en lugar de defender esos derechos
y cumplir con sus obligaciones hacia
las ciudadanas y ciudadanos, sólo le
preocupan los mercados y los espe-
culadores financieros y se limita a
rendir cuentas ante ellos.
Parafraseando al Pastor Martin
Niemöller, en su famoso sermón pro-
nunciado en 1946 en Kaiserslautern:
primero vinieron a por el derecho a
la libertad de manifestación, guardé
silencio porque no me suelo mani-
festar. Luego vinieron a por el dere-
cho a la libre sindicación, pero tam-
poco me importó, no soy sindicalis-
ta. Ahora vienen a por el derecho a
la sanidad y a la educación, pero no
voy a protestar: ya no voy a la escue-
la y estoy bien de salud. Cuando
vinieron a por mí, ya era tarde.
(*) En representación de la Asociación Pro
Derechos Humanos Argituz