El documento discute los avances de la política de alimentación escolar en América Latina. Resalta que la alimentación escolar es un derecho humano y que los países han mejorado sus marcos legales para institucionalizar las políticas de alimentación escolar. También enfatiza la importancia de una amplia participación de los gobiernos locales, padres y comunidades en los programas de alimentación, y el compromiso financiero para desarrollar y ejecutar dichos programas.