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Intervención de la parlamentaria Guadalupe Valdez, Coordinadora Regional del Frente
parlamentario contra el Hambre en América latina y el Caribe, realizada en el Diálogo
regional en hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en el Caribe: Desafíos en
derecho a la alimentación y gobernanza, que tuvo lugar en Antigua, el 1 y 2 de agosto de
2013.
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El Compromiso Político y la Gobernanza para la lucha contra el hambre
desde una perspectiva caribeña
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Somos una región rica en recursos naturales tierra, clima, foresta, fauna y sobre todo la gente,
hombres y mujeres, niños y niñas que vivimos en AL y el Caribe. No obstante, las cifras de
desnutrición siguen siendo alarmantes e inaceptables. Es una vergüenza.
La dicotomía que observa nuestra región, nos posiciona como un líder global en la
erradicación del hambre y la promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria, no solo
por sus resultados, que sino por haber encontrado mecanismos vanguardistas y propios, para
encarar la problemática del hambre. AL fue la primera región en comprometerse no sólo a
disminuir el hambre sino a erradicarla totalmente, a través de la Iniciativa América Latina y el
Caribe sin Hambre 2025. A partir de este compromiso, muchos países ya han dado pasos
decididos para alcanzar las metas del milenio, incluso atreviéndose a planificar un sistema que
permita proliferar las condiciones capaces de erradicar el hambre por completo.
Y muestra claramente un espacio de trabajo en el cual los compromisos políticos en los
distintos países de la región se deben centrar, promoviendo la creación de un sistema de
regulación que implique el reconocimiento de derechos fundamentales, especialmente el de
una Alimentación adecuada, que solo será posible en la medida que se cuente con un sistema
de políticas públicas integral, multisectorial y con enfoque de derechos.
Sin embargo, la constatación anterior implica entender que el problema del hambre en nuestra
región es un problema de acceso a los alimentos y no de disponibilidad de los mismos. ·
La dificultad en el acceso a los alimentos requiere asumir que la raíz de esta situación se
encuentra en la pobreza que afecta a ciertos grupos que por su condición económica no
pueden acceder a estos. Lo paradójico de nuestro continente es que gran parte de las personas
que sufren de hambre son precisamente aquellas personas que producen alimentos, desde el
mundo

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El problema del hambre obedece a una dimensión política. Lo que requiere que los
tomadores de decisiones, y en este caso los parlamentarios trabajemos por generar amplios
consensos en la necesidad de enfrentar la situación de la carencia de un buen porcentaje de la
población de nuestro continente.
Los países de América Latina han asumido el compromiso de terminar con el hambre en el
plazo de una generación, proponiéndose como meta el 2025 para terminar con este flagelo. La
ambiciosa meta prevista de terminar con el hambre es una meta posible, pero requiere del
amplio compromiso de todos los tomadores de decisiones y en ese sentido el rol
parlamentario es fundamental.
En el 2009, cuando era Director Regional de la FAO, José Graziano Da Silva, hoy Director
General, invito a senadores y diputados de formar un espacio congresual para luchar contra el
hambre. Los parlamentarios aceptamos el desafío. Y así surge, el Frente Parlamentario Contra
el Hambre de América Latina y el Caribe, con la finalidad de crear un espacio de diálogo
parlamentario plural, en el contexto regional. Nos proponemos debatir en torno a las temáticas
relevantes que afectan la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de los/as
ciudadanos/as de los distintos países del continente para incidir desde los congresos
nacionales en el fortalecimiento de la institucionalidad y garantizar la protección al derecho a
la alimentación de todos.
Ese compromiso se expresa desde la función legislativa, al congregar a más de dos centenares
de parlamentarios de toda la región, luchando desde sus espacios políticos por el
fortalecimiento de la institucionalidad, prerrequisito fundamental para terminar con el flagelo
del hambre.
En el marco del Frente Parlamentario contra el Hambre de América latina y el Caribe sin
Hambre, se trabaja por promover un diálogo entre diferentes actores de la sociedad, para crear
un marco de diálogo que facilite la generación de consensos políticos capaces de asumir
cambios en los marcos normativos que se conviertan en la base legal de las políticas públicas
enfocadas a buscar alcanzar los objetivos fijados.
Es importante resaltar el hecho de que diversos países y subregiones de nuestro continente,
están impulsando procesos de debate y reflexión en torno a los compromisos políticos y
finalmente los marcos jurídicos en los que estos se sustentan, trabajando con un sentido
democrático que es importante resguardar y promover. La contribución que pueden dar los
actores sociales y las organizaciones de la sociedad civil es relevante, puesto que son
precisamente estos, quienes viven los elementos que componen la seguridad alimentaria.
Hace unos pocos meses hemos sido testigos de la aprobación de una ley marco del parlamento
Latinoamericano, que busca inspirar el desarrollo normativo de la SAN en la región completa,
hoy son República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, algunos de
los países en que desde sus congresos se está trabajando ya sea por la consagración del DA en
sus Constituciones Políticas o en el desarrollo de marcos normativos SAN, siempre con un
enfoque de derechos.
De esta manera, es importante recordar que tras tristes episodios de nuestra historia, la
comunidad internacional finalmente ha reconocido la importancia de reconocer la calidad de
sujetos de derechos a todas las personas, atribuyéndoles garantías para la realización de sus
propios derechos. A partir de esto, la evolución del derecho internacional, tímidamente
consagró el derecho a la alimentación en la declaración universal de los derechos humanos,
para luego darle un espacio más preponderante en los pactos de derechos económicos,
sociales y culturales en 1966, para posteriormente profundizar los compromisos

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internacionales en diferentes instrumentos, como los objetivos del milenio, la Iniciativa para
América Latina y el Caribe sin Hambre.
Es fundamental integrar marcos de política dentro de un enfoque multisectorial, para lo que
los congresos son fundamentales en diferentes roles: 1.- En la discusión y aprobación de la ley
de presupuestos y de las partidas presupuestarias por sectores; 2.- en el ejercicio de los
mecanismos de control y fiscalización; 3.- en la promoción de marcos regulatorios adecuados;
4.- en la incorporación de la sociedad civil en procesos de construcción con un enfoque
democrático y participativo.
El trabajo del FPH se ha centrado por un lado en la construcción de una agenda regional de
diálogo, sensibilización, aprendizaje.
Hoy contamos ya con 15 países que han conformado los Frentes Parlamentarios contra el
Hambre. Todos con diferentes grados de avance, y tomando en cuenta la realidad concreta de
cada país, están trabajando en agendas propias de construcción de institucionalidad para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, bajo un enfoque inclusivo y participativo.
Algunos han centrado sus esfuerzos en incorporar el Derecho a la Alimentación en la propia
Constitución, otros trabajan por la creación de leyes marco de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Otros en la implementación de leyes conexas, como ley de tierras,
de aguas, de semillas, de agro biodiversidad, de emergencia alimentaria. Todos estos
esfuerzos son importantes, pero no solo para establecer y concretar un mandato sino para
promover un proceso que desarrolle la capacidad de ciudadanos/as para demandar sus
derechos.
Es primordial en estos momentos de cambios importantes en torno a los objetivos estratégicos
reconocer que erradicar el hambre requiere fundamentalmente un fuerte y claro compromiso
político, acompañado de una ética, donde prime el bien común. Y esto requiere que en
nuestros países, los marcos jurídicos reconozcan inicialmente el derecho a la alimentación y
segundo, contribuyan con desarrollar en cada nación una institucionalidad adecuada para
superar el flagelo del hambre.
Por lo que es imperante preguntarnos cuál debe ser el modelo económico en que queremos
insertar nuestros marcos legales, nuestras políticas? Y nos surgen de inmediato otras
preguntas ¿para qué sirven nuestros Estados? Para qué sirven nuestros marcos legales? ¿Para
qué sirven las políticas públicas en nuestros países? No hay una sola respuesta. Cada uno de
nosotros tendrá sus propias respuestas. Quizás no coinciden, no esperamos que coincidan en
todo. Pero si nos atrevemos a decir, que queremos que sea para disminuir los altos niveles de
desigualdad, de inequidad, de discriminación para erradicar el hambre, y garantizar que los
niños y niñas, los adolescentes de nuestras islas se alimenten con la calidad y los nutrientes
requeridos que les permitan desarrollarse y ser ciudadanos y ciudadanas que aporten al
desarrollo de sus pueblos.
La institucionalidad para la lucha contra el hambre requiere de una serie de pasos que es
importante plantear en este espacio: el primero es construir un consenso nacional capaz de
darle un reconocimiento y una protección jurídica al derecho a la alimentación. Se dejaría esa
vieja concepción que el estado actúa en proteger los derechos de sus ciudadanos con un
carácter paternalista y dadivoso.
Es necesario contar con un marco jurídico con un sistema capaz de hacerse cargo de enfrentar
y resolver el problema del hambre. Requiere contar con las instituciones adecuadas que
cuenten con las atribuciones necesarias para desarrollar las acciones que puedan contribuir
con el derecho a la alimentación.

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Posteriormente, será necesario dotar de un presupuesto a estos organismos para desarrollar las
políticas públicas, planes y programas necesarios para cumplir con sus fines.
Es aquí, donde los parlamentarios tenemos que ejercer nuestro rol de legisladores así como el
de control y vigilancia sobre los gobiernos.
Para que estos procesos funcionen y se genere cohesión social en torno a esta temática, es
fundamental reconocer e incorporar a la ciudadanía en el desarrollo de estos marcos jurídicos.
Así como incorporar la visión de los diferentes territorios de los países para construir un
sistema que se ajuste a la realidad de la nación completa.
Desde la perspectiva regional identificamos desafíos comunes que deben ser abordados, a los
que quiero referirme en este momento.
Desde la perspectiva regional identificamos desafíos comunes que quiero compartir con
ustedes ya que son relevantes para construir estrategias regionales y locales que permitan
erradicar el hambre de forma permanente.
Primer gran desafío:Cómo generar espacios de diálogos políticos, plurales e inclusivos. El
apoyo de la sociedad civil y el sector privado son necesarios para generar procesos de
movilización, invitar a todos los agentes hacia la meta de un mundo sin hambre, donde ese
dialogo público-privado estén los gobiernos, los parlamentos, los gobiernos locales, las
organizaciones civiles, sociales y comunitarias, de los pueblos originarios, las mujeres, los
jóvenes, los afrodescendientes, los asalariados y asalariadas del campo, Esta articulación se
dará en cada país tomando en cuenta su contexto, la realidad concreta, pero deberá basarse en
principios básicos de coordinación y diálogo político plurales e inclusivos, en los que
participen los diversos sectores desde donde surjan propuestas de estado, para que las mismas
no se paralicen cuando termine un gobierno o cambia un congreso en nuestros países.
El segundo desafío es el de la sustentabilidad de los contenidos en los marcos normativos, lo
que indica revisar y ajustar la estructura presupuestaria y en algunos casos las estructuras
fiscales de nuestros países, y en este sentido es fundamental ver cómo vamos a trabajar los
presupuestos generales del estado con sensibilidad a las políticas públicas con enfoque de
desarrollo humano, de desarrollo de capacidades. En el que se asignen recursos para las
políticas públicas en temas de la tierra, el agua, la biodiversidad, la capacitación, de la
tecnología, pero eso hay que verlo en todo el ámbito del presupuesto, que en la mayoría de
nuestros países invisibilizan los que son recursos para garantizar la dignidad y la participación
de los sectores más vulnerables.
El tercer desafío es el de generar espacios de dialogo con el Poder Ejecutivo y los Ministerios
para establecer las políticas públicas, y desde los congresos ejercer la función de fiscalización
sobre cómo se cumplen las políticas públicas. En este caso, las políticas públicas para
erradicar el hambre.
El cuarto desafío es que hay que vincular este tema desde una perspectiva multisectorial, y el
tema hoy día sobre la soberanía alimentaria y nutricional, no solo tiene que ver con
producción de alimentos, tiene que ver con acceso y disponibilidad, con salud, con educación,
con medio ambiente, con trabajo, con seguridad social.
Es determinante asignar el rol de los órganos de integración, que en el caso del Caribe
corresponde a CARICOM, para que en un marco de gobernanza vincule su compromiso y
acciones para la lucha contra el hambre.

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Se requiere reconocer que los tiempos que corren nos obligan a enfrentar una serie de
temáticas sumamente complejas, sobre las que no existen consensos, pero sobre las cuales hay
que tomar decisiones. Hoy no podemos pensar en el ejercicio de la función política, ni menos
legislativa en relación a la seguridad alimentaria y nutricional, sin afrontar el desafío de
incluir en el debate el tema de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.
De ahí es esencial colocar temas en la agenda legislativa. Por ejemplo las repercusiones del
cambio climático, las diferentes posiciones sobre la agroindustria y al uso de transgénicos,
pesticidas y agroquímicos, la tenencia y uso de la tierra, la participación de la mujer, de la
juventud, el agotamiento de los suelos y de los recursos productivos. También reconocer que
la obesidad se está convirtiendo en un problema de salud pública, por solo citar algunos de los
temas con los cuales estamos comprometidos a legislar con un enfoque de derechos y del bien
común.
Compartir estas reflexiones con ustedes, aquí en esta hermosa isla, cuya belleza natural nos
emociona, y la hospitalidad y sonrisa de su gente nos enamora y nos invita a sentir que el
Caribe no solo se una por sus aguas y tierras, sino fundamentalmente por la oportunidad que
tenemos de pensar y construir un compromiso caribeño para erradicar el hambre en el Caribe.
Es aquí donde compartir experiencias, desafíos, procesos, cobra fuerza, como parte de nuestro
compromiso político y ético para hacer realidad y contribuir a la erradicación de la pobreza en
el mundo.
Para concluir esta reflexión quiero compartir esta imagen que es lo que queremos que ocurra
entre nosotros….