Análisis crítico proyecto de Ley: "Código del Sistema Penal Boliviano"

Análisis del Proyecto de ley: Código delSistemaPenal Boliviano
Jorge José Valda Daza
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PRESENTACIÓN ANTE EL H. SENADO NACIONAL
COMENTARIOS ACERCA DEL PROYECTO DE LEY:
“CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL BOLIVIANO”
Autor: Dr. Jorge José Valda Daza
Aclaración necesaria
El conjunto de ideas expuestas líneas abajo corresponden a un análisis crítico
constructivo acerca del Proyecto de Ley: “Código del Sistema Penal Boliviano”, el
mismo que pretende únicamente enriquecer los argumentos de discusión y debate
respecto a una posible norma que será debatida próximamente por las más altas
autoridades de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, y de ningún
modo pretende desmerecer el arduo trabajo realizado por las autoridades,
académicos y doctrinarios que desplazaron un gran sacrificio, emplearon su
tiempo y esfuerzo para proyectar esta propuesta de reforma legislativa en el área
penal, a quienes rindo un sentido homenaje y brindo mi más sincera felicitación
por las novísimas incorporaciones plasmadas en el documento, y con humildad
brindo un sencillo aporte esperando sea valioso a momento de enriquecer los
contenidos si lo mereciere.
Primera parte
Principios y disposiciones generales
El enfoque restaurador no sólo comprende la reparación integral del daño
ocasionado, sino que además un nuevo fin a la pena, la misma que debe ser de
utilidad en cuanto a la reparación del daño a la víctima.
Se incorpora el principio de lesividad, dentro de los principios sustantivos penales,
con lo que quiere decir que no existe delito si no se causa un daño o una puesta
en peligro del bien jurídicamente protegido. El problema surge a momento de
dejar de considerar aquellas conductas en las cuales se ocasiona un incremento
del riesgo jurídicamente desaprobado (delitos de peligro) los cuales podrían
quedar sujetos a una acefalía normativa. Al hablar de daño importante, el
legislador podría estar intentando una diferenciación entre lo que es importante y
lo que deja de serlo, por lo que debe ser analizado cuidadosamente dicho
principio.
Elimina el concepto de peligrosidad para el derecho penal, reconociendo como
principio sustantivo, el derecho penal de acto.
Los principios sustantivos y procesales deberían acompañar a cada parte del
código, y no debieran ser señalados todos ellos en una sola parte introductoria.
El impulso del proceso ya no corresponde a la víctima, tan sólo al ministerio
público. Norma de imposible cumplimiento por las recargadas labores del
ministerio público.

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Incorpora la posibilidad de que los imputados puedan defenderse por si mismo sin
que se entienda vulneración al derecho a la defensa.
Insiste en la máxima excepcionalidad de la detención preventiva, extremo
absolutamente loable de la presente norma. Sólo podrá restringirse la libertad
como medida cautelar para asegurar los fines del proceso y la seguridad de la
víctima.
El mecanismo para garantizar la independencia de los jueces es insuficiente y
repetido del anterior código penal. Es la oportunidad de brindar un mecanismo
expedito para garantizar la independencia de las autoridades judiciales
estableciendo por ejemplo la prohibición de tomar contacto directo con las partes o
sus abogados y la instalación de cámaras de seguridad en los despachos
judiciales y en todas las instalaciones del órgano judicial en sí. De esta manera se
evita la posibilidad de actos de injerencia, indebida influencia e inclusive de
corrupción. La norma anterior y el proyecto de ley señalan que el juez que reciba
algún tipo de injerencia deberá denunciar la misma ante el Tribunal Supremo de
Justicia. Si pedimos un informe al Tribunal Supremo acerca del número de
denuncias recibidas al respecto en los últimos años de seguro las cifras nos
demostraría que NINGÚN JUEZ DENUNCIA INFLUENCIA INDEBIDA O
INJERENCIA EN SUS FUNCIONES. Por ello esta norma resulta ser absurda si a
lo largo de los últimos años ha sido inútil. Debe establecerse un mecanismo de
fiscalización de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales,
distinto a un consejo de la magistratura y al mismo tribunal supremo de justicia.
Finalmente si de independencia se trata se debe penalizar como delito la
DESOBEDIENCIA A LA INCOMUNICACIÓN DEL JUEZ, sancionando a la
autoridad judicial que sostenga comunicaciones, reuniones o contacto privado con
las partes, sus abogados o representantes. De esta manera si se garantiza
verdaderamente la imparcialidad y la independencia de las autoridades judiciales.
El permitir la intervención de las comunicaciones y de la correspondencia sin duda
puede ser empleado fuera de los límites estrictamente investigativos y procesales,
por lo que deberá establecerse expresamente en que casos y bajo qué
circunstancias se puede permitir la intervención de las comunicaciones o
correspondencia.
La incorporación de reglas de interpretación es un instrumento sumamente útil a
momento de aplicar y materializar la ley sustantiva y/o adjetiva.
Erradicar la práctica de formalismos y procedimientos burocráticos es uno de los
más grandes desafíos del proyecto de ley, sin embargo, debe abstraer los mismos
mecanismos y etapas procedimentales que tiendan a aletargar o generar una
indebida dilación en el proceso.
Otra innovación interesante es la aspiración de que los funcionarios judiciales y
miembros del órgano judicial deben especializarse y prepararse

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permanentemente, lo cual si es llevado a la práctica es sinónimo de un verdadero
cambio en la justicia.
La justicia restaurativa como pilar fundamental del Código del Sistema Penal
Boliviano tiende a reemplazar definitivamente a la justicia indígena, originaria
campesina, lo cual constituye en un aspecto favorable para evitar los abusos y
erróneas interpretaciones de la justicia indígena.
La OFICINA GESTORA DE AUDIENCIAS tiene por finalidad facilitar el
aseguramiento de la celebración de las audiencias y el cumplimiento de actos
procesales como ente coadyuvante para esta labor. Su organización y desempeño
sin duda puede poner en riesgo la continuidad del procedimiento para lo cual debe
tomarse el no BUROCRATIZAR más la justicia.
Segunda parte
Reacción integral a la conflictividad
PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO
En esta segunda parte se permite la retroactividad según la interpretación de la
Constitución Política del Estado. Es decir, que permite la aplicación del Art. 123
para la investigación retroactiva en delitos de corrupción. Extremo completamente
cuestionable.
Las infracciones penales se dividen en tres grupos: crímenes, delitos y faltas. No
tendría sentido esta división si no existe un procedimiento específico para cada
uno de estas modalidades. Pues precisamente ese es el fin de dicha división
tripartita.
Se incorpora en el ERROR el pertenecer a una comunidad indígena originaria
campesina exculpando de culpa a sus miembros por error de tipo o de prohibición.
Como puede sancionarse con una pena más gravosa el delito de prevaricato o
delitos de corrupción respecto al delito de secuestro que tiene una pena tan baja
de solamente 10 años. Incoherencia del código del sistema penal boliviano.
En cuanto las sanciones el CSPB establece que las mismas pueden aplicarse a
personas naturales y a personas jurídicas lo cual es un error conceptual puesto
que las personas jurídicas no cometen delitos, incurren en faltas y
contravenciones y pueden ser sancionadas en el ámbito administrativo, comercial,
económico o societario, pero no cumplen una “pena” como tal. Empero el proyecto
de ley nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y al
respecto la realidad contemporánea hace necesario se asuma el principio societas
delinquere potest a fin de poder asumir las nuevas formas de criminalidad
existentes, sancionarla y prevenirlas. La responsabilidad penal de las personas
jurídicas pasa por la reformulación de las categorías jurídicas (acción y
culpabilidad) diseñadas exclusivamente para la responsabilidad individual,

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aclarndo nuevamente que las personas jurídicas no cometen delitos pero si
pueden ser penalmente responsables a efectos de reparación de daños y sufrir las
consecuencias del ilícito del que se beneficiaron. La figura de “actuar en lugar de
otro” no está claramente especificada en el CSPB pues no se aclara en que casos
la persona jurídica podrá ser sancionada, y en tanto ello no ocurra, el hecho
delictivo sólo podrá ser imputable a los sujeto individuales.
Por su parte, la clasificación de sanciones aplicables a personas naturales, a
diferencia de lo establecido en el CP vigente que únicamente señalaba prestación
de trabajo días multa, presidio y reclusión, ahora clasifica las penas en 4 grupos
distintos, las sanciones que afectan la propiedad, de hacer, no hacer y privativas
de libertad. En este punto, dentro de las sanciones de no hacer se encuentra la
inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, autoridad parental,
tutela y curatela. La misma que según la normativa puede durar de 6 meses a 20
años. Al respecto cabe mencionar que la inhabilitación para el ejercicio de una
profesión, oficio o cargo no puede ser definitiva pues de lo contrario se incurriría
en una pena conocida como la “muerte civil” prohibida por ley y tratados
internacionales. No ocurre lo mismo con la perdida de la autoridad paterna, la
tutela o la curatela, puesto que cuando la misma se suspende, la legislación ha
previsto que dicha suspensión es definitiva, puesto que un padre que violó a su
hija (por citar un ejemplo extremo) no puede retomar la autoridad paterna luego de
5, 10 o 20 años, puesto que la autoridad paterna se debiera perder definitivamente
(Art. 43 CSPB).
En lo referido al Concurso Real de delito, el CSPB establece la sumatoria cuando
concurran dos o más acciones u omisiones distintas, determinando que la
sumatoria en crímenes y delitos no puede superar los 30 años de prisión. En
atención a la dignidad del individuo y el principio de humanidad de las penas,
siendo que el papel que cumple el principio de humanidad de las penas,
recientemente toma parte del pensamiento central tanto en la determinación como
en la ejecución de la pena y se constituye en uno de los límites trascendentales en
todo Estado democrático y social de Derecho. Conforme al alcance general del
principio, se rechaza por cruel toda sanción penal que resulte brutal en sus
consecuencias para el sujeto. “El principio de humanidad marca una progresiva
tendencia a la humanización de las sanciones penales haciéndolas menos duras
en duración y en contenido aflictivo hasta donde sea compatible con los mínimos
satisfactorios de eficacia preventiva de las mismas”. En el mismo proyecto el Art.
34 que regula la sanción penal señala que la misma tiene como finalidad el
enfoque restaurador, la reparación de la víctima, la reintegración del infractor y la
armonía social en la colectividad. Como se puede esperar que pueda aspirarse a
la reintegración del infractor o mucho menos la reparación de le víctima si con la
sumatoria lo único que se alcanza es la retribución y la deshumanización de las
penas. Si se pretende llegar a una pena humanitaria en el sentido que sea
ejecutada sin crueldad ni generar sufrimientos innecesarios para el condenado,
acogiendo siempre los planteamientos del Derecho de los Derecho Humanos,
esto si tiene congruencia con el principio de proporcionalidad y no así la
sumatoria indiscriminada de penas cuyo único fin aparenta ser la venganza (Art.
54 CSPB).

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En cuanto a las medidas de seguridad se establecen dos tipos: por una parte la
internación y por otra el control psiquiátrico ambulatorio. El Art. 65 del
CSPB establece que la internación puede durar hasta 10 años o el tiempo que
dure la sanción impuesta. En contradicción con lo establecido en el Art. 59 que
señala que tienen un carácter excepcional y se aplica cuando no le es posible al
juzgador imponer una sanción. Esta grave contradicción debe ser esclarecida
pues de lo contrario la internación, lejos de ser una medida de seguridad, sería
una sanción y de las más cruentas, prohibidas por el régimen de Derechos
Humanos.
PARTE ESPECIAL DEL DERECHO SUSTANTIVO
La tripartición de las infracciones penales en crímenes, delitos y faltas (o
contravenciones como se las denomina en otras legislaciones) no obedece a
diferencias específicas, sino únicamente a la mayor o menor gravedad de la
infracción, y los beneficios procesales o penitenciarios que podrá o no acceder
el procesado o condenado según la infracción cometida. Siendo que la pena la
establece el legislador, según la gravedad o peligro del acto, el criterio definitorio
de la distinción se encuentra en la gravedad del daño como peligro o gravedad
potencial del acto. Tales principios no pueden otorgar uniformidad a los hechos
delictivos, pues la pena se determina en función al grado de afectación del bien
jurídicamente protegido y no así a la clasificación de las infracciones. Por ello, en
esta parte, la crítica estará dirigida a la desproporcionalidad de penas que puedan
existir entre hechos más o menos gravosos considerando las circunstancias de
una infracción penal comparada con otra, sea crimen, delito o falta.
La parte referida a los crímenes de lesa humanidad tiene un íntima y estrecha
relación con el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) tutelando el bien
jurídicamente protegido de la vida, la integridad y la dignidad provenientes de la
condición de ser humano. Por su carácter internacional, este conjunto de delitos
pueden ser de conocimiento de la Corte Penal Internacional en caso de que no
hayan sido atendidos por la normativa interna. Al incorporarlos al ordenamiento
jurídico como figuras penales independientes le otorgan plena competencia a la
CPI en caso de que los crímenes de les humanidad no hayan sido
adecuadamente atendidos por nuestra justicia.
En el capítulo de crímenes contra la vida, llama la atención que para el delito de
HOMICIDIO AGRAVADO lo que antes conocíamos como “asesinato” (Art. 93 p. II
CSPB) la pena se haya reducido de 25 a 30 años cuando antes de la reforma
tenía una sanción de 30 años sin derecho a indulto. Esta reducción significativa
para un asesinato que puede ser en contra de un niño, de un anciano o por
cualquiera de las circunstancias previstas en los 11 apartados de la norma, no
guarda relación y coherencia con el tipo penal siguiente que es el crimen de
FEMINICIDIO que si tiene la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a
indulto. Me pregunto yo, que si la víctima es un niño menor a los 12 años, el
mismo que no tiene capacidad mínima para defenderse u oponer resistencia, bajo
qué criterio podrá atenuarse la pena???

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En el tipo penal de secuestro, la sanción, a diferencia de lo estipulado en la ley
vigente, se reduce considerablemente la pena de 3 a 10 años. Cuando la norma
actual señala una pena de 5 a 15 años de privación de libertad. Y lo más
alarmante es que en caso de muerte, se aplicará la pena para un delito de
homicidio (no agravado) el mismo que tiene una calificación de 5 a 14 años de
privación de libertad. Esto quiere decir que en caso de un secuestro se de cómo
resultado la muerte la pena máxima a aplicarse sería la de 14 años, cuando en
realidad el hecho se lo ejecuta con premeditación, alevosía, ventaja y provocando
un sufrimiento extremo a la víctima privada de libertad antes de morir. Este tipo
penal no cumple con las previsiones estipuladas para un principio de
proporcionalidad adecuado puesto que se sanciona con la misma pena máxima de
14 años un prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley en un litigio) que la
muerte en un secuestro. Aspecto que le resta objetividad al proyecto de dicha
norma.
En el crimen de violación (Art. 102 CSPB) el numeral 3ro. Del tipo penal agravado
establece que la violación en estado de inconciencia de la víctima deben concurrir
dos o más personas. sólo en ese caso podría aplicarse la penalidad agravada,
pues de lo contrario, se entendería como un delito de violación simple cuya pena
es de 11 a 20 años de prisión. Si a la víctima se le provoca un estado de
incapacidad o de indefensión, se entiende que se habría vencido su resistencia y
de esta manera el hecho podría ser perpetrado por cualquier individuo sólo o con
la colaboración de otro coautor. La exigencia de una co participación en el delito
de violación de una víctima inconsciente debe ser agravada en la previsión de que
pueda ser cometido únicamente por una sola persona y no necesitar la
participación de varias para recién sancionar un hecho completamente repudiable.
En el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (Art. 107 CSPB) se presume la
culpabilidad del agente (contrario al principio de presunción de inocencia) pues es
el sospechoso (posible autor) quien debe “justificar la procedencia de un
incremento patrimonial apreciable” y éste es, a su vez, quien debe demostrar su
inocencia; aspecto contrario a lo estipulado por el principio de prohibición e
autoincriminación previsto en el Art. 121 de la CPE:
I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí
misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines
hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como
indicio de culpabilidad.
Si bien el fundamento del enriquecimiento ilícito es la prevención de la impunidad
de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o
servidores públicos, o inclusive por particulares por afectación al Estado, ante la
perjudicial imprecisión del tipo penal que nos refiere a un “incremento patrimonial
apreciable”, lo excesivamente subjetivo de la norma puede considerarse en un
futuro su deceso por inconstitucional si no existe una clara redacción que no
irrumpa contra el principio de inocencia, la prohibición de autoincriminación y la
reversión de la carga probatoria. Entre tanto el tipo penal, tal y como está
redactado no podría sobrevivir a un control de constitucionalidad.
El Art. 108 del CSPB que refiere a la comercialización de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas (narcotráfico) comete dos errores sustanciales: 1)
deriva la lista de sustancias estupefacientes o psicotrópicas a la Ley de lucha

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contra el Tráfico ilícito de sustancias controladas cuando esta ley puede ser
modificada, abrogada o dejada sin efecto en cualquier momento, quedando un
vacío legal para el objeto que pretende normar. 2) el parágrafo II del mismo
artículo señala: “las cantidades punibles de otras sustancias psicotrópicas o
estupefacientes (…) serán determinadas por ley especial, cuando del mismo
CSPB el Art. 20 señala: “Únicamente serán consideradas infracciones penales, las
previstas en el presente Código, no pudiendo incorporarse tipos penales en otras
leyes”. Contradicción en la que incurre el proyecto que debe ser corregida o
aclarada.
Dentro de los crímenes cometidos contra la función judicial se sanciona el delito
de prevaricato (Art. 117 CSPB) castigando los fallos contrarios a la ley dictados
por jueces y fiscales, entendiendo dicho comportamiento como doloso. Sin
embargo, se extraña que no se sancione el prevaricato culposo, cuando por una
falta grave al deber de cuidado se ocasiona un fallo o una resolución contra a la
ley. Este aspecto, si lo que se busca es reformar verdaderamente la justicia, debe
ser sancionado, buscando así que los jueces y fiscales realicen su actividad
jurisdiccional o fiscal de la manera más proba, idónea y objetiva posible
enmarcados por completo en lo estipulado en la ley.
El delito de traición a la patria del CSPB (Art. 119) sanciona el hecho con una
pena de 25 a 30 años de prisión, siendo que la Constitución Política del Estado
determina sancionar esta conducta con una pena de 30 años de privación de
libertad sin derecho a indulto.
El tipo penal de ACTOS TERRORISTAS (Art. 131 CSPB) , al ser un delito de
resultado, importa la posibilidad de causar muerte y lesiones graves de las
personas atentando contra la seguridad común por lo que la pena para un acto
terrorista que pueda causar la muerte al ser de 11 a 20 años de prisión resulta
contradictoria con la prevista en el delito de homicidio agravado que tiene una
pena de 25 a 30 años de prisión.
Respecto al ABORTO previsto en el Art. 157 del CSPB el proyecto de ley pretende
despenalizar este comportamiento y permitir la interrupción voluntaria del
embarazo durante las primeras 8 semanas de gravidez cuando la mujer se
encontrare en situación de pobreza extrema, no cuente con suficientes recursos
para su manutención, sea madre de tres o más hijos o sea estudiante. El
ABORTO es la respuesta más violenta que la sociedad puede adoptar frente a un
embarazo no deseado. Es la irracionalidad más inhumana para combatir la
irresponsabilidad humana. Jurídicamente el aborto no sólo es la interrupción del
embarazo (concepto incompleto) lo que caracteriza al aborto, es la muerte
intencional de un ser vivo que está por nacer (al cual el Código Civil Art. 1 p.II le
brinda protección). Consentir el aborto desde el día uno hasta la semana 8 es
establecer un tiempo de vigencia del derecho a la vida. Es que acaso los seres
humanos tenemos derecho a la vida desde la 8va. Semana de la gestación??? Si
establecemos un periodo de vigencia del inicio del derecho a la vida, cuánto
tardaremos en establecer un plazo de caducidad??? Probablemente hoy
discutimos el aborto y mañana discutiremos la pena de muerte, la castración
química, o la cadena perpetua (penas no contempladas dentro del catálogo de
sanciones aprobado por las Naciones Unidas para un Derecho Penal
Humanitario).

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El derecho a la vida existe desde la concepción hasta la muerte, por lo que, si
consentimos que una persona con escasos recursos económicos pueda realizar
esta práctica, el mensaje que daremos será la de extinguir la pobreza asesinando
a los pobres, peor aún, a los pobres que no pueden defenderse por si solos. Es
una verdadera incongruencia entre el derecho a nacer, tutelado
constitucionalmente, y la práctica del aborto que no tiene sustento jurídico alguno.
NO EXISTE DERECHO AL ABORTO. La persona que está por nacer, tiene
derecho a la individualidad por lo que no puede ser considerado un derecho
disponible y mucho menos renunciable, pues ni la madre del concebido puede
disponer de una vida independiente a la suya.
En el delito de ENCUBRIMIENTO previsto por el Art. 286 del CSPB se sanciona la
figura agravada al servidor público que omita denunciar un hecho estando
obligado a hacerlo con la pena de inhabilitación para el ejercicio de la función
pública y/o cargos electos sin establecer el tiempo de la inhabilitación,
constituyendo dicha pena en indeterminada, dando lugar a la muerte civil, cuando
es el mismo código el que estipula en su Art. 43 que no existe la inhabilitación
indefinida, por lo que constituye una pena contraria a las disposiciones normativas
del mismo CSPB. Lo mismo ocurre en los delitos de prevaricato de juez o fiscal
(Art. 117), prevaricato de árbitro o similar (Art. 285), desobediencia a resoluciones
en acciones de defensa o inconstitucionalidad (Art. 284), receptación (Art. 287)
entre otros.
Es de extrañar que en el proyecto de ley no se sancione el delito de GIRO DE
CHEQUE EN DESCUBIERTO o GIRO DEFECTUOSO DE CHEQUE, puesto que
ambos tipos penales afectan no sólo al patrimonio de las personas, sino también
la buena fe con la que se recibe dicho documento mercantil para el aseguramiento
de un pago.
Tercera parte
Los procedimientos penales
Dentro de las disposiciones generales acerca de la jurisdicción y competencia
cabe hacer mención que no se refiere a la jurisdicción indígena, originaria o
campesina, reconociendo así esta norma la competencia sobre todo tipo de
infracción penal que se cometa dentro del ámbito de su competencia funcional,
material y territorial, aspecto saliente y ponderable para evitar la existencia de
doble jurisdicción, y considerando que los delitos de orden militar, también están
estipulados dentro del CSPB no tendría razón de ser la previsión estipulada por el
Art. 334 del CSPB que nos habla de una jurisdicción ordinaria o especial. Bajo la
salvedad prevista por el Art. 493 del CSPB se reconoce la posibilidad que las
infracciones que sean resueltas al interior de la justicia indígena originaria
campesina hayan alcanzado los fines de la JUSTICIA RESTAURATIVA, se
prescindirá de su persecución penal, limitándose así a la justicia IOC a únicamente
alcanzar fines resarcitorios y no a imponer sanciones ni penas.
La incorporación de la novísima figura de la oficina gestora de audiencias, debe
ser un entidad que coadyuve con la labor jurisdiccional para favorecer al acceso a
la justicia, empero, su implementación corre el riesgo de convertirse en un

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instrumento de burocratización de actuaciones y no represente la celeridad con la
que verdaderamente deben actuar los miembros del órgano judicial.
Respecto a la declaración de la persona imputada, el Art. 371 del CSPB señala
que durante la investigación preparatoria podrá declarar ante el fiscal o también
podrá hacerlo por escrito. Al determinar el proyecto que la declaración es un
elemento facultativo permitiría proseguir la causa (imputar a una persona) sin
antes ser oída como parte de su derecho a la defensa, extremo que contraviene
no sólo la Constitución Política del Estado, sino también los tratados y
convenciones internacionales de protección a los Derechos humanos.
El Art. 376 del CSPB permite que la declaración del imputado sea utilizada en su
contra si decide declarar, extremo que va en contra del principio de prohibición de
autoincriminación, derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso,
aspecto que debe ser cuidadosamente analizado para no caer en contradicciones
con lo estipulado por el Art. 121 de la CPE.
Es necesario hacer mención al nuevo régimen de medidas cautelares que
establece el CSPB en el que prisión preventiva tiene un tiempo máximo de
duración que debe ser fundamentado por el querellante o el fiscal, situación que
evita la prisión preventiva indefinida. Además, el texto señala que “No se podrán
utilizar presunciones de fuga ni de obstaculización en la fundamentación de la
decisión”. Es decir que los riesgos procesales deben ser objetivo, a diferencia de
lo que hoy en día ocurre en nuestro tribunales de justicia gracias al subjetivismo
de la ley 1970 y las normas complementarias modificatorias como la Ley 007. Con
ello se tiene que la prisión preventiva tiene un objeto determinado: ya sea la
conclusión de las investigaciones preliminares (que deberán tener una fecha
exacta de duración) o la realización de un acto investigativo específico, cumplidos
los cuales la prisión preventiva cesará y podrá ser reemplazada la medida extrema
por otra menos gravosa.
El Art. 460 del CSPB establece que para los CRÍMENES, no se aplicarán los
procedimientos abreviados. Al respecto, un procedimiento abreviado tiene la
finalidad de acelerar una sentencia en función a la aceptación de culpabilidad por
parte del imputado, y de esta manera descongestionar el sistema penal que ya
viene de por si, sumamente recargado con labores investigativas o judiciales
pendientes. Si el encausado acepta su culpa y de esta manera renuncia a los
beneficios de un juicio oral, debiera considerarse la posibilidad de ser sometido a
un procedimiento abreviado para lograr la celeridad de la justicia, pues de lo
contrario se favorece al aletargamiento judicial.
Concluida la etapa investigativa y presentada la acusación fiscal, el CSPB prevé
en su Art. 546 la denominada AUDIENCIA DE CONTROL equivalente a una fase
intermedia denominada anteriormente AUDIENCIA CONCLUSIVA, la misma que
fue dejada sin efecto por la Ley 007 que abrogó el Art. 325 del CPP por considerar
esta etapa excesivamente dilatoria y que generó en las causas penales el
denominado “cuello de botella” donde se enfrascó gran parte de la retardación
sufrida por el sistema acusatorio. Reincorporarla luego de la experiencia de
implementación y abrogación posterior es sin duda un desafío que puede
nuevamente demostrar el perjuicio de una fase intermedia que puede ser resuelta
directamente en juicio oral evitando así la retardación innecesaria.

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El Art. 589 prevé la incorporación de la figura del “colaborador eficaz”, quien sería
el imputado que revele información acerca de las personas partícipes del hecho
delictivo cuya responsabilidad resulte ser mayor a la del propio imputado. Lo que
llama la atención, es la tipificación prevista por el Art. 283 que sanciona el revelar
la identidad de testigos, entendiéndose que bajo el principio de publicidad no se
podría guardar en confidencialidad un elemento probatorio pues de lo contrario se
vulnera el derecho a la defensa del imputado que sin conocer la identidad del
testigo deba defenderse de cargo de los cuales desconoce la fuente o el origen de
la información.
En síntesis, el desarrollo del procedimiento penal se resumirá a dos grandes
etapas, la investigación y el juicio oral, y en el intermedio una audiencia de control
de la acusación. Se pondera la celeridad con la que el proyecto de ley plantea la
resolución de causas, y no es novedoso que se ordene que el juicio no se
interrumpa, pese a ello, la vigencia de más de una década de la Ley 1970 no
enseñó que no es suficiente acortar plazos y extender obligación del cumplimiento
de los mismos sin que exista una sanción procesal, extremo que en la presente ley
se cumple en la mayoría de los casos sancionando a los abogados, fiscales y
hasta jueces que suspendan audiencias sin justificativo razonable.
Se extraña que el CSPB no refiera al juzgamiento por juicio de responsabilidad a
las más altas autoridades del Estado, dejando su tratamiento a una ley especial.
Toda reforma legislativa no es suficiente si no se cuenta con los recursos
económicos, académicos y humanos lo suficientemente capacitados para
emprender el cambio de no sólo de normativa sino de pensamiento y para ello, por
más arduo que parezca, si se lo hace cuidadosa y detalladamente, la reforma
puede ser un sinónimo de éxito y verdadero cambio en la justicia penal. Empero,
sin implementar las tecnologías a las que hace referencia el proyecto de ley, y
capacitar adecuadamente a todo el personal que forma parte de la estructura del
Órgano Judicial, la reforma tenderá a una nueva estructuración sin cambios
trascendentales, extremo que se convierte en un riesgo que se debe asumir
responsablemente.

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