201006[1]informe sobre el anteproyecto de ley responsabilidad medioambienal

Consejo de Ministros 1
Consejo de Ministros
20 de Octubre de 2006

20 de Octubre de 2006
SUMARIO
ASUNTOS GENERALES
Presidencia
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía.
• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el
que se regula la circulación y utilización de materias primas para la alimentación animal y
la circulación de piensos compuestos.
• ACUERDO por el que se aprueba el pago de la contribución española, por importe de 3
millones de euros, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD).
• ACUERDO por el que se aprueba el pago de la contribución española, por importe de
2.500.000 euros, al Fondo Fiduciario España-UNESCO, con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD).
• ACUERDO por el que se aprueba el pago de la contribución española, por importe de 2
millones de euros, al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia, por el que se
modifica el suscrito entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Defensa y la Xunta de
Galicia, para la realización y financiación de las obras de restauración y rehabilitación de
los edificios de la antigua prisión de "San Campio" y "La Herrería" y del edificio de los
antiguos depósitos de agua del arsenal de la Armada en Ferrol (A Coruña), y se modifican
los Acuerdos de 30 de diciembre de 1999 y de 29 de junio de 2001.
Economía y Hacienda
• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito por importe de 5.693.000
euros en el presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria, para atender ayudas
compensatorias como consecuencia de la gripe aviaria.
• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito por importe de 2.103.542
euros en el presupuesto de Parques Nacionales, para dar cumplimiento al convenio de
colaboración entre la Fundación Parques Nacionales y el organismo autónomo Parques
Nacionales para la conservación y rehabilitación de los valores culturales y naturales de la
finca Raixa en el término municipal de Banyola (Mallorca).
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de contingencia por importe de
52.128.320 euros, para financiar el Plan Anual de Seguros Agrarios y se conceden
suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de
gasto con cargo a ejercicios futuros en materia de carreteras.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social a contraer
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para la contratación de diversos
servicios y suministros en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana para la realización de
operaciones financieras a largo plazo en euros y en divisas, por un importe máximo de
953.436.518,61 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a realizar una o
varias emisiones de deuda pública apta para materializar las dotaciones a la reserva para
inversiones, por un importe máximo de 200 millones de euros.
• ACUERDO por el que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1. a) de la ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la toma de control exclusivo de Cinebox
Exhibición, S.L., Circuito Español de Cine, S.L. y Lanoca Exhibición, S.L. por parte de
Ábacocine, S.L.U.

• ACUERDO por el que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1. a) de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la adquisición por parte de Universal Music Spain,
S.L., del control exclusivo sobre las sociedades Vale Music Spain, S.L. y Ticker Media
Superventas, S.L.
Asuntos Exteriores y de Cooperación
• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Multilateral ADR M-177, en virtud
de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR), relativo al documento de transporte en operaciones de
venta en ruta.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo Marco entre España y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
• ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia al Líbano, por
importe de 300.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de
15 millones de euros a PT Permodalan Nasional Madani, PNM, de Indonesia, con cargo al
Fondo para la concesión de microcréditos.
8 millones de euros a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, de Perú, con cargo
al Fondo para la concesión de microcréditos.
3 millones de euros a la Entidad para el Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
EDYFICAR, de Perú, con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.
5 millones de euros a Partneri Shqitar në Mikrokredi, de Albania, con cargo al Fondo para
la concesión de microcréditos.
3 millones de euros a la Fundación BESA, de Albania, con cargo al Fondo para la
concesión de microcréditos.
3 millones de euros a MI-BOSPO Mikrokreditna Organizacija, de Bosnia y Herzegovina,
con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.
2.500.000 euros a la ONG Alter Modus, de Montenegro, con cargo al Fondo para la
2.400.000 euros a NOVO BANCO, S.A.R.L., de Angola, con cargo al Fondo para la
un millón de euros al Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario, de Nicaragua,
con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.
un millón de euros a la Unión de Crédito Interestatal Chiapas S.A. de C.V., de México, con
cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.
Justicia
• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de jurisdicción voluntaria para
facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona, y en materia civil y
mercantil.
• REAL DECRETO por el que se establece la separación de juzgados de primera instancia y
juzgados de instrucción en el partido judicial de Guadalajara.
Defensa
• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de destinos del personal militar
profesional, aprobado por Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de 94
misiles SM-1 BLQ. VI.B. (COA SP-P-ANH).

Fomento
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de infraestructura
ferroviaria del proyecto “Eje atlántico de alta velocidad, tramo: Soutomaior-Vilaboa", con
un presupuesto de 54.043.430,69 euros, Pontevedra.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de infraestructura
ferroviaria del proyecto “Cercanías de Madrid, acceso ferroviario al Aeropuerto de
Barajas”, con un presupuesto de 165.922.813,15 euros, Madrid.
• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Plan de Acción de Seguridad
de la Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional, por un importe total de
88.862,79 euros.
Educación y Ciencia
• ACUERDO por el que se aprueba la participación económica anual española para el
presente ejercicio y sucesivos en el Programa iberoamericano de ciencia y tecnología para
el desarrollo (Programa CYTED).
Trabajo y Asuntos Sociales
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la ejecución de obras de
construcción de un inmueble destinado a centro de formación de la Seguridad Social en
Pozuelo de Alarcón, Madrid, con un presupuesto máximo de licitación de 39.825.323,53
euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención de 18.290.363,12 euros,
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2006 a Cruz Roja Española.
Industria, Turismo y Comercio
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a suscribir una adenda al
convenio marco suscrito con la Universidad de Oviedo, para el análisis y seguimiento de la
evolución y desarrollo de los territorios mineros del carbón españoles.
• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a suscribir diez convenios de
colaboración específicos con el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, para el
desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón de la Comunidad
Autónoma.
Agricultura, Pesca y Alimentación
• REAL DECRETO por el que se modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29 de
diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente;
6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002,
de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al Programa de
Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.
Administraciones Públicas
• REAL DECRETO por el que se regulan la composición y funciones de los órganos de
gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial.
Sanidad y Consumo
• REAL DECRETO por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

Medio Ambiente
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras correspondientes
al “Proyecto de obras de defensa de Puente Genil frente a las avenidas del río Genil y de
los arroyos vertientes al Barranco del Lobo", término municipal de Puente Genil
(Córdoba).
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de la red de
saneamiento del entorno de Doñana (Sevilla).
al “Proyecto de ampliación de la red de saneamiento de Puerto del Carmen", término
municipal de Tías, Lanzarote (Las Palmas).
al “Proyecto de ampliación de la red de saneamiento de Arrecife", Lanzarote (Las Palmas).
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la restauración del
dominio público marítimo terrestre en las zonas afectadas por los incendios en la provincia
de A Coruña, por un importe de 985.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por un importe de
760.000 euros, para la restauración forestal y medioambiental de la zona afectada por el
incendio forestal de Barlovento y Garafía, Sta. Cruz de Tenerife.
670.000 euros, para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por
los incendios forestales de Benuza y otros (León), y Cilleros de la Bastida y otros
(Salamanca).
incendio forestal de Galende y Porto (Zamora).
incendio forestal de Casavieja (Ávila).
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la empresa mancomunada del Aljarafe,
S.A., para el desarrollo y ejecución del proyecto de red de saneamiento del entorno de
Doñana.
Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Lleida para la ejecución del proyecto
de restauración y recuperación de determinadas zonas del humedal de La Mitjana.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León para la actualización
del catálogo de montes de utilidad pública y la determinación de la actual estructura de la
propiedad forestal en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Lleida para la realización de la
caracterización física, botánica y silvícola de varios “arboretum” y “silvetum” en el
Montseny (Girona).
• ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de abastecimiento
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sistema Oja-Tirón.
• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental.
AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Justicia
APROBADA LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
• Agilizará la tutela de los derechos de la persona y de expedientes en materia civil y
mercantil
• Regulará los supuestos en los que se solicita la intervención de un juez cuyo trabajo se
descarga. Además, establecerá que los secretarios judiciales, registradores y notarios

podrán resolver asuntos donde no haya conflictos de intereses entre dos o más
interesados.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de
Jurisdicción Voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona
y en materia civil y mercantil, que regula los supuestos en los que se solicita la resolución de
asuntos propios del Derecho Civil o Mercantil en los que no exista un conflicto de intereses
entre partes.
En la jurisdicción voluntaria, el interesado que promueve el expediente pretende obtener una
resolución o declaración del Juez, Secretario, Notario o Registrador que le permita realizar
actos que el ordenamiento jurídico supedita a la intervención de un funcionario investido de la
competencia necesaria.
La diferencia esencial entre la jurisdicción voluntaria y el proceso contencioso es que haya
contradicción o controversia entre partes, ya que la jurisdicción voluntaria viene definida por la
ausencia de contradicción y el carácter no litigioso de los expedientes. En consecuencia, la
resolución dictada en jurisdicción voluntaria no produce los efectos de “cosa juzgada”, puesto
que en numerosos supuestos se ha prescindido de la intervención judicial y, en aquellos otros
en que ésta sí interviene, lo hace desprovisto de su potestad jurisdiccional. Esto permite, a
quien considere lesionado su interés, solicitar ante los tribunales la tutela judicial efectiva.
Con la aprobación del Proyecto de Ley, el Ejecutivo da cumplimiento al mandato introducido
por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que imponía la remisión a las Cortes Generales de
un Proyecto de Ley sobre la materia, que no se llevó a cabo durante el Gobierno anterior, pese
a que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil establecía el plazo de un año para su tramitación.
Racionalización y diversificación de competencias
Uno de los objetivos básicos de la nueva Ley es la racionalización del régimen actual. Se crea
con este fin un procedimiento general de jurisdicción voluntaria, configurado con la suficiente
flexibilidad para que pueda ser aplicado a todos los expedientes. De este modo, sólo ha sido
necesario regular expresamente las particularidades en el procedimiento que demandan las
especiales características de algunos expedientes.
En definitiva, se articula una regulación uniforme, actualizada y eminentemente práctica que
redundará en un procedimiento rápido y ágil.
Esta Ley acoge unos principios novedosos que superan la concepción recogida en la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, que la consideraba como residual frente a la jurisdicción
contenciosa, un amplio “cajón de sastre” en el que cabían aquellos expedientes que no eran
atribuibles a la misma. Se encontraba, además, bastante alejada de la realidad social de
nuestro tiempo.
En este sentido, el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria profundiza en una adecuada
separación de competencias para deslindar de manera adecuada aquellos expedientes que
deban permanecer atribuidos al juez, ya sea por su naturaleza jurídica o por ser los jueces
quienes gozan del mayor grado de independencia e imparcialidad respecto a aquellos que no
exigen su intervención.
En definitiva, se libera a los jueces de atribuciones contempladas en la Ley de 1881, que pasan
a otros funcionarios especializados y debidamente cualificados, como son los secretarios
judiciales y los notarios o los registradores. Básicamente, se trata de materias que en el siglo
XIX fueron atribuidas expresamente a los jueces por su prestigio y por la seguridad jurídica
que producía su intervención, o por razones de simple tradición histórica. En la actualidad, esa
intervención redunda en una sobrecarga innecesaria para los Tribunales, cuya función esencial
es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Nuevo reparto de competencias
Con la nueva legislación sobre jurisdicción voluntaria, todos los expedientes en materia de
condición o estado civil de la persona, asuntos relativos a derecho de familia y aquellos en que
estén comprometidos intereses de menores o incapacitados, como el expediente de
autorización de tratamiento psiquiátrico no consentido, continuarán siendo atribución exclusiva
de los Jueces de Primera Instancia.
El resto de expedientes pasa a ser competencia de los secretarios judiciales, a quienes se
considera pieza básica de la nueva Oficina Judicial-,que incrementan de manera notable sus
competencias. Así, sus atribuciones se amplían a expedientes en materias como conciliación,
derechos reales, obligaciones, sucesiones, Derecho Mercantil y Marítimo.

Con algunas excepciones, atribuidas en exclusiva al juez o al secretario judicial, se concede al
interesado la posibilidad de acudir de forma opcional al notario o al registrador. En el caso de la
intervención de los notarios, se basa en el hecho de que comparten con el secretario judicial la
titularidad de la fe pública. La intervención del registrador Mercantil tiene su explicación en la
especialidad de determinados trámites que prevé la legislación sobre sociedades y la del
registrador de la Propiedad en su directa intervención en materia hipotecaria.
Los efectos de la decisión con que concluya el expediente tienen idéntico valor cualquiera que
sea el operador jurídico al que se haya acudido. En cuanto al procedimiento, de acuerdo con la
Ley, no se requerirá forzosamente la intervención de abogado aunque, si es precisa, se
garantiza la asistencia jurídica gratuita.
En cualquier caso, la posibilidad de acudir a un notario o registrador no encarecerá el
procedimiento para el ciudadano, dado que en ningún momento se le impide optar por acudir a
la intervención del secretario judicial y acogerse al sistema de justicia gratuita.
Medio Ambiente
INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
• Los principios de “quien contamina paga” y de “prevención” inspiran esta futura Ley.
• La Ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los
recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño.
• El Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos
de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que destacan 113
millones en descontaminación de suelos.
• Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para
hacer frente a su responsabilidad, la ley les exige que cuenten con una garantía
financiera, que se introducirá de forma gradual a partir de 2010.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre el
Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que busca tanto reparar los daños
causados al medio ambiente como evitar que se produzcan. Esta norma traspone la Directiva
comunitaria europea cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril de 2007.
La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio “quien contamina paga”, con el fin de
asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean
reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables. Con ello se quiere evitar que la
factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo
en muchas ocasiones hasta la fecha.
A título de ejemplo, sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo
largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de
euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos. En las
actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, adicionalmente, más de
75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión
prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de
Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de
industrias electroquímicas, será de otros 155 millones de euros.
Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue reforzar el principio de “prevención” para
evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, se obliga a los
operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de
prevención o evitación que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio
ambiente.
Hay que destacar que el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos
ambientales ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos años, alcanzando
en 2003 la cifra de 2.000 millones de euros. Sin embargo, la tasa de accidentes industriales
con consecuencias para el medio ambiente es susceptible de mejora.
La Ley afectará a más de cinco mil instalaciones industriales, a unas treinta mil empresas de
transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias.
Ámbitos de regulación
Los bienes protegidos por esta Ley son bienes de naturaleza medioambiental y quedan
expresamente excluidos de su ámbito los denominados daños tradicionales, es decir, aquellos

que afectan a los particulares y a sus bienes. Los recursos naturales protegidos por el nuevo
régimen de responsabilidad son el agua, el suelo y los hábitats naturales protegidos, así como
las especies silvestres protegidas.
Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales
son aquellas ya reguladas por la legislación comunitaria y que, por su naturaleza, entrañan
riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana. Entre las
más destacadas cabría citar las instalaciones cubiertas por la normativa de prevención y
control integrado de la contaminación (conocida como Ley IPPC); las relativas a la gestión de
todo tipo de residuos; las más importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con
vertidos de sustancias peligrosas incluidas); las relativas a la producción, almacenado y
transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios; el traslado transfronterizo de
residuos peligrosos y el transporte de mercancías peligrosas. En todos estos supuestos la
responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador.
Las actividades económicas distintas de las anteriores también se verán afectadas por la Ley
en cuanto al deber de reparar, pero sólo cuando haya mediado culpa o negligencia.
La obligación de prevenir y evitar daños medioambientales se generaliza al conjunto de
operadores económicos y profesionales.
Otro de los aspectos más novedosos y sobresalientes de la Ley es el carácter ilimitado de la
responsabilidad medio ambiental. Como principio, la Ley obliga a reparar los daños al medio
ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se
encontraban antes del daño, todo ello con independencia de cuál sea la cuantía económica a la
que ascienda dicha reparación.
Medidas de reparación
La Ley incorpora, de manera homogénea para el conjunto del Estado, una serie de normas
técnicas para las medidas de reparación en sus distintas modalidades. También reconoce a las
organizaciones sin ánimo de lucro el derecho a promover la intervención administrativa para
asegurar la correcta ejecución de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y evitar así que los
daños ambientales queden sin reparar por quien los ocasionó, en la misma línea que la
conocida como “Ley Aarhus”, recientemente aprobada por las Cortes Generales y que regula
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medioambiente.
Garantías económicas
Para garantizar la eficacia de la Ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos
económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones legales, la Ley les exige que
cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la
que puedan incurrir.
La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología pionera en el ámbito
de la Unión Europea, que actualmente está en fase de estudios técnicos y pruebas piloto, y se
concretará a través de desarrollo reglamentario. En función de la evaluación del daño
potencial, se establecen una serie de umbrales para graduar la exigencia de garantía
financiera:
• Por debajo del umbral de trescientos mil euros, los operadores quedan exentos de esta
exigencia.
• Entre trescientos mil y dos millones de euros, los operadores podrán optar entre suscribir
la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
• Por encima del umbral de dos millones de euros, se exigirá siempre la garantía financiera.
Queda exenta, además, la mera utilización de productos biocidas y fitosanitarios con fines
agropecuarios o forestales.
La garantía puede adoptar la forma de seguro, de aval bancario y/o de reserva técnica, y debe
estar vigente durante el todo el tiempo que dure la actividad. Esta parte de la norma tendrá
efectos a partir del 30 de abril de 2010 de forma gradual, con el fin de asegurar que el
mercado se encuentre en situación de ofrecer tales garantías.
En definitiva, con esta Ley se dará cumplimiento efectivo al mandato contenido en el artículo
45.3 de la Constitución (obligación de reparar los daños causados al medio ambiente), y se

adecuará la legislación española al nuevo marco comunitario de responsabilidad
medioambiental de la Directiva Comunitaria de 2004. Se da así un paso trascendental para la
protección de los recursos naturales, con un enfoque equilibrado, pero más ambicioso que el
previsto en la norma comunitaria, algo más que lógico en un país en el que el 25 por 100 de su
territorio (1.100 espacios) está protegido por la Red Natura 2000.
Consultas
El texto ha sido objeto de consulta en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente. En los próximos días se remitirá al Consejo Económico y
Social.
CONCESIÓN DE DIEZ MICROCRÉDITOS A OCHO PAÍSES
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de diez préstamos, por un importe total
conjunto de 43.900.000 euros, con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos, a ocho
países de Europa, Asia, África y América. La finalidad principal del Fondo es contribuir a la
lucha contra la pobreza en los países en desarrollo, mediante el fomento de los servicios
microfinancieros.
La relación de entidades beneficiadas por esta concesión son las siguientes:
• PT Permodalan Nasional Madani (PNM), de Indonesia, quince millones de euros al 5,50 por
100 de interés, con doce años de plazo de amortización, seis de ellos de gracia.
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, de Perú, ocho millones de euros al 5,50 por
100 de interés, con doce años de plazo de amortización, seis de ellos de gracia.
• Entidad para el Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDYFICAR), de Perú, tres
millones de euros al 5,50 por 100 de interés, con doce años de plazo de amortización, seis
de ellos de gracia.
• Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario (PRESTANIC), de Nicaragua, un millón
de euros al 5,50 por 100 de interés, con doce años de plazo de amortización, seis de ellos
de gracia.
• Partner Shqitar Në Mikrokredi (PSHM), de Albania, cinco millones de euros al 5 por 100 de
interés, con diez años de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
• Fundación BESA, de Albania, tres millones de euros al 5 por 100 de interés, con diez años
de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
• MI-BOSPO Mikrokreditna Organizacija, de Bosnia y Herzegovina, tres millones de euros al
5 por 100 de interés, con diez años de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
• ONG Alter Modus, de Montenegro, 2’5 millones de euros al 5 por 100 de interés, con diez
años de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
• Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A., de México, un millón de euros al 5 por 100 de
interés, con diez años de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
• NOVO BANCO, S.A.R.L., de Angola, 2’4 millones de euros al 4 por 100 de interés, con diez
años de plazo de amortización, cinco de ellos de gracia.
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de la contribución española, por importe de tres
millones de euros, al Fondo de Población de las Naciones Unidad (FNUAP), con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD).
El FNUAP es la principal fuente internacional de financiación para programas de población y
salud reproductiva. Comenzó sus operaciones en 1969 como Programa administrado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y desde 1979 es un organismo
dependiente de la Asamblea General de Naciones Unidas, con sede en Nueva York.
Los objetivos del Fondo coinciden con los establecidos por la cooperación española y pueden
enmarcarse dentro de las prioridades y estrategias sectoriales del Plan Director para la
Cooperación Española 2005-2008 en el sector "Cobertura de las Necesidades Sociales/Salud".

Por otro lado, y aunque en la actualidad no forme parte de la misma, España ha sido miembro
de la Junta Ejecutiva del FNUAP en 1996, 1998, 1999 y 2000 y tiene una posición destacada
dentro de la Organización. Asimismo, en 2005 realizó una contribución ordinaria, no vinculada
a proyectos de cooperación concretos, de 792 millones de dólares con lo que se situó en el
puesto 19º de la lista de donantes. Finalmente, el 28 de junio de 2005 se firmó un Acuero-
marco entre España y el Fondo, que prevé la constitución de una Comisión Mixta, de
composición paritaria, encargada de estudiar los proyectos y actividades de cooperación que
sean financiados por las Administraciones públicas españolas y de realizar su seguimiento y
evaluación.
Respecto de la contribución que ahora se propone, la misma se destina a dos proyectos
determinados: al Fondo para la Campaña para eliminar la Fístula Obstétrica, al que se destinan
dos millones de euros, y el Fondo del Programa de Seguridad en el Abastecimiento de
Suministros de Salud Reproductiva, al que se destina el millón de euros restante.
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL FONDO FIDUCIARIO ESPAÑA-UNESCO
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de la contribución española, por importe de
2.500.000 euros, al Fondo Fiduciario España-UNESCO, con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD).
Este Fondo Fiduciario fue puesto en marcha a través del “Acuerdo-Marco de Cooperación entre
el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), relativo al Fondo Fiduciario UNESCO-España de Cooperación para el
Desarrollo. A través del Fondo se canalizan las aportaciones de España a la UNESCO, realizadas
por los Ministerios de Cultura, Educación y Ciencia, Administraciones Públicas, Medio Ambiente
y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la ejecución de proyectos y programas
aprobados de mutuo acuerdo y la asistencia a otros Estados, especialmente a aquellos con
vínculos históricos, culturales o por razón del idioma con España.
Los objetivos del Fondo coinciden con los establecidos por la cooperación española y pueden
enmarcarse dentro de las prioridades y estrategias sectoriales del Plan Director para la
Cooperación Española 2006-2008.
Respecto de la contribución que ahora se propone, la misma se destina a promover los
siguientes objetivos:
• Diversidad cultural de acuerdo con la Convención sobre protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales, adoptada por la última Conferencia de la
UNESCO y, actualmente remitida a las Cortes Generales para los últimos trámites de
ratificación por España.
• Educación, en especial en orden a la consecución de los Objetivos del Milenio en esta
materia en el África Subsahariana y de la igualdad educativa entre niños y niñas.
• Uso de la Ciencia al servicio del desarrollo sostenible y de la paz.
• Utilización de las nuevas tecnologías en la consecución de los Objetivos del Milenio.
DOS MILLONES AL FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de la contribución española, por importe de dos
millones de euros, al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Este Fondo es una Agencia Especializada de Naciones Unidas para combatir el hambre y la
pobreza rurales en las regiones de bajos ingresos, que experimentan déficits alimentarios. Fue
establecida en 1977, conforme a una decisión de la Conferencia Mundial de la Alimentación de
1974, y opera como Institución Financiera Internacional con el objetivo de financiar proyectos
de desarrollo agrícola y rural a través de créditos blandos y donaciones.
Los objetivos estratégicos del FIDA coinciden con los establecidos por la cooperación española.
Así, el Plan Director para la Cooperación Española 2005-2008 incluye entre sus prioridades la

lucha contra el hambre y el contribuir a la soberanía alimentaria de las poblaciones más
vulnerables.
Por otro lado, España ha sido elegida miembro de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola para el período 2006-2009, con lo que su posición dentro de la
Organización ha pasado a ser muy significativa. Asimismo, España ha mostrado interés en la
conclusión de tres Acuerdos bilaterales con el Fondo: un Acuerdo de Asociación, similar a los
que este tiene suscritos con la mayor parte de los países de la “Lista A” a la que pertenece
España; un Acuerdo de Administración para la gestión de las contribuciones voluntarias que
España pudiera poner a disposición del FIDA, y un Acuerdo sobre Profesionales Asociados para
incrementar la presencia de españoles en el mismo.
Desde el punto de vista financiero, es de destacar que España ha incrementado sus
contribuciones al Fondo, con la aportación de 2.596.500,00 euros en la VI Reposición trianual
de recursos 2003-2006 y el compromiso hasta seis millones de euros para la VII.
Respecto de la contribución que ahora se propone, la misma tiene el carácter de contribución
ligada a determinados programas y actividades específicas. En concreto, se destina a dos
proyectos: uno, destinado a pilotar el acceso de la mujer a la salud y a los seguros sociales, así
como a los proyectos de formación vocacional, en el área geográfica Oriente Próximo-África del
Norte, y un segundo proyecto, destinado a incrementar las remesas a los hogares a cuyo
frente se encuentren mujeres, en el área geográfica de América Latina.
ACUERDO MARCO CON EL PROGRAMA DE LA ONU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo Marco entre España y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El PNUMA fue creado en 1972 para promover la cooperación internacional para la protección
del medio ambiente. Las relaciones de colaboración entre España y el PNUMA se han
intensificado últimamente como consecuencia del creciente interés que suscitan los problemas
relacionados con la protección del medio ambiente.
Para dar mayor estabilidad y previsión a las relaciones mutuas y dotarlas de un marco jurídico
apropiado se ha negociado entre España y el PNUMA el Acuerdo Marco, que establece los
mecanismos y procedimientos necesarios para encauzar las acciones de cooperación conjuntas.
Su objetivo principal es promover las relaciones entre los países y cooperar en la ejecución de
programas, proyectos y actividades relacionadas con el medio ambiente y dirigidas a los países
en desarrollo. A tal fin, se crea un Fondo Fiduciario de Cooperación al que España realizará
aportaciones voluntarias anuales en función de sus posibilidades presupuestarias.
Una Comisión Mixta se reunirá periódicamente para deliberar sobre los programas y proyectos
de cooperación de interés mutuo, y para realizar el seguimiento y la evaluación de los mismos.
El Acuerdo Marco vincula a todas las Administraciones Públicas españolas, dentro del respecto
de los principios de coordinación, concertación y colaboración.
Educación y Ciencia
APORTACIÓN ESPAÑOLA AL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
El Consejo de Ministros ha aprobado la participación económica anual para el presente ejercicio
y sucesivos en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(Programa CYTED). En 2006 España ha financiado este programa con más de 3.758.000 euros
y tiene previsto que la contribución alcance los cuatro millones de euros en 2007.
El Programa CYTED está incluido entre los Programas de Cooperación de las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Su objetivo es contribuir al desarrollo
armónico de la región iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de
cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, centros de I+D y empresas
innovadoras de los países iberoamericanos.

La aportación española al programa es fundamental, por cuanto que es nuestro país el que
soporta la estructura de su secretaría general y del comité técnico de dirección. Además,
financia los estudios exploratorios de nuevas áreas y la coordinación de los proyectos.
CYTED se creó en 1984 con la firma de un Acuerdo Marco Interinstitucional en el que
participaron diecinueve países de América Latina, Portugal y España. Hasta la fecha ha
generado 76 redes temáticas de investigación, 95 proyectos de investigación y 166 proyectos
de innovación en los que han participado más de 10.000 científicos y tecnólogos
iberoamericanos. En el presente ejercicio está previsto financiar más de veinte nuevas redes
temáticas y proyectos de investigación.
Defensa
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE APLICARÁN A
LAS PROFESIONALES MILITARES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el reglamento de
destinos del personal militar profesional, aprobado por un Real Decreto de 10 de mayo de
2002.
La modificación tiene por objeto adaptar las medidas para la protección integral contra la
violencia de género recogidas en el ámbito de la Administración General del Estado, de forma
que a las profesionales militares que sean objeto de violencia de género se les pueda asignar
un nuevo puesto de trabajo, en las mismas condiciones y derechos que a las funcionarias
civiles. Estos derechos se refieren a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la
movilidad geográfica y a la situación de excedencia voluntaria.
La modificación del Reglamento de destinos del personal militar se concreta en los siguientes
aspectos:
• Se establece la posibilidad de otorgar vacantes, sin publicación previa, a las militares
víctimas de violencia de género.
• Se elimina la posibilidad de que a una militar se le asigne por turno especial (es decir con
carácter forzoso) un destino en el mismo término municipal del cual salió por ser víctima
de violencia de género.
• Se incorpora un nuevo artículo 21 bis que permite solicitar la asignación de un nuevo
destino a la militar víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar su
destino, en el mismo término municipal u otro diferente.
Orden Ministerial
Por otra parte en lo relativo al tiempo de trabajo, una Orden Ministerial del pasado 4 de
octubre de 2006 estableció, por un lado, reducciones de jornada que permiten a la militar que
sea víctima de violencia de género hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, y, por otro, la exoneración de la realización de guardias, servicios, maniobras o
actividades análogas que interfieran en el ejercicio del citado derecho.
Finalmente, y en cuanto a los derechos relacionados con la excedencia voluntaria, se ha
incluido en el Anteproyecto de Ley de Carrera la excedencia por razones de violencia de
género, que supone que las mujeres militares profesionales tendrán derecho a solicitar la
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y
sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los dos primeros meses de
esta excedencia se tendrá derecho a percibir las retribuciones integras de su último destino.
Con este conjunto de medidas, que se enmarcan dentro del proyecto de modernización de las
Fuerzas Armadas y de mejora de sus condiciones profesionales, se consigue una plena
equiparación de las mujeres militares profesionales víctimas de violencia de género con el resto
de funcionarias públicas.
Es de reseñar que de la totalidad de los componentes de las Fuerzas Armadas (125.885),
alrededor de un 12 por 100 (15.402) son mujeres, de las cuales 10.086 prestan sus servicios
en el Ejército de Tierra; 2.125, en la Armada; 2.568, en el Ejercito del Aire y 623, en los
Cuerpos Comunes.

REFORMADO EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el régimen de
organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía.
En concreto, se pretende reformar el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión
para conseguir dos objetivos claramente diferenciados:
• Agilizar el marco de relaciones de este organismo regulador.
• Mejorar la capacidad operativa de sus distintos órganos, siguiendo los modelos que ofrece
la regulación de otros organismos similares, tales como la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Por lo que se refiere al primero de dichos objetivos, se suprimen los requisitos de informe
previo de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para la
aprobación del Reglamento de régimen interior de la Comisión Nacional de la Energía.
Asimismo, se sustituye el informe previo de la Abogacía del Estado del Ministerio de Economía
y Hacienda por el informe previo de la propia Asesoría Jurídica de la Comisión.
Mejorada la funcionalidad del Consejo de Administración
En cuanto al segundo de los objetivos, se opta por mejorar la funcionalidad de su máximo
órgano rector, el Consejo de Administración, descargándolo del ejercicio de facultades de mera
gestión o de marcado carácter ejecutivo, que se desplazan a la Presidencia de la Comisión.
Se permite de este modo que el Consejo pueda concentrarse en el ejercicio de sus funciones
más relevantes (normativa, de propuesta e informe y arbitral), sin perjuicio de la flexibilidad
operativa que, en todo caso, parece oportuno atribuirle al Consejo mediante la previsión de
amplias facultades de delegación, ya sea en la Presidencia, ya sea en uno o varios de sus
miembros o incluso en otros órganos de la Comisión.
Finalmente, se atribuye al Presidente de la Comisión Nacional de la Energía la competencia
para efectuar el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración, previo informe
del Consejo. Hasta ahora esta facultad correspondía al citado Consejo.
Es importante destacar que el Real Decreto proyectado atribuye al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio el control económico y financiero que venía siendo ejercido hasta ahora
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Sanidad y Consumo
MEJORA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR
ATENCIÓN A PACIENTES DESPLAZADOS
• La nueva regulación del Fondo de Cohesión garantiza la accesibilidad de todos los
ciudadanos a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad efectiva y con
independencia de su lugar de residencia.
• El porcentaje compensable por el fondo pasa del 40 por 100 de media al 80 por 100 con
lo que se duplica la financiación de los procesos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la gestión del Fondo
de Cohesión Sanitaria, que sustituye a la norma actualmente en vigor, aprobada en el año
2002.
El Fondo de Cohesión se concibe como un fondo adicional, gestionado por el Ministerio, que
sirve para complementar el dinero que reciben cada año las Comunidades en el marco del
sistema de financiación autonómica. Este complemento sirve para compensar a las
Comunidades los gastos que se generan por la asistencia sanitaria que prestan a pacientes
españoles derivados desde otra Comunidad o a los extranjeros en estancia temporal (turistas).
Uno de los aspectos más destacados del nuevo Real Decreto es que se ha duplicado la
compensación económica que recibirán las Comunidades Autónomas por la atención a los

pacientes desplazados desde otra Comunidad, lo que servirá para seguir avanzando en la
cohesión, calidad y sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud.
La aprobación de este Real Decreto responde al compromiso de mejorar la gestión de este
fondo adquirido por el Gobierno durante la II Conferencia de Presidentes, celebrada en
septiembre de 2005. En esta Conferencia se aprobó además una ampliación del fondo de 45
millones de euros, lo que representa un incremento superior al 83 por 100 en relación al año
2005. Con este aumento, la cuantía total del fondo para el año 2006 es de casi 100 millones de
euros (99,09), una cantidad que se va a consolidar en los Presupuestos de 2007.
PRINCIPALES CONTENIDOS
El Real Decreto, que ha sido debatido con las Comunidades Autónomas en el marco del
Consejo Interterritorial, establece las actuaciones que serán objeto de compensación por este
fondo. Éstas serán las ya recogidas en el Real Decreto de 2002 (asistencia a pacientes
españoles derivados entre Comunidades y asistencia a turistas extranjeros en estancia
temporal), más la asistencia en centros y servicios de referencia, que se incorpora como
novedad en el Real Decreto aprobado hoy.
1.- Asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre
Comunidades Autónomas. Algunos procesos sanitarios, por su complejidad o su elevado
coste, no pueden ser tratados en todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el principio
de equidad sobre el que se asienta el Sistema Nacional de Salud garantiza que todos los
ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, puedan beneficiarse por igual de
esa asistencia sanitaria, asegurando el traslado de los pacientes que lo necesiten a la
Comunidad donde puedan recibir el tratamiento adecuado. Los costes de esta atención, tanto
para los procesos que implican ingreso hospitalario como para aquellos procesos ambulatorios
de alta complejidad, son compensados por el Fondo de Cohesión.
En el Real Decreto se han actualizado los costes de cada uno de estos procesos, así como el
porcentaje compensable por el fondo, que pasa del 40 por 100 de media que establece la
norma actualmente en vigor, al 80 por 100 en la aprobada hoy. De esta manera, se
incrementa un 100 por 100 la financiación de los procesos que se derivan entre Comunidades
Autónomas.
Otra novedad en este apartado es el refuerzo del carácter programado de la asistencia
sanitaria compensable: el Fondo de Cohesión sólo financiará aquella atención que sea derivada
oficialmente de una Comunidad a otra, a través del sistema de información previsto en el Real
Decreto.
2.- Asistencia sanitaria a pacientes desplazados a España en estancia temporal
(turistas), con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, que pertenezcan a países de la
Unión Europea o a otros con los cuales España tenga firmados acuerdos bilaterales en esta
materia. En este apartado se introducen mejoras para incentivar la facturación por parte de las
Comunidades Autónomas acercando, de esta manera, la compensación económica a los costes
reales de la atención prestada.
Estos avances, unidos a la mejora del sistema de facturación internacional puesto en marcha
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, redundarán en un incremento de los ingresos
de las Comunidades Autónomas por este concepto. A este respecto hay que recordar que las
mejoras introducidas ya en el sistema internacional de reembolso de estos costes han
contribuido a que la cantidad a repartir entre las Comunidades Autónomas por la asistencia
sanitaria a turistas extranjeros con cargo al Fondo de Cohesión se vaya a acercar a los
veinticuatro millones de euros en 2006, cantidad que casi triplica la distribuida en el año 2005
(9,4 millones).
Por otro lado, en el decreto se mejora también el procedimiento de liquidación del Fondo. En la
actualidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo liquida a las Comunidades Autónomas en el
último cuatrimestre de cada ejercicio la asistencia del año anterior. Con el nuevo Real Decreto
se introduce también una liquidación provisional en el primer semestre, lo que permitirá a las
administraciones autonómicas disponer con mayor prontitud de los fondos.
3.- Asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre
Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de
referencia del Sistema Nacional de Salud, concepto que no estaba incluido en el decreto
hasta ahora en vigor. Los centros, servicios y unidades de referencia darán cobertura a todo el
territorio nacional, garantizando así la cohesión del sistema, la equidad en la atención a los
pacientes, los máximos niveles de calidad y seguridad, y una mayor eficiencia de los recursos.
El Gobierno aprobará en breve el Real Decreto que regulará estos centros, servicios y unidades
de referencia.

En este apartado se incluye también, tal como preveía la Ley de Cohesión y Calidad, la
compensación por los pacientes desplazados entre islas dentro de una misma Comunidad
Autónoma, ya sea en Canarias o en Baleares, para la atención en centros que hayan sido
designados como centros de referencia nacionales.
18,2 MILLONES A CRUZ ROJA PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
El Consejo de Ministros ha acordado destinar una subvención de 18.290.363,12 euros a Cruz
Roja Española para la ejecución de proyectos sociales.
Cruz Roja desarrollará con este fondo diversos programas sociales en España destinados a la
lucha contra la exclusión social y la pobreza, a la atención a las personas dependientes
(ancianos y discapacitados graves), a la atención e integración de inmigrantes, a proyectos de
infancia y familia, de juventud o de atención a drogodependientes, entre otros.
Este crédito procede de la convocatoria pública anual de subvenciones que se realiza con cargo
a la asignación tributaria del 0,52 por 100 del IRPF para otros fines de interés social.
En el conjunto de la convocatoria de 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
destinará un total de 101.776.828 euros (un 5 por 100 más que en 2005) a las Organizaciones
no Gubernamentales que atienden a los colectivos más desprotegidos para la realización de
centenares de programas sociales en España.
La recaudación total del 0,52 por 100 del IRPF para otros fines de interés social
correspondiente al ejercicio fiscal de 2004 (la que se distribuye en esta convocatoria) fue de
127.221.035,13 euros, con lo que, por primera vez, superó el mínimo garantizado para los
proyectos sociales. De esta cantidad, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales gestiona el 80
por 100 para programas de acción social en nuestro país, mientras que el Ministerio de Asuntos
Exteriores gestiona el 20 por 100 restante para programas de cooperación en el exterior.
Industria, Turismo y Comercio
DIEZ CONVENIOS CON ASTURIAS PARA ACTUACIONES DEL PLAN DEL CARBÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo a suscribir diez Convenios de Colaboración con el Principado de
Asturias, con una dotación económica de 20.101.457,751 euros, que se financiarán con cargo a
los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Durante el primer año se destinarán 8.600.000 euros,
17.200.000 euros en el segundo y 8.600.000 euros el último año.
Estos convenios responden a la ejecución de lo previsto en el Plan Nacional de Reserva
Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las
Comarcas Mineras, autorizado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006.
Los convenios tienen como objetivo desarrollar las infraestructuras en las zonas mineras de
dicha comunidad autónoma. Siete proyectos se impulsarán a través de la Consejería de Cultura
Comunicación Social y Turismo, dos con la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y uno con la Consejería de Educación y Ciencia.

AMPLIACIÓN DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Asimismo el Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a suscribir con la
Universidad de Oviedo una ampliación al convenio entre ambas instituciones para el análisis y
seguimiento de la evolución y desarrollo de los territorios mineros del carbón españoles,
convenio que se autorizó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de mayo del año pasado
y fue suscrito en agosto de 2005.
La vigencia del Convenio se estableció por dos años, prorrogable por periodos de igual
duración, pero en él se indicaba que su contenido se concretaba sólo para su primer año de
vigencia y que cada año de los siguientes debería ser negociado por las partes y el resultado
de dicha negociación se recogería en una adenda al mismo (mediante el presente Acuerdo se
autoriza ahora a suscribir la primera adenda), consistente en la preparación de los materiales
para la edición del informe para el año 2007 con el fin de obtener la representación
cartográfica del desarrollo territorial, la convergencia o divergencia de los municipios mineros
de España, así como diversas tareas de análisis de aspectos concretos de los referidos
municipios mineros.
El Acuerdo tiene su justificación en que el nuevo “Plan Nacional de Reserva Estratégica de
Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas
Mineras” prevé la existencia de un Observatorio del cambio territorial, ya que resulta de
extraordinario interés disponer de estudios, que incluyan indicadores obtenidos de fuentes
fiables, que permitan evaluar el comportamiento de las comarcas sometidas a la
reestructuración y a los planes de desarrollo socioeconómico alternativo que se viene
produciendo desde antes del comienzo del anterior Plan 1998-2005.
El Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo ha venido
desarrollando un proyecto de investigación orientado a dicha evaluación, en el marco del
programa PROFIT 2000-2002 del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Fomento
AUTORIZADAS LAS OBRAS DE ACCESO FERROVIARIO AL AEROPUERTO DE BARAJAS
• El tiempo de recorrido entre Chamartín y la Terminal T-4 de Barajas será de cinco
minutos.
• El presupuesto de licitación asciende a 165,92 millones y el plazo de ejecución de las
obras es de 34 meses
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras del acceso
ferroviario al aeropuerto de Barajas. El presupuesto de licitación es de 165.922.813,15 euros y
el plazo ejecución de las obras es de 34 meses.
La longitud de la nueva línea entre las estaciones de Chamartín y la terminal T-4 será de 8,8
km. Las obras que ahora se licitan constituyen la parte principal del acceso, 6,9 Km., y
complementan las que actualmente está realizando el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en los primeros 1,9 Km., en el marco de la remodelación de la cabecera
norte de la estación de Chamartín.
La puesta en servicio de esta línea permitirá la conexión directa de la estación de Chamartín
con la Terminal T4 del aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas en un tiempo de cinco
minutos.
Características técnicas
La nueva infraestructura puede dividirse en dos tramos:
• Un primer tramo de cuadruplicación de la doble vía de contorno, con una longitud
aproximada de 2.200 m., que va desde la conexión con las obras de remodelación de la
cabecera norte de la estación de Chamartín, que actualmente está ejecutando ADIF, hasta
el cruce con la M-40 En esta tramo destacan las siguientes obras:
• Estación de Manoteras. Se encuentra situada en la zona de cruce de la nueva línea de
cercanías con el Metro ligero de la línea Pinar de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas y
permitirá, además de dotar de accesibilidad a la zona, realizar el intercambio modal entre
ambas infraestructuras.
• Cruce bajo la M-40.
Tras este cruce, se ha proyectado la bifurcación a distinto nivel de las dos vías laterales que se
dirigen hacia Barajas respecto de las dos vías centrales que continúan hacia el Corredor del
Henares.
• Un segundo tramo consistente en una doble vía de nuevo trazado soterrada en su
totalidad. La longitud del túnel es de 4,7 km., dos de los cuales se construirán mediante
pantallas y 2,7 en mina. En este tramo destacan los siguientes elementos:
• Cruce bajo glorieta de la urbanización “Parque de Valdebebas”.
• Estación de Valdebebas. Se trata de una estación subterránea situada en el lugar donde
se encuentran la ampliación de los Recintos Feriales Juan Carlos I, la Ciudad de la Justicia
y la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Una vez superado el ámbito del “Parque Valdebebas”, la infraestructura cruza en túnel bajo el
Arroyo de La Plata. Se proyecta en este punto un encauzamiento del arroyo que resuelve dicho
cruce. A partir de este encauzamiento, la infraestructura queda resuelta mediante túnel en
mina, superando así el cruce con el “Eje Norte-Sur” y los terrenos de AENA, conectando
finalmente por el Sur con los muros pantalla ya ejecutados en la cabecera Sur de la estación de
Barajas. La obra civil de esta estación ya se encuentra finalizada.
Cabe señalar algunos elementos funcionales del tramo subterráneo, que contribuyen al
incremento de la seguridad del túnel:
• Disposición cada 500 m., aproximadamente, de salidas de emergencia, en las que se han
situado instalaciones de ventilación y bombeo cuando ha sido preciso.
• Disposición de acceso rodado al interior del túnel desde sus dos extremos.

Vehículos de emergencia podrán circular por el túnel
La nueva línea contará en toda su longitud con vía doble electrificada. En el tramo dentro del
túnel la vía será estuchada de forma que, en caso de emergencia o para mantenimiento, sea
posible la circulación de vehículos de carretera. La línea estará equipada con ASFA y, además,
con ERTMS, el sistema de señalización europeo interoperable que también se está instalando
en el nuevo túnel Atocha- Chamartín.
Mediante esta infraestructura se posibilitará, además, la continuidad de una parte de los trenes
de cercanías procedentes de la estación de Atocha, a través del actual túnel de Recoletos o del
nuevo en construcción de Sol-Gran Vía, hacia el aeropuerto o el corredor del Henares, vía
O´Donnell. De esta forma, se constituye un enlace intermodal entre las tres principales
terminales de transportes de Madrid: Atocha, Chamartín y Barajas.
Adicionalmente, la construcción en el nuevo tramo ferroviario de las estaciones de Manoteras,
con conexión con el metro ligero de Sanchinarro, y de Parque de Valdebebas permitirá la
mejora de la accesibilidad e intercambio modal en una amplia zona de influencia: Sanchinarro,
Valdebebas, ampliación de los Recintos Feriales, Ciudad de la Justicia y Ciudad Deportiva del
Real Madrid.
Fomento
TRAMO SOUTOMAIOR-VILABOA, DEL EJE ATLÁNTICO DE ALTA VELOCIDAD, EN
PONTEVEDRA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento la licitación de las obras del
tramo Soutomaior–Vilaboa, en la provincia de Pontevedra, del Eje Atlántico de Alta Velocidad.
El presupuesto de licitación asciende a 54.043.430,69 euros y el plazo de ejecución es de
treinta meses.
El proyecto se enmarca dentro del desarrollo de la Red Básica para tráfico mixto de la red de
Altas Prestaciones definida en el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) 2005 - 2020.
Este tramo forma parte del Eje Atlántico que va desde Ferrol a la Frontera Portuguesa, así
como de los accesos ferroviarios de Galicia con la Meseta, y discurre por los términos
municipales de Pontevedra y Soutomaior, atravesando la población de Arcade. Tiene una
longitud de 2.540 m. y enlaza con los tramos colaterales Vilaboa - Pontevedra y Redondela -
Soutomaior, cuyas obras se piensa licitar en breve plazo.
Características técnicas
Las obras previstas son las siguientes:
• Los túneles de Xesteira y Pontesampaio, de 782 m y 176 m de longitud, respectivamente,
así como el viaducto sobre el río Verdugo.
• Una nueva estructura para el cruce de la N - 550 por la población de Arcade, con 243 m.
de falso túnel, pantallas y muros de contención para la integración del ferrocarril en la
trama urbana.
La plataforma de vía queda preparada para una posterior electrificación. Se utilizarán,
asimismo, traviesas polivalentes para realizar el cambio de ancho Ibérico a UIC.
Este tramo es el sexto que se licita en la parte Sur del Eje Atlántico, entre Santiago y Vigo,
donde se encuentran en avanzado estado de ejecución las obras de cuatro tramos que ya
suman una longitud de 28,5 Km. En su parte Norte, entre Santiago y A Coruña, se han licitado
ya todos los tramos y están en servicio 30,8 Km., lo que supone la mitad de la distancia entre
estas dos ciudades.
Las obras de este proyecto corresponden al segundo tramo de los cinco en que se ha dividido
la variante Vigo - Pontevedra, de 27 Km. de longitud, que permitirá enlazar ambas poblaciones
con vía doble y velocidad de 250 Km., lo que dará continuidad a los tramos del Eje Atlántico
proyectados con parámetros similares.
El tiempo del trayecto Santiago - Vigo pasará de 80 - 120 minutos a unos 40 – 45 minutos, al
finalizar las obras.

Fomento
6.150 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS EN EL PERIODO 2008 A
2010
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de
gasto con cargo a los ejercicios 2008 a 2010, ambos inclusive, por valor de 6.150 millones de
euros, para la creación de infraestructuras de carreteras.
Esta medida es necesaria para poder llevar a cabo la programación prevista, en razón de
disponer de límite económico en el momento de tramitar los expedientes de gasto previstos en
el presente ejercicio, y garantizará el cumplimiento de las inversiones contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado 2006.
Los compromisos de gastos que la Dirección General de Carreteras ha de adquirir durante el
año en curso, con cargo a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, para poder llevar a cabo la
programación prevista son los siguientes:
Medio Ambiente
OBRAS DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE DOÑANA
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras de la red de
saneamiento del entorno de Doñana que mejorará la calidad de las aguas de los municipios
que conforman la Mancomunidad de El Aljarafe (Sevilla) actuando sobre la red de emisarios y
colectores. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 18.510.174 euros y su plazo de
ejecución es de un año.
El proyecto pretende conectar el conjunto de núcleos aislados de población existente a la red
de colectores y emisarios que transportan las aguas residuales a las respectivas estaciones
depuradoras, así como la mejora de la calidad del transporte de la red de emisarios que
componen el sistema de El Aljarafe.
Las obras consisten, fundamentalmente, en las siguientes actuaciones:
• Instalación de conducciones que conecten los actuales vertidos de aguas residuales con el
sistema de saneamiento existente, eliminando el vertido de esta agua a los ríos y arroyos.
Algunas de ellas requieren pequeños bombeos.
• Ampliación de algunos tramos de la red existente para evitar el desbordamiento de las
aguas residuales de las conducciones y aliviaderos, que provocan el vertido indirecto de
las aguas residuales.
• Instalación en puntos significativos de la red de saneamiento de elementos que controlen
la cantidad y calidad de las aguas residuales, tanto circulantes como residuales.
Convenio de ejecución
Para el desarrollo y ejecución del proyecto de red de saneamiento del entorno de Doñana, el
Consejo de Ministros también ha autorizado hoy la suscripción de un convenio de colaboración
entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Empresa Mancomunada del Aljarafe
S.A. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir financiará el 80 por 100 de los trabajos
mediante aportaciones procedentes del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea, y la Empresa Mancomunada del Aljarafe aportará el 20 por 100 restante.
Las actuaciones contempladas forman parte del desarrollo y ejecución de proyectos
correspondientes a la Medida 3.3 de “Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales” del
programa operativo FEDER 2002 a 2006 correspondiente a Andalucía. Dichas actuaciones
tienen como objetivo concreto lograr la mejora de infraestructuras e instalaciones de
depuración de las redes de saneamiento de sistemas generales.

Medio Ambiente
AMPLIADA LA RED DE SANEAMIENTO DE PUERTO DEL CARMEN Y ARRECIFE, EN
LANZAROTE
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras correspondientes
al proyecto de ampliación de la red de saneamiento de agua de Arrecife y Puerto del Carmen,
en Tías, ambas en la isla de Lanzarote.
La ampliación de la red de saneamiento de Arrecife cuenta con un presupuesto de 18.777.037
euros. El proyecto tiene como objetivo la ejecución de una red de evacuación de aguas
pluviales mediante un sistema separativo de colectores enterrados en zanja, con los
correspondientes pozos de registro. También se contempla la captación de aguas pluviales
mediante desarenadores en cabecera de alguna de las redes para incorporar los caudales a
cauces naturales que vierten actualmente al interior del núcleo urbano, incorporando
aliviaderos en previsión de posibles crecidas en los cauces.
Por su parte, el proyecto de ampliación de la red de saneamiento de Puerto del Carmen (Tías),
cuya inversión asciende a 17.328.266 euros, consiste en la ejecución de una red de evacuación
de aguas fluviales mediante un sistema separativo de colectores. Se realizará mediante enlace
de los puntos de desagüe de la carretera de circunvalación, paralela a la costa, configurando
así la cabecera de las redes de evacuación de pluviales objeto del proyecto.
Las actuaciones previstas forman parte del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio
Ambiente, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad y calidad de recursos hídricos en todo
el territorio.
Medio Ambiente
OBRAS DE DEFENSA DE PUENTE GENIL FRENTE A LAS AVENIDAS DEL RÍO GENIL Y DE
VARIOS ARROYOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras correspondientes
al proyecto de obras de defensa de Puente Genil frente a las avenidas del río Genil y de los
arroyos vertientes al Barranco del Lobo (Córdoba).
El proyecto cuenta con un presupuesto de 14.440.668 euros y su plazo de ejecución es de
dieciocho meses. Las obras consisten en el encauzamiento del río Genil a su paso por la ciudad,
desde la isla del Obispo hasta el puente de la carretera A-340 (Estepa-Guadix), así como en la
ejecución de acondicionamientos de diversos arroyos que conduzcan las aguas hacia el
Barranco del Lobo.
Esta actuación responde a los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y
la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye proyectos de mejora de
gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al
desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y
ambientales.
Medio Ambiente
RESTAURACIÓN DE ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
AFECTADAS POR INCENDIOS EN A CORUÑA
• Las actuaciones, cuyo coste asciende a casi un millón de euros, permitirán la
recuperación de la capa vegetal y la regeneración de zonas incluidas en la Red Natura
2000.
El Consejo de Ministros ha autorizado las obras de emergencia que lleva a cabo la Dirección
General de Costas en las zonas afectadas por los incendios acaecidos en la provincia de A
Coruña el pasado mes de agosto. El importe de estas actuaciones es de 985.000 euros.
Como consecuencia de los devastadores incendios ocurridos en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante la primera quincena del mes de agosto, en los que se puso en peligro, no sólo
el patrimonio forestal y medioambiental de la Comunidad, sino también la integridad física de

las persona y sus bienes patrimoniales, se vieron afectadas zonas del dominio público
marítimo-terrestre que forman parte de la Red Natura 2000.
Para la restauración de estas áreas el Ministerio de Medio Ambiente emprendió distintas
actuaciones con objeto de recuperar la cubierta vegetal y lograr la regeneración del dominio
público marítimo-terrestre afectado por los incendios.
Las acciones se distribuyen cinco ámbitos de actuación:
• Reparación de los elementos estructurales.
• Prevención del arrastre mediante defensas y fijación del terreno.
• Limpieza de las zonas afectadas.
• Vallado provisional de áreas donde se tiene que actuar.
• Defensa de las playas ante la contaminación.
Medio Ambiente
1,9 MILLONES PARA RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL DE ZONAS
AFECTADAS POR INCENDIOS
El Consejo de Ministros ha autorizado las actuaciones de emergencia para la restauración
forestal y ambiental de las zonas afectadas por los incendios producidos en 2005 en Casavieja
(Ávila), Galende y Porto (Zamora), Barlovento y Garafía (Sta. Cruz de Tenerife) y diversos
municipios de León y Salamanca.
El importe total de las actuaciones, 1.900.000 euros, se ha aprobado con cargo al Programa de
‘Protección y mejora del medio natural’ de la Dirección General para la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente. El importe de las actuaciones para cada zona es el siguiente:
Estas actuaciones permitirán reparar las infraestructuras forestales afectadas, restaurar
ecológicamente las masas arbóreas existentes con anterioridad a los siniestros y la
implantación y futuro desarrollo de un bosque con características similares al que existía antes
de los incendios.
Los trabajos que se realizarán incluyen la restauración de hábitats, la plantación de especies
forestales, la recuperación de la cubierta vegetal, tratamientos selvícolas y la retirada de
residuos, entre otros.
MÁ S DE DOS MILLONES PARA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FINCA
RAIXA, EN MALLORCA
El Consejo de Ministros ha concedido un suplemento de crédito en el Presupuesto de Parques
Nacionales, Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por importe
de 2.103.542 euros.
Dicho suplemento de crédito está destinado a dotar los recursos necesarios para cumplir el
Convenio de Colaboración, suscrito el 22 de febrero de 2003, entre la Fundación Parques
Nacionales y el Organismo autónomo Parques Nacionales para la conservación y rehabilitación
de los valores culturales y naturales de la finca Raixa, situada en el Termino Municipal de
Bunyola (Mallorca).

El Convenio tiene como finalidad la conservación, protección y, en su caso, mejora de los
valores naturales, culturales, sociales, histórico-artísticos, educativos recreativos ambientales,
antropológicos y etnológicos de la finca Raixa
En dicho Convenio se contemplaban anualidades para los ejercicios 2003 al 2007, ambos
inclusive, de los que quedaba pendiente el abono de la anualidad de 2004, cuya cobertura se
efectuará mediante el Acuerdo aprobado hoy.
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN POZUELO
DE ALARCÓN (MADRID)
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del
contrato, mediante concurso abierto, para la ejecución de las obras de construcción de un
inmueble destinado a Centro de Formación de la Seguridad Social.
En la construcción de este nuevo edificio, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón, la Seguridad Social invertirá más de 39,8 millones de euros (39.825.323,53 euros). El
presupuesto autorizado se ha distribuido en tres anualidades: 2006 (2.733.920,85 euros),
2007 (18.815.285,45 euros) y 2008 (18.276.117,23 euros).
Justicia
SEPARADOS LOS OCHO JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE
GUADALAJARA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se separan los ocho juzgados
de Primera Instancia e Instrucción de Guadalajara. La nueva distribución, que establece un
total de cinco Juzgados de Primera Instancia y tres de Instrucción en dicha ciudad desde el día
1 de enero de 2007, permite una mayor eficacia, así como la especialización de los mismos.
En este sentido, el establecimiento de los cinco Juzgados de Primera Instancia disgregados
respecto a la anterior distribución ayudará a agilizar la tramitación y resolución de los asuntos.
Con esta separación, además, alguno de estos Juzgados de Primera Instancia podrán
especializarse en Derecho de Familia.
Respecto a los tres Juzgados de Instrucción con los que a partir de 2007 contará Guadalajara,
la modificación permitirá que estos órganos judiciales sean atendidos por jueces especializados
en este orden jurisdiccional penal.
Al mismo tiempo, el nuevo Juzgado de Instrucción número 2 compatibilizará las materias que
se recogen en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con las
del resto del orden jurisdiccional penal-civil dentro de su partido judicial.
La separación de estos ocho juzgados de Guadalajara no supondrá ninguna modificación en las
actuales plantillas órganicas existentes de Secretarios Judiciales y de los miembros de los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial en
los nuevos órganos judiciales.
AYUDAS COMPENSATORIAS POR MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA GRIPE AVIAR
El Consejo de Ministros ha concedido un suplemento de crédito en el Presupuesto del Fondo
Español de Garantía Agraria, Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por importe de 5.693.000 euros.
El suplemento de crédito está destinado a financiar ayudas compensatorias a las empresas del
sector avícola debido a la crisis de mercado registrada desde 1 de octubre de 2005 por la
aparición de casos de influencia aviar, que originó un menor consumo de huevos y carne de
aves de corral, lo que ha desequilibrado el mercado de la carne de aves.
Las ayudas se destinarán a las explotaciones que durante el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2005 y el 30 de abril de 2006, ambos inclusive, hayan procedido a la destrucción de

huevos para incubar o a la entrega de los mismos a industrias de transformación en
ovoproductos.
Igualmente, se compensará a los titulares de las empresas cárnicas avícolas que hayan
procedido a la congelación y almacenamiento de carne de ave.
52 MILLONES PARA FINANCIAR EL PLAN ANUAL DE SEGUROS AGRARIOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de
52.128.320 euros, para financiar el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2006.
Las fuertes heladas acaecidas durante el primer trimestre de 2005 y la sequía a lo largo de ese
año motivaron un importante aumento en la contratación de determinadas líneas de seguro en
relación con años anteriores. Este incremento se ha producido principalmente en cultivos
herbáceos extensivos, olivar, hortalizas, frutales y en pastos aprovechados para el ganado.
Por otra parte, los Reales Decretos que conceden ayudas para paliar los daños ocasionados por
las heladas o la sequía regularmente establecen que, para acceder a las ayudas recogidas en
los mismos, es necesaria la contratación de un seguro agrario.
Todo ello ha originado una mayor aportación del Estado para la cobertura del Plan de Seguros
Agrarios, que se cuantifica en 52.128.320 euros, por lo que ha sido necesario tramitar
suplementos de crédito en los Presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, financiados con el Fondo de Contingencia.
AUTORIZADA LA COMPRA DE VALE MUSIC Y TICKET MEDIA POR UNIVERSAL MUSIC
El Consejo de Ministros ha acordado no oponerse a la operación de concentración consistente
en la toma de control exclusivo de las sociedades Vale Music Spain, S.L. y Ticket Media
Superventas, S.L. por parte de Universal Music Spain, S.L., sociedad controlada en última
instancia por Vivendi Universal, S.A.
El Acuerdo propuesto sigue el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia que
concluye que no existen motivos para oponerse a la operación. En efecto, el Tribunal estima
que la citada operación no amenaza el mantenimiento de la competencia efectiva en los
mercados de producción musical y mayorista de licencias para la distribución productos
musicales mediante canales digitales. El Tribunal de Defensa de la Competencia también
estima que el pacto de no competencia entre comprador y vendedor va más allá de lo que de
forma razonable exige la concentración sin que quepa considerarla como parte de la misma.
En consecuencia, el Acuerdo señala que cualquier pacto de no competencia entre UNIVERSAL
MUSIC SPAIN, S.L. y el actual administrador de VALE MUSIC SPAIN, S.L. no forma parte de la
operación de concentración aprobada, estando, no obstante, sujeto a la normativa relativa a
los acuerdos entre empresas.
ÁBACOCINE AUTORIZADA A COMPRAR CINEBOX EXHIBICIÓN, CIRCUITO ESPAÑOL DE
CINE Y LANOCA EXHIBICIÓN
El Consejo de Ministros ha acordado no oponerse a la operación de concentración consistente
en la toma de control por Ábacocine, S.L. de las sociedades Circuito Español de Cine, S.L.,
Cinebox Exhibición, S.L. y su filial Lanoca Exhibición, S.L.
El acuerdo del Consejo de Ministro sigue fielmente el dictamen del Tribunal de Defensa de la
Competencia que concluye que no existen motivos para oponerse a la citada operación. En
efecto, el Tribunal estima que la operación no obstaculizará el mantenimiento de la
competencia efectiva en los mercados de distribución de películas comerciales para exhibición
en cines, ni de contratación de espacios publicitarios en salas de cine.

También en línea con lo propuesto por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Acuerdo
establece que los pactos de no competencia y de programación de pantallas cinematográficas
suscritos por vendedor y comprador no pueden considerarse como accesorios a la operación y,
por tanto, como parte de la misma, a menos que se modifique el ámbito geográfico de
cobertura del pacto de no competencia y el régimen de exclusividad, duración y número de
cines afectados por el acuerdo de programación. De no realizarse tales cambios, tales acuerdos
estarán sujetos, en su caso, a la normativa relativa a los acuerdos entre empresas.
APROBADA LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la estructura interna
de la Mutualidad General Judicial y precisa su organización y las atribuciones correspondientes
a sus distintos órganos.
La Mutualidad General Judicial (MUGEJU) es un Organismo Público con personalidad jurídica
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, que gestiona el Régimen Especial
obligatorio de Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia.
Entre las principales novedades destaca el cambio de orientación que se da al cargo de
presidente de la Mutualidad, con el fin de evolucionar hacia una gestión más profesionalizada.
Se crea la figura del gerente, que asume las tareas ejecutivas que hasta ahora desarrollaba el
presidente, de forma semejante a otras mutualidades funcionariales.
En cuanto a la elección del presidente, éste será nombrado y removido ahora por el Consejo de
Ministros, de entre una terna de candidatos propuestos por iniciativa del Consejo General del
Poder Judicial.
En esta misma línea, la composición de la Junta de Gobierno, que pasa a denominarse
Comisión Permanente, se conformará con mutualistas, representantes de la Administración,
además del propio gerente.
Vivienda
CONVENIO PARA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE "LA
HERRERÍA" (A CORUÑA)
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y la Consellería de Cultura y Deporte de la
Xunta de Galicia, de modificación del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Fomento, el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización y
financiación de las obras de restauración y rehabilitación de los edificios “Antigua prisión de
San Campio” y “La Herrería”, así como del edificio de los antiguos depósitos de agua del
Arsenal de la Armada en Ferrol (A Coruña).
La inversión total asciende a 3.844.301,91 euros, de los que el Ministerio aporta el 50 por 100,
unos 1.922.150,96 euros.
El edificio “La Herrería” está declarado Bien de Interés Cultural e incluido en el Inventario
General del Patrimonio Cultural de Galicia. Fue ordenado construir por Carlos III en 1781 y en
él se fabricaban las piezas metálicas de los buques. A lo largo de su historia sufrió
modificaciones y agregaciones que deformaron su imagen original.
La actuación recupera las características que tuvo en su origen, restableciendo la cubierta y
restaurando sus bóvedas y patios, de forma que pueda ser utilizado como Museo de la
Construcción Naval.
La actuación se incluye dentro de la programación de Inversiones en el Patrimonio
Arquitectónico que el Ministerio de Vivienda desarrolla con cargo a créditos propios de su
capítulo inversor.

MODIFICADA LA NORMATIVA DE AYUDAS COMUNITARIAS RELACIONADAS CON EL
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
• Para indemnizaciones compensatorias a los agricultores de zonas desfavorecidas se prevé
para 2006 una ayuda suplementaria de veinte millones.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican cuatro Reales
Decretos dentro del marco de las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible.
Se trata de los Reales Decretos que regulan la indemnización compensatoria en determinadas
zonas desfavorecidas, establecen un régimen de ayudas a la utilización de métodos de
producción agraria compatibles con el medio ambiente, fomentan la forestación de tierras
agrícolas y establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las
medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común.
En este sentido, se hace necesario incorporar a la normativa española todas las modificaciones
del Programa de Desarrollo Rural que ya han sido previamente aprobadas o comunicadas a la
Comisión y que, por otra parte, implican modificaciones de los Reales Decretos que regulan las
medidas de acompañamiento de dicho Programa.
Este Real Decreto aprobado hoy, en cuya elaboración han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, consta de cuatro
preceptos mediante los que se dispone la modificación de los indicados Reales Decretos.
Además, figuran tres disposiciones adicionales dedicadas a la ayuda estatal suplementaria para
la financiación de las indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas, a la prórroga
de los compromisos agroambientales y al incremento de la ayuda por los costes de
mantenimiento derivados de la forestación de tierras agrícolas.
Ayuda suplementaria
Para la concesión de indemnizaciones compensatorias a los agricultores de zonas
desfavorecidas se prevé para el año 2006 una ayuda estatal suplementaria de veinte millones
de euros, según el Reglamento comunitario de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo y de Garantía Agrícola (FEOGA). Asimismo, se
incrementan en un 25 por 100 los módulos económicos que sirven de referencia para el cálculo
de la indemnización y la ayuda máxima por explotación.
Los compromisos agroambientales a que se refiere el Real Decreto de 12 de enero de 2001,
por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente, que expiren antes de que finalice el período de
programación 2000-2006, podrán ser prorrogados siempre que el último año de compromiso
no empiece después del 31 de diciembre de 2006.
Zonas de sequía
En las explotaciones forestales que estén situadas en zonas oficialmente declaradas de sequía
por el Estado español, se podrá incrementar, en el año 2006 y por una sola vez, el importe del
sobrecoste de la prima de mantenimiento hasta un 100 por 100 del valor medio que
corresponda y que se establece en el anexo II de otro Real Decreto de 12 de enero de 2001,
sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas. Los gastos realizados deberán justificarse
mediante factura o documento probatorio correspondiente.
Ninguna de las medidas previstas en las disposiciones adicionales anteriores vinculará recursos
destinados a la financiación del período de programación presupuestaria 2007-2013.
Medio Ambiente
CONVENIOS PARA RECUPERAR EL HUMEDAL DE LA MITJANA, EN LLEIDA, Y TIPIFICAR
PLANTACIONES EN EL MONTSENY (GIRONA)
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de sendos convenios de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Lleida y la Universidad de Lleida para la
restauración y recuperación de determinadas zonas del humedal de La Mitjana, ubicada en el
río Segre, y de importancia para la conservación de la biodiversidad, y para la caracterización
física, botánica y silvícola de varios “arboretum” y “silvetum” en el Montseny (Girona),
respectivamente.

El objetivo del convenio con el Ayuntamiento de Lleida, que tiene un coste total de 300.000
euros, de los que 185.000 corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, es apoyar la
conservación y restauración de este humedal, así como la futura puesta en funcionamiento de
un centro de educación ambiental para concienciar y formar a los ciudadanos sobre los valores
e importancia de las zonas húmedas y el recurso del agua.
En cuanto al convenio con la Universidad de Lleida, será para la realización de la
caracterización física, botánica y silvícola de varios “arboretum” y “silvetum” en el Montseny
(Girona), por un importe total de 35.576 euros.
Más del 80 por 100 de la superficie forestal en Cataluña es de titularidad privada y gran parte
de estos montes destinan esta superficie a un uso productivo. Sin embargo, el largo plazo de
ciclos forestales y la problemática de su evaluación a decenas de años vista dificultan la
realización de las innovaciones necesarias para mejorar la productividad.
En el área del Montseny-Gilleries los propietarios forestales han ido plantando numerosas
especies, conformando diversos “arboterum” y “silvetum” que no están inventariados, por lo
que no existen datos de dominio público que puedan ser extrapolables a otras situaciones. La
tipificación de estas plantaciones y su conocimiento aportarán una información excelente para
la planificación y gestión de áreas potencialmente similares a las repobladas con estas
especies.
AYUDA HUMANITARIA PARA EL LÍBANO
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la ayuda humanitaria de emergencia al Líbano, por
importe de 300.000 euros.
La citada ayuda consiste en el suministro por vía aérea de materiales de primera necesidad,
tales como kits de cocina, kits higiénicos y medicamentos, para la población afectada.
Defensa
COMPRA DE MISILES PARA FRAGATAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de 94
misiles sm-1 blq. vi b. (coa sp-p-anh), a la U.S. Navy por un importe de 25.765.186,09 euros
distribuidos entre 2006 y 2010, ambos inclusive.
Esta adquisición se destina al equipamiento de las fragatas clase ‘Santa María’ o F80, que son
buques con una capacidad operativa muy equilibrada al unir a su capacidad antisubmarina
fundamental, otra importante capacidad antiaérea proporcionada por el lanzador combinado de
misiles MK-13 Mod. 4, instalado en la proa, con cabida de hasta 32 misiles estándar SM-1MR.
NUEVOS REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO DE PIENSOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la normativa
vigente sobre circulación y utilización de materias primas para la alimentación animal y la
circulación de piensos compuestos, adaptando alguna de las disposiciones relativas al
etiquetado de piensos, con objeto de proteger los intereses de los productores, garantizando
un elevado nivel de protección de la sanidad animal.
La primera modificación tiene como objetivo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas por la que se anulaba la obligación, establecida en una
Directiva comunitaria, de declarar la fórmula exacta del pienso a petición del cliente.
También se introducen cambios en las condiciones de etiquetado de los piensos destinados a
los animales de compañía, de forma que, permitiendo la labor de vigilancia, control o
inspección, se facilite a los fabricantes las exportaciones, tanto a países comunitarios, como a
terceros países.

Fomento
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Aviación Civil, organismo
dependiente del Ministerio de Fomento, a realizar a una contribución económica al Plan de
Acción de Seguridad de la Aviación, puesto en marcha por la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI). La aportación económica a dicho Plan asciende a 88.862,79 euros.
La política de seguridad para la Aviación Civil es hoy una de las prioridades del Gobierno
español, pero es muy difícil su desarrollo de forma unilateral e, incluso, en el seno de la Unión
Europea. Por ello, la OACI ha asumido este compromiso, a través del cumplimiento a las
disposiciones del Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil.
Tras los atentados del 11 de septiembre, la Organización de la Aviación Civil, convocó una
Conferencia Ministerial de Alto Nivel con el fin de recomendar un enfoque a nivel mundial que
garantice la seguridad de la aviación frente a cualquier acto ilícito, mediante políticas de
prevención. Estas recomendaciones quedaron recogidas en el “Plan de Acción de Seguridad de
la Aviación”.
Este Plan comprende auditorías de forma regular y obligatoria para evaluar la seguridad en los
países participantes. Pretende el desarrollo, análisis y capacidad de una respuesta eficaz ante
posibles amenazas, así como la puesta en marcha de medidas en ámbitos concretos, como
aeropuertos, sistemas de control, aviones. Se apunta un refuerzo de las disposiciones de
seguridad que figuran en los anexos al Convenio de Aviación Civil, afirmando la colaboración
con los programas de auditoría de los países participantes, y un seguimiento de las
rectificaciones de las anomalías detectadas.
La OACI recomendó a cada Estado el nivel de la contribución voluntaria al Plan, que para
España es de un total de 309.794 dólares para el periodo 2002-2004 y 117.010 dólares en
2005. El Gobierno español considera prioritaria la acción en este terreno, por lo cual ha
decidido continuar contribuyendo con 88.862,79 euros en el año 2006.
AUTORIZADAS OPERACIONES FINANCIERAS A LA COMUNITAT VALENCIANA Y A
CANARIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana la realización de operaciones
financieras a largo plazo en euros y en divisas, por importe máximo de 953.436.518,61 euros.
Asimismo, ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Canarias a realizar una o varias
emisiones de Deuda Pública, por un importe máximo de doscientos millones de euros.
Estas operaciones se destinan a cubrir las necesidades de financiación mediante deuda
previstas en el plan económico-financiero 2005-2007 de dicha Comunidad Autónoma y
corresponden a sus respectivas Programas Anuales de Endeudamiento del ejercicio 2006.
Medio Ambiente
CONVENIO CON CASTILLA Y LEÓN PARA ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE MONTES DE
UTILIDAD PÚBLICA
El Consejo de Ministros ha autorizado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Junta de Castilla y León para actualizar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública
y la actual estructura de la propiedad forestal en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y
Soria, con especial referencia en esta última a los montes no catalogados de las entidades
locales, a los montes de sociedades de vecinos y a otros montes singulares.
La estadística forestal española adolece de carencias ya históricas, como las que atañen a
montes no catalogados de propiedad municipal y a su naturaleza jurídica o a montes que
pertenecen a asociaciones de vecinos de carácter civil, así como a toda una gama de fondos de
adscripción jurídica confusa, y que impiden acometer una verdadera política forestal.
Por todo ello, la Ley de Montes atribuye competencias a la Administración General del Estado,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, para la recopilación, elaboración y

sistematización de la información forestal, así como para mantener y actualizar la estadística
forestal española.
Este convenio con la Junta de Castilla y León tiene un coste total de 320.000 euros, de los que
160.000 corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, distribuidos en tres anualidades de
20.000, 60.000 y 80.000 euros, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008,
respectivamente.
Un detallado conocimiento del régimen de propiedad de los montes es esencial para el
desarrollo de una gestión forestal sostenible, ya que el tamaño y número de los predios
condicionan el tipo de explotación, la silvicultura e, incluso, la ordenación que se puede aplicar
en ellos.

201006[1]informe sobre el anteproyecto de ley responsabilidad medioambienal

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