Dictadura 1976 1983. la economiía, desindustrialización, expansión financiera, deuda externa
1. Colegio El Bosque Historia 5º Año
Unidad IV Dictadura cívico-militar 1976-1983 Análisis económico
LA ECONOMÍA DURANTE EL PROCESO MILITAR
LA DESINDUSTRIALIZACIÓN, LA EXPANSÓN FINANCIERA Y LA DEUDA EXTERNA
El programa económico del gobierno militar es un intento radical de transformación del esquema de
funcionamiento de la economía argentina vigente desde 1930; abandona a la industrialización como el
propósito y como el patrón referencial de eficiencia de la política económica.
El proyecto económico aplicado a partir de 1976 se propone como objetivo la liberalización de los
mercados. Condena, invocando razones de eficiencia y equidad, los instrumentos previamente utilizados
y se propone, en cambio, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la
eliminación de los privilegios fiscales, dándose implícitamente por terminada la industrialización como
objetivo de la política económica. Este plan económico es parte de un proyecto político superior adoptado
por las fuerzas armadas, como solución de largo plazo a la situación de crisis social a la que se llega en la
primera mitad de los años ‘70. Y más allá de la represión y la voluntad de perpetuarse en el poder todo el
tiempo que considera necesario, el gobierno militar plantea la tarea de modificar radicalmente las
estructuras de relaciones sociales e instituciones en las que, a su entender, reside la causa primera de la
crisis.
El plan económico se elabora atendiendo al proyecto político de disciplinamiento de la sociedad toda. Su
noción constitutiva es considerar el sistema económico de libre mercado, como condición necesaria para
la existencia de una sociedad disciplinada, ya que para el grupo encaramado en el poder, sin la reforma
política-económica la Argentina es ingobernable bajo el sistema democrático representativo. La estrategia
principal adoptada por la conducción económica encabezada por el ministro José Alfredo Martínez de
Hoz, para instaurar una economía de libre mercado es la apertura del mercado interno a la competencia
externa. Hace efectiva esta apertura mediante dos tipos de medidas: 1) la reducción de aranceles a la
importación y 2) el descenso del tipo de cambio de paridad de la moneda argentina con respecto a las
extranjeras.
La política de apertura es un instrumento para disciplinar el mercado de trabajo y la conducta de la clase
trabajadora; pero lo peculiar de este procedimiento, es que para disciplinar a la clase obrera es necesario
hacerlo también con la clase empresaria.
Con la apertura del mercado interno, se proyecta la desaparición del convenio colectivo de trabajo y del
poder sindical, pero junto con ellos, también, del sistema de privilegios por medio del cual las empresas
se benefician en nombre de la industrialización.
El programa económico de abril de 1976 se propone elevar la eficiencia del sistema productivo,
restablecer el papel hegemónico del mercado en la asignación de recursos y la distribución del ingreso así
como restringir la participación del Estado en el proceso económico. Esta estrategia de largo plazo
intenta, como objetivos simultáneos frenar la inflación y restablecer el equilibrio de los pagos externos.
De este modo, aquel programa no constituye sólo una respuesta de emergencia para enfrentar la crítica
situación de principios de 1976; propone sobre todo una salida económica de largo plazo y un
determinado modelo de inserción de la economía argentina en el sistema internacional. De esta manera, el
núcleo de la política económica se define en dos grandes líneas: la apertura de la economía y la
liberalización del mercado de capitales.
La Ley de Entidades Financieras de 1977 introduce cambios importantes en el sistema financiero;
paralelamente, incorpora importantes medidas por medio de resoluciones del Banco Central. Los
principales cambios producidos por esta reforma financiera son: 1) libertad de tasas de interés; 2)
eliminación de restricciones tanto a la entrada en el sector bancario como a la apertura de sucursales; 3)
cuenta de regulación monetaria y 4) régimen de garantía de depósitos .
Vale decir, que la reforma del sistema financiero, está orientada a incentivar la competencia eliminando
restricciones al crecimiento del sistema financiero, liberando tasas de interés y neutralizando las
distorsiones del proceso inflacionario que afecta tanto a operaciones dentro de una institución como a
instituciones de naturaleza diferente. En palabras de sus autores, el nuevo sistema financiero debe ser
“apto, competitivo y solvente”. La competencia de instituciones homogéneas entre sí, dentro de un
mercado único (para todo el país) y en un ambiente de regulación mínima habría de conducir a una
posición más eficiente y, en consecuencia, a la disminución de los costos de intermediación financiera.
El sistema financiero se hace más complejo. Los depósitos bancarios crecen en términos reales un 16 %
en 1978, un 35 % en 1979 y un 19 % en 1980; es decir, en el período de tres años que va desde fines de
1977 hasta fines de 1980 (año en que comienza la crisis del sistema financiero), los depósitos o pasivos
bancarios aumentan un 76 %. Un proceso similar se observa en el endeudamiento externo, que crece
significativamente en el mismo período; sin embargo, a diferencia del primero, este fenómeno está
íntimamente relacionado con la evolución del sistema financiero internacional.
Frente a la crisis, el ordenamiento financiero representa una corrección positiva, ya que el control que
teóricamente debe ejercer el Banco Central es desbordado desde 1975. Los bancos no son a partir de
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entonces, más que proveedores de fondos baratos a una clientela seleccionada, para que ésta pueda
colocarlos en el mercado de corto plazo a altas tasas de interés nominales. Desde esa visión la reforma
financiera es un acto de realismo, que suprime las distorsiones institucionales del mercado.
Pero más allá de sus propósitos correctivos coyunturales, la reforma del sistema financiero es una
decisión política integrada al proyecto de largo plazo de la conducción económica. Frente al objetivo de
hacer del mercado el medio idóneo de disciplinamiento social, la reforma financiera es el complemento
indispensable de la apertura de la economía.
La expansión financiera facilita el acceso del crédito aunque a elevado costo, y en algunos casos, satura la
capacidad de endeudamiento de muchas empresas. Esta vulnerabilidad de las entidades financieras que
alcanza su situación más crítica cuando se produce la crisis de endeudamiento externo de 1980 puesto que
pone en evidencia la sensibilidad del mercado financiero en relación con la insolvencia de los deudores, el
tipo de cambio y los fraudes financieros.
El desequilibrio tiende a un mayor endeudamiento no para expandir el capital real sino para cubrir
brechas financieras a lo que se le suma el aumento de la tasas de interés real y nominal que terminarán
por llevar a la quiebra a una parte importante del sistema productivo. Los autores que analizan la
economía coinciden en señalar que un grupo de empresas tanto de capital nacional como extranjeros se
consolidan como fracción dominante de la burguesía en la medida que tiene importante acceso al crédito
externo así como son beneficiarias de las políticas de Estado o contratistas de empresas públicas y reciben
exenciones impositivas.
Luego de la crisis de los 80, dos actores emergen con claridad y se consolidan en este periodo, tal como
menciona R. Sidicaro: los organismos internacionales de crédito que se constituyeron en nuevos
interlocutores: el FMI y el Banco Mundial que fueron una temprana incorporación a un proceso en
gestación: la globalización y en segundo lugar los grupos económicos.
Ambos encontraron diversas maneras de obtener ganancias.
“El incremento de la deuda externa significó para la Argentina una temprana entrada en el entonces
incipiente proceso de globalización, cuyas consecuencias perjudicaron la autonomía de toma de
decisiones de todos los gobiernos posteriores a la dictadura. La deuda dejó establecida en el plano externo
una situación de merma de la soberanía nacional y en el interno un tipo de relación Estado- sociedad en la
que las consecuencias de la globalización financiera afectaron, prácticamente, al conjunto de la vida
social”
El Estado se orientaba a transferir sus recursos a los grupos financieros también por regímenes especiales
de promoción, estatización de la deuda cuando fue necesario, etc. Por otro lado, se impulsan políticas para
eliminar la posibilidad de veto del sector laboral: del Estado impulsor se pasó al reasignador de recursos
de un sector a otro de la economía y de todos ellos hacia el exterior con una brusca caída del salario real y
en los niveles de empleo.
Los nuevos actores sociales están relacionados con los servicios, las finanzas y la industria que articulan
con el Estado en condiciones de contratista primero de empresas públicas subsidiadas y luego como
compradores de éstas a través de capitalización de la deuda. Mientras que el empresariado medio
característico del periodo anterior ve disminuir su importancia y peso creciente, quebrar o reconvertirse
en importadores.
Entre 1976 y 1983 tuvo lugar una continua y significativa redistribución del ingreso pero también –y
como puede inferirse de lo dicho anteriormente – las transformaciones más importantes se produjeron en
el sector industrial. La dictadura removió las bases de la industrialización que se venía desarrollando
desde 1930.
Por primera vez la industria mostró una tasa anual de crecimiento del producto inferior al promedio
global (2,1%). La ocupación industrial también creció más lentamente que la ocupación total. Tendencias
totalmente contrastantes con las registradas durante la vigencia del modelo desarrollista.
Puede afirmarse así que el principal resultado del modelo fue la pérdida del liderazgo que la
industrialización sustitutiva había tenido hasta 1976 en relación con el desarrollo económico global, sin
que fuera reemplazada por otro factor dinámico.
El programa económico de la dictadura militar se derrumba junto con el estallido del plan de estabilidad
en 1981, cuando el déficit fiscal crece a más del 13% del PBI y el saldo de la balanza comercial se vuelve
negativo. Con la posterior interrupción del flujo de financiamiento externo, la licuación de pasivos
empresarios y la estatización de la deuda externa privada se definen las restricciones en base a las cuales
operaron las cuentas públicas y la economía argentina durante la década del ochenta. A partir de allí, se
desmantelaron aún más las precarias bases del pacto fiscal en la sociedad argentina y explotaron todas las
distorsiones contenidas y ocultas en el mercado de trabajo (erosionando las fuentes del impuesto al
salario).
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Texto tomado de BASUALDO Victoria, FORCINITO Karina (comp.) (2007) Transformaciones recientes en la
economía argentina. Tendencias y perspectivas. Buenos Aires. Prometeo. Capítulo I.
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