José Ramón Mariño, miembro de ATTAC Bizkaia, anuncia que presentarán mociones en los ayuntamientos para lograr la paralización de las negociaciones del TTIP entre EEUU y la UE. Considera que el tratado conllevará la privatización de servicios públicos y amenazará la democracia al permitir que corporaciones demanden a estados. El ciudadano se verá afectado en su vida diaria en áreas como alimentación, medio ambiente y empleo. Desde ATTAC pretenden informar a la ciudadanía sobre

1. "No habrá freno a la privatización de los servicios públicos con el tratado comercial entre EEUU y Europa" José Ramón Mariño es miembro del movimiento ATTAC Bizkaia. Natalia González de Uriarte El Diario.es 24/08/2014 José Ramón Mariño, economista de Attac, anuncia la presentación de mociones en los ayuntamientos para lograr la paralización de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión. Consideran que el tratado, de salir aprobado, conllevará, entre otros perjuicios al ciudadano, la privatización de servicios públicos como el agua, la sanidad o la educación". "Lo que plantea la alianza es una verdadera amenaza a la democracia", advierte Mariño. José Ramón Mariño es economista y miembro de ATTAC, una organización civil independiente trata de influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. El colectivo presentará a partir de septiembre en los ayuntamientos mociones para lograr la paralización de las negociaciones entre EEUU y Europa sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión y declarar los municipios insumisos y opuestos al TTIP. El economista considera que de aprobarse esa alianza serán muchos los perjuicios para los ciudadanos. "Lo que plantea es una verdadera amenaza a la democracia", advierte. Mariño cree que la aplicación de este convenio desembocará en "la privatización de los servicios públicos como el agua, la sanidad o la educación" además de desempleo. Desde el movimiento ATTAC

2. pretenden trasladar a la ciudadanía los peligros de este tratado a través de la información, difusión y la movilización. "Será uno de los primeros pasos para poder influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar este proceso de negociación". ¿Por qué se hace un tratado de libre comercio si se supone que las barreras arancelarias entre EEUU y Europa no son elevadas? Los grupos empresariales de ambos lados del océano llevan años soñando con un acuerdo entre ambos y han defendido de forma sistemática una idea de acuerdo de amplio alcance. Desde el Dialogo Empresarial Transatlántico del año 1995, la creación del Consejo Económico Transatlántico de 2007 al TTIP actual, es todo un proceso y en palabras del Jefe negociador de la UE el momento del acuerdo es el adecuado por las condiciones económicas y políticas. Y efectivamente los aranceles son tan bajos que apenas pueden reducirse ya, pero los funcionarios negociadores de ambos lados reconocen que el verdadero y principal objetivo es eliminar las barreras reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones trasnacionales en ambos mercados. Y ellos llaman “barreras” a algunas de nuestras normas sociales y regulaciones ambientales más preciadas, como los derechos laborales, los reglamentos de sustancias químicas tóxicas, la seguridad alimentaria, etc ¿A qué niveles puede llegar a afectar? ¿Lo va a notar el ciudadano de a pie? El ciudadano lo acabará notando en infinidad de facetas de su vida cotidiana. Por ejemplo, en Europa funciona el principio de cautela, es decir hay que demostrar que una sustancia química es segura antes de usarla, mientras que en EEUU este principio no se aplica. Las normas de seguridad alimentaria en Europa son más estrictas y frenan las importaciones de alimentos transgénicos, alimentos tratados con pesticidas, hormonas, cloro, etc que los EEUU sí permiten. Europa ve con recelo el fracking y EEUU no. Inmersos en la crisis derivada de la economía financiera, se pretende rebajar las regulaciones al efecto. No habrá frenos a la privatización de los servicios públicos: agua, sanidad, educación, etc Y muchos aspectos más. Nos afectará notablemente en el día a día. Los reacios a este convenio afirman que peligra el empleo, ¿en qué se basan para asegurarlo? La propia Comisión Europea ha admitido que es probable que el tratado provoque perjuicios prolongados y considerables para los trabajadores europeos, pues el incremento comercial con EEUU

3. tendrá un shock inicial en los sectores industriales más afectados que obligará a una reestructuración. Hablamos de productores de carne, fertilizantes, azúcar, metal, madera, papel, etc. Los ajustes que serán necesarios llevan asociados unos costes que deberán afrontar. Y aunque algunos sectores aumenten la empleabilidad, la transferencia no es automática, se precisará formación y ello implica de nuevo costes y medidas preventivas, que de entrada no se contemplan en el tratado. La experiencia del tratado EEUU, Méjico y Canadá no es nada halagüeña al respecto. Por no citar la posible pérdida de derechos laborales, no debemos olvidar que EEUU no ratifica convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con libertad sindical, negociación colectiva, etc. Pero según la Comisión Europea, el acuerdo supondría unos beneficios anuales de 119.000 millones de euros, es decir 545 euros por hogar y nuestro país sería el cuarto beneficiado en creación de empleo y riqueza. Desde Attac insisten en rebatir estas afirmaciones, ¿por qué? Estos datos son los de un estudio encargado por la Comisión Europea que suscita muchas dudas sobre su metodología, y sobre el modelo econométrico utilizado por introducir hipótesis poco realistas y no ajustarse a la realidad global económica. Además el trasvase de las ganancias empresariales a las ganancias familiares no se sigue de manera lógica. En España las grandes empresas aumentan sus beneficios, mientras que las rentas familiares menguan. La propia CEE concluye que el crecimiento esperado sería del 0,1% y el ritmo de crecimiento del 0,01%, que realmente es trivial si lo comparamos con los riesgos socioeconómicos y medioambientales que supone. De todas formas sería muy conveniente un debate abierto sobre la fiabilidad de las predicciones, sobre si los supuestos beneficios recaerán sobre la población, sobre los impactos territoriales y familiares de la implantación del TTIP. Entre las consecuencias que pronostican señalan que las grandes empresas se van a situar por encima de los estados. Eso, a ciertos niveles, ya sucede ¿Se podría agudizar de entrar en vigor el tratado? Efectivamente las grandes empresas tienen una gran capacidad de lobby y su influencia es evidente. Pero lo que el tratado plantea es una verdadera amenaza a la democracia, pues establece la posibilidad de que las corporaciones transnacionales demanden directamente a los países por pérdidas en sus áreas de competencia, derivadas de decisiones de política pública, es decir se otorga a las corporaciones el poder de cuestionar las decisiones democráticas tomadas por los estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten a sus beneficios. Y esta disposición

4. para la resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS) se articula a través de tribunales de arbitraje que no dejan de ser tribunales irregulares, pues no son jueces con autoridad pública. Como si no hubiese confianza en los sistemas de justicia nacionales. "La capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está surtiendo efectos" El ciudadano que vive ajeno a estas negociaciones. ¿Por qué un asunto de esta índole no trasciende cuando, según apuntan, afectará en la vida cotidiana de todos? Todo el proceso está siendo opaco, por voluntad de los negociadores. Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentarios nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la comisión. Y los pocos fragmentos que han sido publicados o filtrados han generado considerable inquietud. Se está tratando con mucho celo el acceso a la información, hasta el punto de que hace unos meses se citó a los representantes de los estados miembros para enseñarles cómo controlar y coordinar la comunicación referente al TTIP. Una reciente sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea del 3 de Julio sobre la obligación de permitir el acceso a la documentación de una negociación internacional es un atisbo de esperanza respecto a que podamos conocer todo lo que se negocia. Veremos. Entonces, a parte del derecho a la protesta, ¿qué alternativa le queda al ciudadano para frenar las negociaciones que se llevan al margen incluso de las cámaras parlamentarias? Bueno, el esfuerzo que hacemos de información, difusión, etc desde algunos movimientos como ATACC Bizkaia pretende el conocimiento de la ciudadanía y que esta invite a los políticos, diputados europeos y gobiernos a manifestar su voluntad al respecto y se opongan al proyecto. En principio el Tratado debe validarse por los estados miembros, luego por el Parlamento europeo y posteriormente por los parlamentos nacionales. Y en todas esas instancias la capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está surtiendo efectos. Las plataformas contrarias a la alianza preparan mociones en Ayuntamientos pero estas desaprobaciones no harán temblar a los poderosos EEUU. ¿Qué esperan conseguir? Efectivamente tenemos en marcha iniciativas de carácter municipal y la constitución de una plataforma de Noalttip que presentaremos en

5. septiembre, y también está en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea que apoyamos. Nuestra pretensión en simple, y es la de trasladar al conjunto de la ciudadanía los peligros de este tratado, con todo lo que conlleva. Y a través de la información, difusión y la movilización influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar este proceso de negociación. ¿Cuál es el posicionamiento del actual Gobierno de España? El Gobierno de España está totalmente a favor del tratado, como no podía ser de otra forma conociendo su programa económico, social y medioambiental, que representa claramente los intereses de la economía capitalista neoliberal. ¿Y el resto de la UE? En general parecen bastante favorables al acuerdo, con muchos matices y dudas concretas según de que país se trate, con contestación social creciente y conocimiento ciudadano cada vez mayor. Iremos viendo a futuro si hay o no cambios de criterio.