Garantizar la promoción, protección y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de los principios y objetivos que deberán observarse en el diseño y aplicación de la política pública para la promoción y protección integral de los derechos de los adultos mayores.

1. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su
cumplimiento, mediante la regulación de los principios y objetivos que
deberán observarse en el diseño y aplicación de la política pública para
la promoción y protección integral de los derechos de los adultos
mayores.
ARTÍCULO 2°.- Transitar dignamente la última etapa del ciclo vital
dignamente es un derecho personal y su protección un derecho social
en los términos de esta ley.
ARTÍCULO 3°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Adulto mayor: toda persona que tenga cumplidos 60 años de
edad y que se encuentre domiciliada o en tránsito en el territorio
nacional.
1

2. II. Asistencia social: conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al
individuo su desarrollo integral, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.
III. Atención integral: satisfacción de las necesidades físicas,
materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales,
recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas
mayores, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales,
usos y costumbres y preferencias.
ARTÍCULO 4°.- El cumplimiento de la presente Ley será
responsabili dad del grupo familiar primario, de la comunidad y del
Estado Nacional, quien actuará brindando su apoyo a la familia a través
de sus organismos competentes. Para el caso de que el adulto mayor
careciera de grupo familiar primario, o de que éste no disponga de los
recursos mínimos necesarios para brindarle la atención integral que
requiere, la misma será responsabili dad del Estado, quien lo hará en
forma directa, a través de sus organismos locales o regionales, o en
forma de responsabilidad delegada a asociaciones o redes de apoyo
comunitarias organizadas al efecto.
ARTÍCULO 5°.- La Comunidad, por motivos de solidaridad y en
ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y
garantías de las personas adultas mayores.
ARTÍCULO 6°.- La familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las personas adultas mayores el disfrute pleno y el efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías.
2

3. Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad.
ARTÍCULO 7°.- Toda persona, entidad, organización no gubernamental
o grupo social, podrá denunciar ante los órganos competentes, todo
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación
a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que
contravenga cualquier norma que regule materias relacionadas con las
personas adultas mayores.
La omisión en la observancia de los deberes que por la presente
corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a
toda persona a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin
de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas
expeditas y eficaces.
ARTÍCULO 8°.- Para prevenir y proteger a las personas adultas
mayores contra la violencia doméstica, se aplicarán las medidas de
protección y los procedimientos ordenados en la Ley contra la violencia
familiar 24.417.
TÍTULO SEGUND O
DE LOS PRINCIPIOS Y LOS DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS
3

4. ARTÍCULO 9°.- Son principios rectores en la observación y aplicación
de esta Ley:
I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se
realicen en beneficio de las personas adultas mayores estarán
orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de
decisión y su desarrollo personal y comunitario.
II. Participación. Las personas adultas mayores tendrán
inserción en todos los órdenes de la vida pública. En los
ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta;
asimismo se promoverá su presencia e intervención.
III. Equidad. Las personas adultas mayores recibirán un trato
justo y equitativo en las condiciones de acceso y disfrute de
los bienes y servicios necesarios para su bienestar, sin
distinción por sexo, situación económica, identidad étnica,
fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia.
IV. Corresponsabilidad. Para la consecución del objeto de esta
Ley, se establece la concurrencia y responsabili dad
compartida de los sectores público y privado, en especial de
las comunidades y familias.
V. Atención preferente. El Estado, así como los sectores social
y privado, deberán implementar programas acordes a las
diferentes etapas, características y circunstancias de las
personas adultas mayores.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 10°.- De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene
por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes
4

5. derechos, que son de orden público, irrenunciables, interdependientes,
indivisibles e intransigibles.
I. A la integridad, dignidad y preferencia:
a) A una vida con calidad y protección por parte de la familia,
la comunidad, y el Estado.
b) Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de
los derechos que ésta y otras leyes consagran.
c) A una vida libre y sin violencia.
d) Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
e) A la protección contra toda forma de explotación.
f) A vivir en entornos seguros y dignos, que respondan a sus
necesidades y requerimientos y en donde ejerzan
libremente sus derechos.
II. A la seguridad jurídica:
a) A recibir información y apoyo del Estado para el ejercicio
pleno de sus derechos.
b) A recibir un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento administrativo o judicial que los involucre.
c) A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los
procedimientos administrativos o judiciales en que sea
parte y contar con un representante legal cuando lo
considere necesario.
d) En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se
deberá tener atención preferente en la protección de su
patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar
sin presiones ni violencia.
III. A la salud, la alimentación y la convivencia familiar:
5

6. a) A tener acceso a los satisfactores necesarios,
considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones
humanas o materiales para su atención integral.
b) A tener acceso preferente a los servicios de salud, con el
objeto de que gocen cabalmente de un bienestar físico,
mental y psicoemocional.
c) A recibir orientación y capacitación en materia de salud,
nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca
su cuidado personal.
d) Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario
de las instituciones públicas para el cuidado y atención de
las personas adultas mayores en el seno familiar.
IV. A la educación:
a) A acceder a todos los niveles del sistema educativo.
b) A disponer de una arquitectura amigable y accesible en los
establecimientos educativos y los centros recreativos y
culturales, que simplifique su ingreso y permanencia en los
mismos.
c) A participar de actividades socio recreativas, ya sean
culturales, turísticas, de esparcimiento y deportivas que
contemplen la integración con sus pares.
d) A disponer de precios accesibles en las entradas a
espectáculos culturales, artísticos, musicales, deportivos y
sociales
V. Al trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o
de otras opciones que les permitan un ingreso propio y
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo
deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la
6

7. Ley de Contrato de Trabajo y de otros ordenamientos de
carácter laboral.
VI. A la asistencia social:
a) A ser sujetos destinatarios de programas sociales en caso
de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de
subsistencia.
b) A ser sujetos destinatarios de programas para contar con
una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
c) A ser sujetos de programas que contemplen su atención
integral, si se encuentran en situación de riesgo o
desamparo.
VII. A la participación:
a) A participar en la planificación de políticas de desarrollo
social, a través de la formulación y aplicación de las
decisiones que afecten directamente a su bienestar,
barrio, comunidad o municipio.
b) De asociarse y conformar organizaciones de personas
adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en
las acciones dirigidas a este sector.
c) A participar en los procesos productivos, de educación y
capacitación de su comunidad.
d) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su
comunidad.
e) A formar parte de los diversos órganos de representación
y consulta ciudadana.
VIII. Al acceso a los Servicios:
7

8. a) A tener una atención preferente en los establecimientos
públicos y privados que prestan servicios al público.
b) A disponer de dispositivos o contar con modalidades
especiales que faciliten el uso y/o acceso adecuado a los
servicios.
c) A contar con asientos preferentes en los establecimientos
que prestan servicios al público y en los servicios de
autotransporte de pasajeros.
TÍTULO TERCERO
DE LOS DEBERES DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 11°.- El Estado garantizará las condiciones óptimas de
salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad
social a las personas adultas mayores. Igualmente proporcionará:
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada
que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá
contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado,
así como con los recursos humanos necesarios para que se
realicen procedimientos alternativos en los trámites
administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. El
Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas
para las personas adultas mayores tanto en el transporte
público como en los espacios arquitectónicos.
8

9. II. Información: Las instituciones públicas y privadas, a cargo
de programas sociales deberán proporcionarles información
y asesoría tanto sobre las garantías consagradas en esta
Ley como sobre los derechos establecidos en otras
disposiciones a favor de las personas adultas mayores.
III. Registro: El Estado recabará la información necesaria del
Instituto Nacional de Estadística y Censo, para determinar la
cobertura, extensión y características de los programas y
beneficios dirigidos a las personas adultas mayores.
ARTÍCULO 12°.- El Estado promoverá la publicación y difusión de esta
Ley para que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas
mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad.
ARTÍCULO 13°.- Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente
marginada o discriminada en ningún espacio público o privado, por
razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición
social.
ARTÍCULO 14°.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir
su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá
velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte
de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios
para su atención y desarrollo integral. Tendrá para con ellos las
siguientes obligaciones:
I. Brindar alimentos de conformidad con lo establecido en el
Código Civil.
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la
persona adulta mayor participe activamente, y promover al
mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades
afectivas, de protección y de apoyo.
9

10. III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto
de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia
y cualquier hecho o acto jurídico que ponga en riesgo su
persona, bienes y derechos.
TÍTULO CUARTO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS
ARTÍCULO 15°.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas
adultas mayores los siguientes:
I. Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y
mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus
capacidades en el seno de la familia y de la sociedad,
incrementando su autoestima y preservando su dignidad
como ser humano.
II. Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio
de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el
territorio nacional.
III. Garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna,
promoviendo la defensa y representación de sus intereses.
IV. Establecer las bases para la planificación y concertación de
acciones entre organismos gubernamentales,
10

11. organizaciones intermedias, organizaciones comunitarias y
organismos internacionales, en especial de los países
integrantes del MERCOSUR, para potenciar la inversión
social en políticas destinadas a los adultos mayores y lograr
un funcionamiento coordinado en los programas y servicios
que presten a este sector de la población.
V. Impulsar la atención integral e interinstitucional de los
sectores público y privado de conformidad a la legislación
vigente, y evaluar y controlar el funcionamiento de los
programas y servicios de acuerdo con las características de
este grupo social.
VI. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para
consensuar programas y acciones que permitan su
incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y
equitativo.
VII. Desarrollar mecanismos de consenso para el diseño de las
políticas sociales para los adultos mayores que impliquen
participación activa y organizada de las instituciones
científicas, sociedades de geriatría, gerontología,
universidades y toda otra organización que haya
desarrollado experiencia científica y/o profesional en estos
ámbitos.
VIII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura
de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su
revalorización y su plena integración social, así como
procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto,
solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin
de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de
su edad, género, estado físico o condición social.
11

12. IX. Promover la participación activa de las personas adultas
mayores en la formulación y ejecución de las políticas
públicas que les afecten.
X. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores observando el principio de equidad de
género, por medio de políticas públicas, programas y
acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos,
oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres
así como la revalorización del papel de la mujer y del
hombre en la vida social, económica, política, deportiva,
cultural y familiar, así como la no discriminación individual y
colectiva hacia la mujer.
XI. Fomentar y fortalecer la permanencia, cuando así lo
deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo
familiar y comunitario.
XII. Propiciar formas de organización y participación de las
personas adultas mayores, que permitan enriquecer a la
sociedad con su experiencia y conocimiento.
XIII. Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e
institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y
garantizar la asistencia social para todas aquellas que por
sus circunstancias requieran de protección especial por
parte de las instituciones públicas y privadas.
XIV. Establecer las bases para la asignación de beneficios
sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la
población, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
XV. Propiciar su incorporación a los procesos productivos
emprendidos por los sectores público y privado, de acuerdo
a sus capacidades y aptitudes.
12

13. XVI. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y
becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales
se logre su reincorporación al sector productivo, y en su
caso a su desarrollo profesional.
XVII. Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad
social establezcan las disciplinas para la formación en
geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura
de los servicios integrales de salud requeridos por la
población adulta mayor.
XVIII. Incorporar en los programas de salud dirigidos a atender las
necesidades de las personas en las diferentes etapas del
ciclo de vida, medidas de prevención y promoción de la
salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y
favorecer un envejecimiento saludable.
XIX. Fomentar la realización de estudios e investigaciones
sociales de la problemática inherente al envejecimiento que
sirvan como herramientas de trabajo a las instituciones del
sector público y privado para desarrollar programas en
beneficio de la población adulta mayor.
XX. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio
de las personas adultas mayores, con el propósito de
sensibilizar a las familias y a la sociedad en general
respecto a la problemática de este sector.
XXI. Estimular y favorece la utilización del tiempo libre disponible
de las personas mayores hacia actividades culturales,
físicas y/o deportivas, y otras que podrían contribuir en una
mejora de su calidad de vida.
XXII. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a
beneficiar a las personas adultas mayores en situación de
vulnerabilidad social y poner a su alcance los servicios
13

14. asistenciales necesarios, así como la información sobre los
mismos.
XXIII. Fomentar la creación de espacios de expresión para las
personas adultas mayores.
ARTÍCULO 16°.- Para la consecución de los objetivos, el Estado
deberá atender a los siguientes criterios:
I. Transversalidad en las políticas públicas a cargo de las
distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Nacional, a partir de la ejecución de programas y acciones
coordinadas.
II. Federalismo, tanto en lo concerniente al alcance y
extensión de las políticas públicas como al desarrollo de
programas y actividades para el fortalecimiento institucional
de las dependencias responsables de la aplicación de las
disposiciones jurídicas que regulen la materia en las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios.
III. Articulación y fortalecimiento de vínculos con los
poderes Legislativo y Judicial en las distintas
jurisdicciones.
CAPÍTULO II
DE LA CONCURR ENCIA ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS
PROVINCIAS, LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LOS
MUNICIPIOS
ARTÍCULO 17°.- La política pública para la promoción y protección
integral de los derechos de las personas adultas mayores debe ser
14

15. implementada mediante una concertación articulada de acciones de la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios.
.ARTÍCULO 18°.- Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan
materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia
del Estado Nacional, las provincias y los municipios, se aplicarán y
ejecutarán mediante convenios generales y específicos.
ARTÍCULO 19°.- El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios concurrirán y acordarán
especialmente para:
I. Determinar las políticas hacia las personas adultas
mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus
programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.
II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos
para la organización y funcionamiento de las instituciones de
atención a las personas adultas mayores.
CAPÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ARTÍCULO 20°.- En su formulación y ejecución, las políticas públicas,
particularmente las vinculadas a Desarrollo Social, deberán ser
congruentes con los principios y objetivos de esta Ley.
15

16. ARTÍCULO 21°.- Son obligaciones del Estado en materia de Desarrollo
Social:
I. Promover medidas de acción positivas que garanticen al
adulto mayor la igualdad real de oportunidades y de trato y
el pleno ejercicio de sus derechos sociales.
II. Fomentar la participación de los sectores social y privado en
la promoción, seguimiento y financiamiento de los
programas de atención a las personas adultas mayores.
III. Establecer convenios de colaboración con instituciones y
organismos públicos, sociales y privados y promover la
suscripción de Convenios Internacionales en materia de
atención a las personas adultas mayores.
IV. Dirigir dispositivos de capacitación que faciliten y mejoren
las capacidades organizativas así como de profesionales,
técnicos y personas de la comunidad para la atención y
promoción de los adultos mayores.
V. Integrar las acciones derivadas de las políticas públicas con
organismos gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, provinciales, municipales, e internacionales.
VI. Participar en la elaboración de normativa destinada a la
protección integral de la familia y el adulto mayor y propiciar
la elaboración de normas de acreditación de hogares
geriátricos, centros de día y otras modalidades de atención
a los mayores.
VII. Promover instancias de diagnóstico e investigación
conjuntamente con organizaciones científicas tales como
universidades y sociedades científicas en la temática de los
adultos mayores.
VIII. Contar con dispositivos de emergencia que brinden
asistencia oportuna y eficaz a los adultos mayores que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
16

17. IX. Diseñar una política alimentaria y de ingresos que
contemple las especificidades de este sector de la
población.
X. Proporcionar asistencia técnica a las provincias,
municipalidades, instituciones y entidades intermedias que
lo soliciten, tendiente a la implementación de una política
integral y conjunta en materia de tercera edad;
XI. Contar con servicios de asistencia y orientación jurídica en
forma gratuita, en especial aquellos que se refieren a la
seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y
testamentaria.
XII. Disponer programas de prevención y protección para las
personas adultas mayores en situación de riesgo o
desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o
albergarlos en instituciones adecuadas.
XIII. Coadyuvar con el Ministerio Público en la atención y
protección jurídica de las personas adultas mayores
víctimas de cualquier delito.
XIV. La promoción, mediante la vía conciliatoria, de la solución a
la problemática familiar.
XV. La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes,
sobre la violación de los derechos de las personas adultas
mayores, haciéndolos del conocimiento de las autoridades
competentes y de ser procedente ejercitar las acciones
legales correspondientes.
XVI. La denuncia ante las autoridades competentes, cuando sea
procedente, de cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso
físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia,
explotación, y en general cualquier acto que perjudique a las
personas adultas mayores.
17

18. XVII. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo
a las familias para que la falta de recursos no sea causa de
separación de las personas adultas mayores.
ARTÍCULO 22°.- Es obligación del Estado en materia de Educación,
estimular desde los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales,
acciones que contemplen:
I. La creación y perfeccionamiento de cursos, seminarios y
carreras formales y no formales de capacitación en todas las
áreas del saber, que garanticen a los adultos mayores el
acceso a la educación pública en todos sus niveles y
modalidades y a cualquier otra actividad que contribuya a su
desarrollo intelectual, permitiéndole conservar una actitud de
aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de
educación y capacitación que tienda a su realización
personal.
II. La difusión de las características y particularidades del
proceso de envejecimiento en todos los niveles de la
educación formal, preescolar, primaria, secundaria, terciaria
y/o universitaria y posgrado. Asimismo, se implementarán
programas de educación no formal en los diferentes ámbitos
de participación comunitaria que permitan revalorizar esta
etapa de la vida.
III. La formulación de programas educativos de licenciatura y
posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de
atención en salud, así como de atención integral a las
personas adultas mayores dirigidos a personal técnico
profesional. También velará porque las instituciones de
educación superior e investigación científica incluyan la
geriatría en su currícula de medicina, y la gerontología en
18

19. las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y
ciencias sociales y humanísticas.
IV. Capacitación laboral para los adultos mayores que aún no
cumplen requisitos para obtener los beneficios jubilatorios o
que, cumpliéndolos, no desean abandonar la vida activa.
V. Facilitar el acceso a la cultura promoviendo su expresión a
través de talleres, exposiciones, concursos y eventos
comunitarios, nacionales e internacionales.
VI. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos
culturales que promuevan las instituciones públicas y
privadas.
VII. Programas culturales y concursos en los que se contemple
la participación de personas adultas mayores.
VIII. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que
facilitando su asociación y el préstamo a domicilio del
material de las mismas.
IX. Promover la formación de una conciencia comunitaria
positiva acerca del proceso del ciclo vital que conduce a la
adultez y la tercera edad, fomentando una cultura de
respeto, valoración y reconocimiento a las capacidades y
aportes de las personas adultas mayores.
ARTÍCULO 23.- Corresponde al Estado, en materia de Salud,
garantizar a las personas adultas mayores:
I. La prestación de servicios públicos de salud integrales y de
calidad, en todas las especialidades y modalidades de
atención médica.
II. Ser examinadas cuando menos una vez al año, para el
mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que
requieran en caso de enfermedad.
19

20. III. El respeto a su intimidad y la confidencialidad de los
hechos, datos, diagnósticos e información personales.
IV. El pleno ejercicio del consentimiento informado, y la
participación en las decisiones que sobre su estado de salud
se generen.
V. Programas de detección oportuna y tratamiento temprano
de enfermedades así como de atención y asistencia a
quienes sufren de discapacidades funcionales.
VI. El acceso y cobertura de la atención médica en las
especialidades de Geriatría y Gerontología.
VII. El suministro de información de salud y autocuidado, en la
cual se especificará el estado general de salud,
enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos y
dosis administradas, reacciones e implementos para
ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada,
consultas médicas, asistencias a grupos de autocuidado y
todo otro dato que resulte relevante para la prevención,
cuidado y mantenimiento de su salud.
VIII. Mecanismos de coordinación interinstitucional para el fácil y
oportuno acceso a medicamentos, prácticas e insumos.
IX. Cursos de capacitación orientados a promover el
autocuidado de la salud para que las personas adultas
mayores fortalezcan su autonomía.
X. El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles
dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la
población de adultos mayores.
XI. Acciones interinstitucionales para brindar cuidado y apoyo
a los personas adultas mayores en situación de
vulnerabilidad social o familiar.
XII. El funcionamiento de servicios alternativos a la internación,
a fin de que la persona mayor pueda recibir atención y
20

21. cuidado de su salud permaneciendo en su propio domicilio o
en el de su grupo familiar, conservando su autonomía y sus
vínculos afectivos o sociales.
XIII. La internación permanente de una persona de edad
avanzada deberá estar prescrita terapéuticamente por un
profesional de la salud, especializado en gerontología, con
expresa indicación del tipo de institución y descripción de la
atención y cuidados técnico-profesionales que deberá
recibir. Se deberá posibilitar al adulto mayor la adaptación
progresiva a la institución, evitando el sentimiento de
desarraigo y los conflictos.
XIV. La internación permanente, como cualquier otra decisión
que afecte al adulto mayor, deberá contar además con su
consentimiento explícito y por escrito, el que será archivado
en su legajo personal o historia clínica.
XV. El consentimiento del adulto mayor sólo podrá suplirse en
los casos y mediante los institutos previstos por el Código
Civil.
ARTÍCULO 24°.- Corresponde al Estado en materia de Trabajo y
Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas
mayores:
I. La implementación de los programas necesarios a efecto de
promover empleos y trabajos remunerados, así como
actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio,
habilidad o profesión.
II. El fomento a la creación de organizaciones productivas de
personas adultas mayores en grupos productivos de
diferente orden.
III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para
que las personas adultas mayores adquieran conocimientos
21

22. y destrezas en el campo de formulación y ejecución de
proyectos productivos.
IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se
identifiquen actividades laborales que puedan ser
desempeñadas por las personas adultas mayores y
orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.
V. La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través
de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y
comunitarias.
VI. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos
a personas adultas mayores que estén en condiciones de
jubilarse y deseen continuar trabajando.
VII. El estímulo al trabajo con jornada parcial, la disminución
progresiva de la jornada laboral, los horarios flexibles y la
modificación de las condiciones, el ambiente, la
organización y los lugares de trabajo a fin de maximizar el
potencial productivo y creativo de los adultos mayores.
VIII. Facilitar el acceso al trabajo de los adultos mayores
afectados por procesos de marginación o exclusión.
IX. Asistencia jurídica a las personas adultas mayores que
decidan retirarse de sus actividades laborales.
X. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos
a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de la
actividad laboral pública o privada.
XI. La implementación de programas para preparar para el
retiro a las personas adultas mayores, a los fines de
moderar el impacto que tiene el inicio de esta nueva etapa.
XII. Asegurar que las jubilaciones y pensiones mínimas que
perciban los adultos mayores permitan afrontar las
necesidades de habitación, alimentación, vestimenta, salud
y recreación.
22

23. XIII. Asegurar el adecuado nivel de los haberes previsionales
que se movilicen por su carácter sustitutivo del salario, de
acuerdo a las variaciones de las remuneraciones de los
trabajos activos.
XIV. Asegurar una pensión asistencial y servicios sociales que
satisfagan las necesidades básicas de habitación,
alimentación, vestimenta, salud y recreación, para los
adultos mayores, que por alguna razón no pueden acceder
a los beneficios del sistema previsional.
XV. La pensión asistencial tendrá cobertura universal, y el
beneficio se otorgará individualmente, no pudiendo ser
denegado por percibirlo el o la cónyuge del solicitante.
ARTÍCULO 25°.- Corresponde al Estado en materia de
Comunicaciones y Transportes, garantizar:
I. El derecho de las personas adultas mayores para acceder
con facilidad y seguridad a los servicios y programas que en
esta materia ejecuten los gobiernos nacional, provincial y
municipal.
II. Convenios que se establezcan con aerolíneas y empresas
de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional,
para que faciliten el acceso a los servicios a las personas
adultas mayores.
III. Que los servicios públicos de transporte, cuenten en sus
unidades con el equipamiento adecuado para que las
personas adultas mayores hagan uso del servicio con
seguridad y comodidad.
IV. Facilidades, descuentos o exenciones de pago de tarifas del
servicio público de transporte.
V. El establecimiento de convenios de colaboración con las
instituciones públicas y privadas dedicadas a la
23

24. comunicación masiva, para la difusión de una cultura de
aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores.
VI. Asegurar dispositivos o disponer de modalidades especiales
que faciliten el uso y/o acceso adecuado de los adultos
mayores a los servicios de comunicación.
VII. Facilitar el acceso y mantenimiento del servicio telefónico a
los adultos mayores carenciados y a los jubilados y
pensionad os que perciben haberes mínimos.
VIII. Estimular la puesta en funcionamiento de servicios de
orientación, comunicación general y ayuda telefónica que
colaboren brindando información y contención a las
personas de edad.
ARTÍCULO 26°.- Corresponde al Estado en materia de Vivienda,
garantizar:
I. Programas de vivienda que permitan a las personas adultas
mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir
una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con
ella.
II. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que
ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por
personas adultas mayores, solas o jefes de familia.
III. La previsión, en todo plan nacional de construcción de
viviendas, de un cupo de éstas para ser adjudicadas en
comodato a los adultos mayores con necesidades básicas
insatisfechas.
ARTÍCULO 27°.- En materia de Turismo, Recreación y Deporte, el
Estado deberá:
I. Impulsar la participación de las personas adultas mayores
en actividades de atención al turismo, particularmente las
24

25. que se refieren al rescate y transmisión de la cultura y de la
historia.
II. Promover actividades de recreación turística con tarifas
preferentes, diseñadas para personas adultas mayores.
III. El establecimiento de convenios con las empresas del ramo
para ofrecer tarifas especiales y/o actividades gratuitas en
los centros públicos o privados de entretenimiento,
recreación, cultura y deporte, hospedajes en hoteles y
centros turísticos.
IV. Generar y/o estimular emprendimientos comunitarios y
asociativos para la utilización del tiempo libre disponible de
las personas mayores en actividades culturales, recreativas,
físicas, deportivas, y aquellas que podrían contribuir en la
integración, el intercambio generacional, y la mejora de su
calidad de vida.
V. Promover un diseño más amplio y más específico de ofertas
deportivas para los adultos mayores.
VI. Realizar campañas integradas con las áreas de salud, para
aunar esfuerzos con los organismos e instituciones de
promoción de la actividad deportiva, entendiendo al deporte
y la actividad física como un aporte para la mejora de la
calidad de vida de las personas.
ARTÍCULO 28°.- Corresponde al Estado en materia de Obras y
Espacios Públicos:
I. Eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas que impidan
el fácil acceso de las personas adultas mayores a los
edificios y espacios públicos.
II. Adaptar gradualmente los edificios y espacios públicos que
resulten inaccesibles o de difícil acceso a las personas
adultas mayores.
25

26. III. Garantizar que la construcción de nuevos edificios y
espacios públicos respeten los estándares mínimos de
accesibilidad dispuestos por la normativa específica.
IV. Procurar que el diseño y la construcción de los espacios
públicos de esparcimiento tengan en cuenta las
necesidades lúdicas de los adultos mayores.
ARTÍCULO 29°.- En materia de Atención Ciudadana, el Estado
deberá:
I. Establecer horarios preferenciales para las personas
adultas mayores en las oficinas de atención de trámites y
servicios públicos.
II. Garantizar condiciones edilicias adecuadas y accesibles
para las personas adultas mayores en las oficinas de
atención, salas de espera y proveer baños públicos en
dichas oficinas.
III. Capacitar al recurso humano asignado a la atención directa
en las oficinas públicas a los efectos de que el contacto con
las personas adultas mayores sea de calidad.
IV. Garantizar que la información suministrada en cualquier
canal público de atención, presencial, telefónico o vía
internet sea homogénea, legible y accesible para las
personas adultas mayores.
TÍTULO QUINTO
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
26

27. CAPÍTULO I
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 30°.- El Poder Ejecutivo designará a la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, organismo que será rector de la política
pública a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto
general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las
acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de
conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en
la presente Ley.
ARTÍCULO 31°.- La Autoridad de Aplicación procurará el desarrollo
humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por
éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población,
empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades
necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida,
orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de
género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su
capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.
ARTÍCULO 32°.- En el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad de
Aplicación deberá atender los criterios establecidos en el artículo 15 de
la presente Ley.
ARTÍCULO 33°.- Para el cumplimiento de su objeto, la Autoridad de
Aplicación deberá:
I. Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para
promover el desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores, coadyuvando para que sus distintas
capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo
comunitario, económico, social y nacional.
27

28. II. Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas
mayores y presentar denuncias ante la autoridad
competente.
III. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y, en su caso,
voluntaria para las instituciones de los sectores social y
privado, que realicen acciones o programas relacionados con
las personas adultas mayores.
IV. Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y
orientación jurídica con las instituciones correspondientes.
V. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el
análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas
adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre
las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de
atenderlas mediante los programas impulsados por las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, por las
provincias y municipios y por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y por los sectores privado y social, de conformidad con
sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia.
VI. Convocar a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Nacional, provinciales y municipales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicadas a la
atención de las personas adultas mayores, así como a las
instituciones de educación, investigación superior,
académicos, especialistas y cualquier persona interesada en
el tema, a efecto de que formulen propuestas y opiniones
respecto de las políticas, programas y acciones de atención
para ser consideradas en la formulación de la política social
del país en la materia.
28

29. VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices,
estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de
las personas adultas mayores.
VIII. Proponer criterios y formulaciones para la asignación de
fondos nacionales y/o federales para el cumplimiento de la
política sobre las personas adultas mayores.
IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para
contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la
solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez,
revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en
los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como
promover la protección de los derechos de las personas
adultas mayores y el reconoci miento a su experiencia y
capacidades.
X. Fomentar las investigaciones y publicaciones geriátricas y
gerontológicas.
XI. Promover en coordinación con las autoridades
jurisdiccionales competentes y en los términos de la
legislación aplicable, que la prestación de los servicios y
atención que se brinde a las personas adultas mayores en
las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día
o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y
cumplan con sus programas, objetivos y metas para su
desarrollo humano integral.
XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus
programas y la capacitación que requiere el personal de las
instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o
cualquier otro centro que brinden servicios y atención a las
personas adultas mayores.
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones
públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de
29

30. día o cualquier centro de atención a las personas adultas
mayores para verificar las condiciones de funcionamiento,
capacitación de su personal, modelo de atención y
condiciones de la calidad de vida.
XIV. Notificar a las autoridades competentes, de las anomalías
que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares
que se mencionan en la fracción anterior.
XV. Establecer principios, criterios y normas para la elaboración
de la información y la estadística, así como metodologías y
formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la
problemática de las personas adultas mayores.
XVI. Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la
información sobre las personas adultas mayores, relativa a
los diagnósticos, programas, instrumentos, mecanismos y
presupuestos, que estarán para su consulta.
XVII. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como
promover estudios e investigaciones especializadas sobre la
problemática de las personas adultas mayores, para su
publicación y difusión.
XVIII. Celebrar convenios con asociaciones de comerciantes,
industriales o prestadores de servicios profesionales
independientes, para obtener descuentos en los precios de
los bienes y servicios que presten a la comunidad a favor de
las personas adultas mayores.
XIX. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas
mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten
de las disposiciones de la presente Ley y de más normas
aplicables del ordenamiento jurídico vigente.
XX. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y
previsiones sobre las demandas y necesidades de la
población de las personas adultas mayores en los planes y
30

31. programas de desarrollo económico y social de los tres
órdenes de gobierno.
XXI. Establecer convenios de coordinación con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos provinciales, con
la participación de sus municipios, para proporcionar
asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y
evaluación de modelos de atención, así como de las políticas
públicas a implementar.
XXII. Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos
que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.
XXIII. Promover la coordinación de acciones y programas que
realicen otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Nacional, de los gobiernos provinciales y municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan como
destinatarios a las personas adultas mayores, buscando con
ello optimizar la utilización de los recursos materiales y
humanos y evitar la duplicidad de acciones.
XXIV. Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e
internacionales, para intercambiar experiencias exitosas que
permitan orientar las acciones y programas en busca de
nuevas alternativas de atención.
XXV. Promover y difundir las acciones y programas de atención
integral a favor de las personas adultas mayores, así como
los resultados de las investigaciones su participación social,
política y económica.
XXVI. Promover la participación de las personas adultas mayores
en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean
copartícipes y protagonistas de su propio cambio.
XXVII. Promover, fomentar y difundir en las actuales y nuevas
generaciones, una cultura de comprensión, comunicación y
respeto a las personas adultas mayores en un clima de
31

32. interrelación generacional, a través de los medios masivos de
comunicación.
XXVIII. Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo l, los proyectos
legislativos en materia de personas adultas mayores, que
contribuyan a su desarrollo humano integral.
XXIX. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones
públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias
de día o cualquier centro de atención a las personas adultas
mayores.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CIUDADANO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
ARTÍCULO 34°.- La Autoridad de Aplicación contará con un Consejo
Ciudadano de personas adultas mayores, que revestirá el carácter de
órgano asesor, y tendrá como misión conocer el seguimiento dado a los
programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la
ciudadanía con relación a las personas adultas mayores y presentarlas.
Este Consejo se integrará con diez personas adultas mayores de
sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñen, de manera
equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionad os por la
Autoridad de Aplicación a convocatoria formulada a las instituciones
públicas o privadas. El cargo de Consejero será de carácter honorario.
TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
32

33. CAPÍTULO I
DE LA DENUNCIA POPULAR
ARTÍCULO 35°.- La denuncia a que se refiere el artículo 7 de este
ordenamiento, podrá ejercitarse por cualquier persona, y no se sujetará
a requisito de formalidad alguno, bastando que contenga los actos,
hechos u omisiones denunciados; los datos que permitan identificar a la
presunta autoridad infractora, y las pruebas que en su caso ofrezca el
denunciante.
ARTÍCULO 36°.- La denuncia será presentada ante el Defensor del
Pueblo de la Nación, y las formalidades del procedimiento se regirán de
acuerdo con lo que establece la Ley y las normas que regulan dicha
Institución.
ARTÍCULO 37°.- Si la queja, o denuncia, o las acciones administrativas
y judiciales referidas en el artículo 7 se presentaran ante autoridad no
competente, la autoridad ante la cual se presente deberá recibirla y dar
inmediata intervención a la autoridad competente para su trámite y
resolución, notificándole de tal hecho al peticionante.
ARTÍCULO 38°.- Todos los procedimientos se regirán conforme a los
principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la
medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y
autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
ARTÍCULO 39°.- Los hechos deberán ser denunciados por sus
representantes legales y/o el Ministerio Público. También estarán
obligados a efectuar la denuncia, los servicios asistenciales sociales o
educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo
funcionari o público en razón de su labor.
33

34. CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 40°.- Las instituciones públicas y privadas, casas hogar,
albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las
personas adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a las
normas que la autoridad competente expida para este efecto.
ARTÍCULO 41°.- El incumplimiento a la disposición contenida en el
artículo anterior será sancionado administrativamente por la
dependencia que corresponda, conforme a sus atribuciones, de
conformidad con las normas de procedimiento administrativo vigente en
cada jurisdicción.
ARTÍCULO 42°.- Cualquier persona que tenga conocimiento del
maltrato o violencia contra las personas adultas mayores deberá
denunciarlo ante las autoridades competentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 43°.- Modifíquese el artículo 2º de la Ley 25.724 Programa
de nutrición y alimentación Nacional que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º.- Dicho programa en la emergencia, está destinado a cubrir
los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas,
discapacitados y adultos mayores desde los (60) sesenta años, en
situación de pobreza. A tal efecto se considera pertinente la definición
de línea de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
34

35. (INDEC). Se prioriza a las mujeres embarazadas y a los niños de hasta
(5) cinco años de edad.
ARTÍCULO 44°.- El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación de
la presente dentro de los sesenta (60) días contados a partir de su
promulgación.
ARTÍCULO 45°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DIPUTADA GLADYS GONZÁLEZ
35

36. FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El dato elaborado por demógrafos de la Organización de
Naciones Unidas mencionando la probabilidad de que en un plazo de
50 años, haya en el mundo por primera vez en la historia, más personas
mayores de 60 años que niños menores de 150 años, hace tomar
conciencia de la urgencia que merece el diseño de políticas estatales
orientadas hacia la adultos mayores, las cuales permitan profundizar el
lema y eje central "una sociedad para todas las edades" establecido en
1999 , Año Internacional de las Personas de Edad. Una sociedad en
donde las actitudes, políticas y prácticas en todos los niveles y sectores,
incluyendo como actor principal a la familia, permitan envejecer a las
personas con seguridad y dignidad, para que puedan seguir
participando en sus sociedades como ciudadanos de pleno derecho,
contribuyendo al desarrollo y al mismo tiempo beneficiándose del
mismo.
Situando la temática en un contexto de actualidad,
comprendemos la tendencia científicamente comprobada sobre el
aumento de la expectativa de vida en alrededor de 20 años, mientras
que la tasa de fecundidad va en franco descenso. Este fenómeno es
propio de un país como el nuestro en el que según el Instituto de
Estadísticas y Censos (INDEC) se está convirtiendo en un país de
adultos mayores, y lo será cada vez más si se sigue difundiendo una
mentalidad antinatalista que mantiene al territorio como uno de los más
subpoblados de la región.
36

37. El diagnostico sobre el envejecimiento de nuestra sociedad
respecto de países del continente, se observa al analizar las
conclusiones de expertos en la materia, quienes aseveran que
Argentina se colocará en el transcurso de los próximos años como el
país más viejo de America Latina, se prevé que en este año la
esperanza de vida trepe hasta los 73,5 años en el caso de los hombres
y a 79 en el caso de las mujeres.
Para los demógrafos, una sociedad envejece cuando los
mayores de 65 años superan el 7 % de la población total. La realidad de
nuestro país se deduce mediante el 9,9 % que representa el grupo
etáreo de más de 65 años; con picos de envejecimiento de la sociedad
como el que se da en Capital Federal en donde el número llega al 16 %
del total de la población.
El fenómeno data de los años 70 y con el nombre de "invierno
demográfico" ha seguido un camino lento pero sostenido en el tiempo.
Las proyecciones de población que formula el INDEC indican
que el fenómeno de envejecimiento de la sociedad va a continuar de
manera pronunciada en este siglo si es que no se vira en las políticas
de Estado. Si en 2010 los adultos mayores de 65 años van a llegar a
representar el 10 %, las predicciones indican que en 2025 el porcentaje
de adultos mayores será en Argentina del 12 %.
Para entender la realidad que vienen viviendo en los últimos
años los adultos mayores de nuestro país, es interesante citar datos
extraídos de la publicación ¿Qué hacer después del default social?
elaborado por el grupo Sophia y la Fundación Konrad Adenauer, en
donde la actual Ministra de Desarrollo Social del Gobierno Porteño
María Eugenia Vidal afirma que el de los adultos mayores es el tercer
grupo de alta vulnerabilidad y el que padece un incremento de
37

38. consumo, en especial de servicios médicos y cuidados personales,
disminuyendo sus posibilidades de producir ingresos.
En Argentina viven alrededor de 3.5 millones de adultos de más
de 65 años, de los cuales 550 mil (15,9%) son pobres, incluso 129 mil
(3,6%) son indigentes.
Si bien el abordaje prioritario, y la necesidad de políticas públicas
focalizadas al sector se concentra en aquellos adultos mayores que se
encuentran en dicha situación de pobreza e indigencia, existe una
ausencia absoluta de políticas para la tercera edad que se propongan
como objetivo la integración plena a la sociedad de las personas
adultas mayores, en donde la autonomía, la autorrealización, la
participación, la equidad y la valoración social sean los ejes
fundamentales de su diseño.
Ahora bien, adulto mayor no se define sólo por la edad, tiene
que ver también con una conceptualización cultural. El envejecimiento
es un proceso natural, pero son las características en que vive la
sociedad las que condicionan tanto la cantidad como la calidad de vida;
en otras palabras, envejecer no sólo es un proceso biológico, sino que
también es un proceso social.
Al encontrarnos con personas que por su condición física y social
entran en un estado de vulnerabilidad, el Estado debe hacer frente a
ésta situación, a través de la acción coordinada de sus instituciones,
para que este sector cuente con nuevas oportunidades que les brinden
una mejor calidad y expectativa de vida. Por esto, en nuestros días el
fenómeno del envejecimiento reclama un detenimiento especial para
evaluar en los diferentes ámbitos (social, cultural, demográfico, legal,
etc.) cuál es la mejor manera de enfrentarlo como sociedad,
anteponiendo los principios máximos de justicia, igualdad y equidad.
38

39. A diferencia de otros grupos considerados vulnerables como
mujeres y niños los derechos de las personas adultas mayores se
encuentran superficialmente abordados, tanto por los instrumentos
internacionales como por la legislación nacional.
Las prerrogativas de las que debieran gozar los adultos mayores
no han sido consagradas en un documento global de carácter
vinculante y no se cuenta con algún mecanismo que vigile y haga valer
la obligatoriedad de la aplicación del conjunto de principios de Naciones
Unidas para este efecto.
Asimismo, las personas mayores en Argentina no cuentan con
una ley nacional específica que garantice atención integral y que
sustente derechos fundamentales. Existen leyes que hacen referencia
directa: la Ley N° 25.724 del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional, la Ley N° 21.074 sobre Subsidios y Asignaciones Familiares,
la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, la Ley N°
24.734 sobre el Derecho al uso de los servicios del sistema de
cobertura médica a beneficiarios de pensiones a la vejez. Pero son
muchos los servicios y derechos que las personas de edad avanzada
desconocen, ya que no se encuentran sistematizados en un cuerpo
normativo integral. Y no se puede vivir plenamente sin tener el
conocimiento de cuáles son los derechos y libertades fundamentales
que permitirán un desarrollo personal, familiar y social digno.
Por otra parte, ante la evidencia del avance en el número de
personas que están situadas en la categoría de adultos mayores, nos
parece apropiado poder establecer una serie de políticas sobre el
sector, que permitan una redefinición de los sistemas y servicios, para
que las personas de edad puedan no sólo disfrutar de ingresos seguros,
sino que tengan garantizado en la realidad material el pleno ejercicio de
los derechos humanos y el acceso a los satisfactores indispensables,
39

40. transitando la última etapa de la vida con la máxima dignidad
garantizada desde el Estado.
El presente proyecto de Ley tiene por objeto garantizar la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su
cumplimiento, mediante la regulación de los principios y objetivos que
deberán observarse en el diseño y aplicación de la política pública para
la promoción y protección integral de los derechos de los adultos
mayores.
Se establecen como principios rectores en la observación y
aplicación de la norma, los siguientes:
- Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se
realicen en beneficio de las personas adultas mayores
estarán orientadas a fortalecer su independencia, su
capacidad de decisión y su desarrollo personal y
comunitario.
- Participación. Las personas adultas mayores tendrán
inserción en todos los órdenes de la vida pública. En los
ámbitos de su interés serán consultados y tomados en
cuenta; asimismo se promoverá su presencia e
intervención.
- Equidad. Las personas adultas mayores recibirán un trato
justo y equitativo en las condiciones de acceso y disfrute
de los bienes y servicios necesarios para su bienestar, sin
distinción por sexo, situación económica, identidad étnica,
fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia.
- Corresponsabilidad. Para la consecuci ón del objeto de
esta Ley, se establece la concurrencia y responsabilidad
40

41. compartida de los sectores público y privado, en especial
de las comunidades y familias.
- Atención preferente. El Estado, así como los sectores
social y privado, deberán implementar programas acordes
a las diferentes etapas, características y circunstancias de
las personas adultas mayores
De manera enunciativa y no limitativa, este proyecto de Ley
tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los
siguientes derechos de orden público, irrenunciables,
interdependientes, indivisibles e intransigibles:
- A la integridad, dignidad y preferencia; a la seguridad
jurídica; a la salud, la alimentación y la convivencia
familiar; a la educación; al trabajo; a la asistencia social; a
la participación; al acceso a los servicios.
Atendiendo los principios rectores ya enunciados, se establecen
claramente los objetivos de la Política Nacional sobre las personas
adultas mayores, para cuya consecuci ón, el Estado deberá atender a
los siguientes criterios:
- Transversalidad en las políticas públicas a cargo de las
distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Nacional, a partir de la ejecución de programas y acciones
coordinadas.
- Federalismo, tanto en lo concernient e al alcance y
extensión de las políticas públicas como al desarrollo de
programas y actividades para el fortalecimiento
institucional de las dependencias responsables de la
aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen la
materia en las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios.
41

42. - Articulación y fortalecimiento de vínculos con los poderes
Legislativo y Judicial en las distintas jurisdicciones.
Asimismo, en el proyecto se dispone que con la participación de
la familia, de la sociedad y del Estado a través del esfuerzo coordinado
de diversas dependencias, organismos auxiliares y entidades de la
administración pública provincial, de los municipios y de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires, cada una en su ámbito de acción, se brinde
una atención integral a nuestros adultos mayores.
Reconocer las propias capacidades de nuestros adultos
mayores, no sólo es un acto de estricta justicia, sino una clara
posibilidad de incorporarlos o reincorporarlos en forma activa a los
distintos espacios del desarrollo social y económico de la entidad lo que
implica la apertura de nuevas oportunidades en educación y
capacitación, en ocupación laboral, en fomento cultural, deportivo,
turístico y de recreación.
Se determinan las responsabilidades del Estado en distintas
materias, y se prevé la existencia de una Autoridad de Aplicación como
órgano rector de las Políticas Públicas a favor de los adultos mayores,
que establezca las bases para la planificación y concertación de
acciones entre las instituciones públicas, privadas y sociales que
instrumenten acciones y programas para este sector de la población.
Asimismo, se incorpora un apartado de denuncias y sanciones,
para que toda persona que tenga conocimiento de acciones que
atenten contra el bienestar de cualquier adulto mayor, pueda
denunciarlo a la autoridad competente.
Nuestra Constitución Nacional, en su capítulo 4, Art. 75, Inc. 23
insta al Congreso de la Nación a legislar y promover medidas de acción
positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y
42

43. el pleno goce y ejercicio de los derechos respecto de los grupos más
vulnerables y discriminados de la trama social.
Esta propuesta, por la integralidad en sus contenidos, cumple el
mandato constitucional, a la vez que representa una acción positiva de
estricta justicia para con nuestros adultos mayores.
En virtud de lo expresado es que solicitamos a la Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
DIPUTADA GLADYS GONZÁLEZ
43