1. Trabajo esclavo e infantil
Las peores formas
El combate a la trata y explotación laboral dio paso a un fuerte
crecimiento de las causas judiciales. Resta, sin embargo, identificar a los
empresarios que extraen la mayor porción de ganancias por estas
prácticas.
El 6 de febrero fue un día claro y tórrido en el denominado “Circuito
de los Valles” de Jujuy, óptimo para el disfrute del paisaje y de los
paseos de miles de turistas. Muchos de ellos eligieron la localidad de El
Carmen, 25 kilómetros al sur de San Salvador: desde allí se accede a los
diques La Ciénaga y Las Maderas, ideales para los deportes náuticos, la
pesca de pejerreyes, las cabalgatas.
Muy cerca de esos escenarios de deleite vacacional se ubica la finca
“Los Avalos”, propiedad de Gustavo de Tezanos Pinto, donde el
Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos
constataron, ese mismo día, que al menos ocho niños de entre 9 y 15
años, descalzos, realizaban tareas vinculadas a la producción de tabaco,
8 horas diarias, en condiciones de precariedad y sin recibir salario alguno.
El relevamiento realizado en ese operativo, y el posterior
allanamiento, demostraron que en la finca vivían más de treinta familias
en condiciones extremas de falta de higiene. Mientras los padres se
dedicaban al desflore del tabaco, los niños hacían el “encañado” -es decir,
atar las hojas en pares- lo cual representa un riesgo para la salud de
cualquier persona que no cuente con los elementos de protección, ya
que las hojas de tabaco requieren la aplicación previa de plaguicidas.

2. “Mientras los niños revelaban a las autoridades la tarea que
cumplían, irrumpió Tezanos Pinto en su camioneta 4x4 y les ordenó que
vuelvan a sus tareas”, según el relato de Trabajo. El productor –
explotador “cerró las tranqueras con candados y amenazó a los
funcionarios con no dejarlos retirarse del lugar. La tensión provocada por
el encierro obligó a interrumpir el relevamiento, pero dos peones adultos
contaron que habían comenzado a trabajar en enero y aún no habían
cobrado ninguna remuneración por su tarea”.
Situaciones
No se trató de un episodio aislado. En gran cantidad de campos y
ciudades (incluidas la Capital Federal) se comprueban casos de trata
laboral, servidumbre y explotación infantil por parte de empleadores
abusivos. Prácticas que muchas veces se reiteran con ausencia de
controles estatales, pero más grave aún, con la lamentable vista gorda
de entidades empresarias y sindicales.
Lo novedoso, en este terreno, es que la problemática parece
empezar a encausarse por la vía judicial. Por lo pronto, ya se dictaron 71
procesamientos en todo el país por trata laboral, en casos que incluyen a
156 personas imputadas y a 516 identificadas como víctimas de este
delito, desde la sanción de la ley 26.364, de 2008, según surge de un
reciente informe presentado por la Procuraduría de Trata y Explotación
de Personas (Protex, del Ministerio Público Fiscal). El estudio consolida la
información de las causas iniciadas tras las acciones fiscalizadoras
realizadas por distintas áreas del gobierno nacional, en conjunto con
autoridades municipales y provinciales.
En los últimos meses se intensificaron los controles por parte de la
cartera laboral (en especial, encabezados por el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios, Renatea) y de la AFIP (a través de
la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social). No sólo
para reducir el nivel de empleo informal, que se ubica en
aproximadamente un tercio del total, sino especialmente para limitar los
casos extremos de explotación y trata laboral.
El siguiente es apenas un breve repaso de los hechos registrados
sólo en lo que va de 2014, revelador del alcance de las violaciones a los
derechos laborales y humanos de los involucrados:

En los primeros días del año, el Renatea realizó operativos en
Baradero, provincia de Buenos Aires y San Pedro, Misiones. En el
primer caso se relevó a trabajadores dedicados al desflore de maíz,

3. durmiendo en carromatos en condiciones de extrema insalubridad.
En el segundo, se detectó en un campo yerbatero que 21
trabajadores adultos y dos adolescentes acampaban con carpas
hechas de bolsas de nylon y dormían sobre colchones ubicados en
el piso, mientras que el agua que utilizaban para beber e
higienizarse provenía de una vertiente estancada.

El 15 de enero el Ministerio de Trabajo informó sobre nuevas
denuncias de trabajo infantil en las localidades bonaerenses de
Carlos Spegazzini (dos menores, de 14 y 15 años, en tareas de
apilado y corte de ladrillos) y Mar del Plata (un niño de 15,
elaborando productos alimenticios en un comercio de venta de
pollos).

El 28 de enero la AFIP comprobó que en la estancia “La Julieta”, de
Carmen de Areco, 135 peones (uno, menor) trabajaban los 7 días
de la semana y sólo cobraron el jornal de su primer día laboral.

El 31 de enero, el Renatea fiscalizó una finca de la empresa FJW
(en Ituzaingó, Corrientes) y constató que 14 trabajadores
dedicados a tareas de poda y raleo de pinos, incluidos dos menores
de 15 y 17 años, habitaban campamentos en pésimas condiciones,
sin acceso a agua potable, electricidad, ropa de trabajo ni
elementos de seguridad. En una explotación contigua, “Estancia
Las Palmas”, se relevaron similares condiciones para 15
trabajadores dedicados a la actividad forestal y ganadera.

Días después se inspeccionó la estancia yerbatera “I Pora”, en la
localidad misionera de Santa Inés Garupa, debido a reiteradas
denuncias de los propios trabajadores. De los 61 casos relevados
había un menor en tareas de cosecha, mientras las condiciones
habitacionales eran de extrema precarización.

El 6 de febrero, inspectores de Trabajo y el Renatea comprobaron
en la finca perteneciente a la firma DJC S.A., de Los Cerrillos cercana a la ciudad de Villa Dolores, Córdoba- graves
incumplimientos a la Ley de Trabajo Agrario, casos de trabajo
infantil y condiciones paupérrimas de vivienda, seguridad, higiene y
alimentación de los peones vinculados a la cosecha de papa.

Días después la cartera laboral realizó otro operativo en un campo
de plantación del mismo producto en la localidad de Pla, partido
bonaerense de Alberti, explotado por la firma Maguos SRL, donde
se encontró que una cuarta parte de los 68 trabajadores relevados
no estaba registrado y se hallaba bajo “condiciones deplorables”.

4. 
El 13 de febrero la AFIP informó que el 90% de los 117
trabajadores dedicados a la cosecha de papa en siete predios
rurales de General Belgrano (Buenos Aires) trabajaban en negro, y
varios estaban en condiciones de servidumbre, por lo que fueron
trasladados a un hotel de la zona por orden judicial. Las empresas
agrícolas serían proveedoras de importantes comercializadoras de
papas fritas congeladas en el mercado de local, pero no cumplían
con ninguna medida de higiene. Los peones -que habían sido
trasladados desde Santiago del Estero- dormían en dos colectivos
en desuso y sufrían "condiciones de vida inhumanas". La AFIP
precisó que se "investiga en forma conexa la posible tercerización
que efectuaría una importante multinacional comercializadora de
papas con las empresas en cuestión".

El mismo día en Trabajo se informó que operativos en 51
establecimientos dedicados a la siembra y cultivo de la papa,
propiedad de 41 productores, ubicados en Tandil, Azul y Lobería,
provincia de Buenos Aires. Se encontró así a 112 trabajadores en
negro, de los 185 relevados. El caso más flagrante fue el de un
campo de Lobería, propiedad de Antonio Cardoso e Hijo, donde un
menor de 15 años, oriundo de Santiago del Estero, operaba un
equipo de riego pesado durante aproximadamente 16 horas diarias.

El 14 de febrero el organismo recaudador denunció a 8 encargados
de tres talleres textiles del barrio porteño de Parque Chacabuco,
quienes fueron detenidos y procesados por los delitos de trata de
personas y reducción a la servidumbre de 57 trabajadores de
nacionalidad boliviana. A raíz de esta investigación se citaron como
imputados a los nueve dueños de las marcas de ropa M51, Narrow
(con más de 100 locales en todo el país), Berry Blue y Zurah Jeans.

Igualmente a mediados de febrero el Renatea inspeccionó seis
establecimientos en el partido bonaerense de Villarino, registró a
700 trabajadores hasta entonces informalizados e identificó a cinco
adolescentes trabajando en la cosecha de cebolla, por lo cual
intervino la Fiscalía General de Bahía Blanca.

El 18 de febrero se detectó a 11 trabajadores rurales no
registrados en la finca salteña “Las Garzas”, perteneciente a
Moreno Agrícola Ganadera S.A., que realizaban tareas de desmonte
y alambrado. Vivían hacinados en contenedores de chapa, sin
sanitarios ni agua corriente, dormían en colchones sobre el piso y
no habían recibido ninguna remuneración por su trabajo. En el
operativo se secuestró un arma de fuego Magnum 44 del titular del

5. predio, no declarada.

El 21 de febrero el Renatea detectó condiciones de hacinamiento,
precariedad y trabajo en negro en explotaciones forestales de Entre
Ríos (Concordia y Federación). Se comprobaron numerosos
incumplimientos al Régimen de Trabajo Agrario, incluidas las
precarias condiciones de habitabilidad, en ranchos y casillas de
madera o chapa en medio de cañaverales. En general, los
trabajadores desconocían con precisión la identidad de sus
empleadores y en algunos casos, ante al temor de no volver a ser
contratados, los trabajadores optaron por esconderse entre ramas
y pastizales para evitar ser descubiertos en semejantes condiciones
de situación laboral.
Justicia

6. El pasaje desde la comisión de delitos de trata y servidumbre
laboral a las denuncias y la apertura de causas judiciales es hoy más
frecuente que en el pasado. En el caso jujeño de “Los Avalos”, además
de la denuncia penal se solicitó la urgente detención de Tezanos Pinto,
por los delitos de reducción a la servidumbre, trabajo infantil, resistencia
a la autoridad y privación ilegítima de la libertad de funcionarios públicos.
Como se sabe, el aprovechamiento económico del trabajo de niños
o niñas ya estaba prohibida desde agosto de 2008, por la Ley Nº26.390.
Sin embargo, desde abril de 2013 es un delito con penas de prisión de
uno a 4 años, según lo establecido en la ley 26.847. Los adolescentes,
desde los 16 años pueden trabajar con autorización de sus padres y con
algunas restricciones: la jornada no podrá ser nocturna ni superior a 6
horas diarias y 36 horas semanales en zonas urbanas, o 32 en zonas
rurales.
Las denuncias realizadas en esos casos por la cartera laboral ya
superan el medio centenar, e incluyen los casos detectados en una de las
propiedades rurales pertenecientes al ex gobernador de Misiones, Ramón
Puerta (la finca “Y Porá”. Ya en 2004 el ex funcionario había sido
denunciado por emplear tareferos sin registrar y utilizar menores para la
cosecha de su yerbatal.
Otro dato alentador surge de un fallo de la Justicia Federal, que
envió a prisión a 9 personas con argumentos contundentes: porque
facilitaron la permanencia ilegal en territorio nacional a quienes llegaron
al país en busca de oportunidades, con la intención de reducirlos a la
servidumbre.
Pese a esos avances, la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas considera que “se necesita seguir reforzando una perspectiva
de política criminal que apunte a personas (físicas y jurídicas) que se
benefician de la mayor porción de ganancias en este mercado ilegal”.
La justicia, concluye la Protex, “está comenzando a identificar a
otros responsables de la trata laboral, como las marcas de indumentaria
que se nutren de talleres textiles con trabajo esclavo o las grandes
productores agropecuarios o multinacionales de este rubro que también
echan mano a la explotación de seres humanos”.
Daniel Víctor Sosa