Informeanualdefensordelpuebloecuador2010

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN:

Consideraciones generales, la acción institucional en el Ecuador, panorama interna-
cional, proyecciones ----------------------------------------------------------------------------------------- 5

II. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEFENSORIAL:

Planes, programas y proyectos que marcan el quehacer institucional ------------------ 13

III. UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LA NATURALEZA:

La gestión defensorial en favor de los habitantes del Ecuador y de nuestros y nuestras
compatriotas en el exterior. ------------------------------------------------------------------------------ 25

IV. INCIDENCIA INTERNACIONAL PARA APUNTALAR EL TRABAJO INSTITUCIONAL:

Cooperación y relaciones internacionales desplegadas. ------------------------------------- 63

V. CONSEJO CONSULTIVO DE DERECHOS HUMANOS: UN ESPACIO DE COLABORACIÓN
EFECTIVA ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL.

Caminando junto a los actores sociales -------------------------------------------------------------- 71

VI. IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

Visibilizando al Estado para consolidar la democracia ----------------------------------------- 77

VII. COMUNICÁNDONOS DINÁMICAMENTE PARA ACERCARNOS A LA GENTE

Creando, difundiendo y vinculándonos con la sociedad ------------------------------------ 89

VIII. EL TRABAJO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN EL ENGRANAJE DEFENSORIAL.

La administración de los recursos en pro de la eficiencia ----------------------------------- 111

IX. COORDINANDO LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

Trabajando coordinadamente para ser mejores ----------------------------------------------- 123

X. ANEXOS

Anexo A. Directorio Institucional ---------------------------------------------------------------- 153

Anexo B Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos ----------------------------- 157

Anexo C Organigrama ---------------------------------------------------------------------------- 184

Anexo D Funcionarios y funcionarias DPE --------------------------------------------------- 185

Anexo E Auditoría Interna ----------------------------------------------------------------------- 191

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Fernando Gutiérrez Vera

DEFENSOR DEL PUEBLO

Dr. John Morán Cárdenas

PRIMER DEFENSOR ADJUNTO

Ab. Telmo Jaramillo Ramírez

SEGUNDO DEFENSOR ADJUNTO

Este informe fue elaborado por:

La Defensoría del Pueblo de Ecuador

Producido por la Dirección de Comunicación Social
con base en la información proporcionada por las
diferentes Unidades de la Institución

SEGUNDA EDICIÓN

IAN - TIN - RN

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra.

Telefax: (5932) 3301115/112

ext- 305 - 308

comunicaciondpe@gmail.com

www.dpe.gob.ec

MMX

Informe Anual y Rendición de Cuentas 2009-2010

Visión Institucional actual de la Defensoría del Pueblo.

L a Defensoría del Pueblo tiene por mandato constitucional la obligación de promover y proteger el cumpli-
miento de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas que habitan dentro y fuera
del país, así como los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, que incluyen los
derechos a vivir en un ambiente sano, derechos de las personas y grupos de protección prioritaria, de las
comunidades, pueblos y nacionalidades, de la libertad y de participación.

Además del mandato supremo que le otorga nuestra Constitución, de velar por la naturaleza a quien se da
la particularidad de ser sujeto de derechos -cambiando de esta manera la visión antropocéntrica por una
visión biocéntrica-, se evidencia una segunda implicación que es la protección a la naturaleza, demandán-
donos como Institución un replanteamiento conceptual y material1.

Entre las facultades determinadas principalmente en el Art. 215 de la Constitución, se encuentran las
acciones defensoriales: el patrocinio de oficio o a petición de parte de las garantías jurisdiccionales, tales
como acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, acciones de
incumplimiento, acción ciudadana, reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos
o privados2, contando para esto con el marco legal adecuado a través de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y además determinar medidas de cumplimiento obligatorio. Sin
contar que somos miembros importantes de la Función de Transparencia y Control Social.

Para cumplir con esta gama de competencias, ha sido necesario emprender un proceso de reestructu-
ración institucional, cuya herramienta central ha sido el Plan Estratégico 2010-2014, plenamente articulado
con los procesos actuales de planificación del Estado, y que ha permitido proyectarnos con una misión y
visión específicas, y con un conjunto de líneas estratégicas a implementar3; así como con un nuevo modelo
de gestión regulado por el Reglamento Orgánico Funcional y el Plan Operativo Anual 2010 elaborado por
las diferentes direcciones nacionales4.

Esta reestructuración entró en vigencia a partir de agosto del 2009, dándose oficialmente por terminada la
estructura anterior que estaba compuesta de comisiones temáticas, siendo reemplazadas en el plano op-
erativo por la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que cuenta con
tres Coordinaciones Nacionales que abarcan los Grupos de Protección Prioritaria, los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, y de la Naturaleza y Ambiente; y la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos
Humanos y de la Naturaleza que cuenta con las Coordinaciones de Políticas Públicas, de Educación, y Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública. Claro está que para el cierre de procesos ha sido necesario
pasar un periodo de transición, iniciando labores de acuerdo al nuevo modelo a partir del 20 de enero del
2010.

Estas dos direcciones nacionales conjuntamente con sus respectivas coordinaciones buscan promover y
garantizar la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, bajo los principios de informalidad, inme-
diatez y gratuidad, a través de una estructura orgánica que dé respuesta a la interdependencia, jerarquía
e indivisibilidad de derechos.

1 La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Un nuevo modelo de gestión para la protección, elaborado por Patricio Benalcázar Pág. 1
2 Constitución de la República del Ecuador, aprobada en septiembre del 2008, Art. 215
3 La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Un nuevo modelo de gestión para la protección, elaborado por Patricio Benalcázar Pág. 1
4 Informe Anual Agosto 2009-junio2010, Dirección Nacional de Protección de Derechos de Derechos Humanos y de la Naturaleza, elaborado
por Dr. Patricio Benalcázar, Pág. 1

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Además, con el afán de servir a las ecuatorianas y ecuatorianos, se han conformado Comisiones Regionales,
(las que prontamente entrarán en funcionamiento), sin contar con el esfuerzo y trabajo que vienen desple-
gado las 24 delegaciones provinciales, nueve delegaciones cantonales y las dos existentes en el exterior,
una en Houston-Texas en los Estados Unidos y otra en Europa en la ciudad de Roma-Italia. Por otro lado, es
importante recalcar que tenemos firmados convenios de cooperación con instituciones análogas en otros
países como el Defensor del Pueblo de España y las Defensorías Cívicas en Italia, entre otros, quienes nos han
brindado su apoyo en diversos asuntos vinculados con ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

Dentro de ese panorama la Defensoría del Pueblo debió haber merecido una atención preferente del Es-
tado, dado el encargo constitucional que tiene. No ha sido así, y hemos debido soportar severas limitaciones
presupuestarias para cumplir nuestra misión. La consigna: “trabajar con los instrumentos que se tienen a la
mano sin esperar circunstancias óptimas”, ha sido seguida fielmente durante el tiempo de mi encargo como
Defensor del Pueblo, y así hemos podido hacer más con menos recursos.

Relaciones con la sociedad civil

Otro aspecto importante que recalcar es la creación del Consejo Consultivo Ciudadano, que cuenta con
personas del más alto nivel en su conocimiento, experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos,
quienes representan a diversas organizaciones sociales y han servido de enlace directo entre la defensoría
y la comunidad.

Como se puede apreciar, este último año ha sido lleno de retos al implementar un nuevo proceso y dejar
atrás viejas estructuras, logrando cambios importantes, que han traído consigo el trabajo conjunto de todos
y todas aquellas personas que laboramos en esta Institución, y, como todo cambio, no ha sido fácil, el reto
está en seguir adelante construyendo juntos una Defensoría del Pueblo que asegure el ejercicio y protección
de los derechos humanos cumpliendo de esta manera el rol que nos ha sido encomendado.

El Ecuador actual

El Ecuador vive actualmente una etapa especial de su historia caracterizada por los singulares cambios
que se están introduciendo a nivel del Estado, a partir de la vigencia de la actual Constitución. El carácter
eminentemente protector y garantista de los derechos humanos que identifica a la Carta Magna, es fruto y
resultado de varias décadas de luchas sociales y refleja lo mejor de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano.

La dinámica histórica de los últimos 60 años ha estado marcada por la irrupción de nuevos actores sociales
que progresivamente han ido elaborando sus aspiraciones hasta convertirlas en reivindicaciones concretas
y de allí en propuestas políticas. Tal ha pasado con movimientos sociales en defensa de los derechos de la
mujer, de la niñez, de la adolescencia, de los derechos humanos en general, de organizaciones que repre-
sentan intereses de minorías étnicas, como indígenas y negros, amén de varios otros que reflejan intereses
concretos de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.

La generalidad de estos sectores vio afectados sus legítimos intereses en aras de aquellos propios de las
clases dominantes de nuestro país, fenómeno que se acentuó durante los años en que se aplicaron políticas
neoliberales restrictivas de los derechos de los sectores pobres y medios. Pero la lucha del conjunto del pue-
blo ecuatoriano finalmente fructificó en los cambios políticos que significaron una diferente integración de
los poderes del estado y finalmente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi,
cuyo producto concreto, la Constitución del 2008, recoge en buena parte el resultado de las citadas luchas
sociales. Por eso su carácter protector y garantista de los múltiples derechos humanos y de la naturaleza
incluidos en el catálogo constitucional.

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Otra cosa es el variable cumplimiento efectivo de esos derechos.

La política de fuerte inversión social que se lleva en el actual período de gobierno, ha rendido frutos positivos
en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales, que en la concepción ideológica de la
Constitución configuran el sumac kausay, sinónimo de las condiciones de vida digna que merece todo ser
humano de las que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero no ha producido los cam-
bios estructurales que la sociedad ecuatoriana requiere para obtener justicia y equidad en la distribución de
la riqueza y, consecuentemente, en el acceso a los bienes materiales e inmateriales necesarios para todos
en el marco de una sociedad auténticamente democrática. Una revolución se define por la modificación
que introduzca en las relaciones de producción, a partir de la apropiación de la tierra, el capital, la técnica
y el control del trabajo propio, por parte de las mayorías desposeídas, a la par que del conocimiento y de los
factores culturales que le permitan a esas mayorías ejercer real capacidad de decisión sobre los procesos
económicos, sociales y culturales.

El gobierno actual ha destinado recursos económicos muy voluminosos a la inversión social. Al comparar
cifras encontramos que en la década que recién terminó la cifra consolidada de gastos pasó de 449 a 1.934
millones de dólares en el 2006 y se incrementó a 3.910 millones en el 2009, con un gasto proyectado a 4.714
millones en el 2010. Similar situación constatamos al examinar la ejecución de la inversión social como por-
centaje del PIB, que en el período indicado pasó del 2,92% al 7,40%.

En términos de derechos eso ha significado una mejora sustancial en la satisfacción de derechos tan básicos
como educación, salud, vivienda, alimentación, bienestar, cultura popular y otros de carácter económico,
social y cultural. En otras palabras, la atención primaria de salud, el acceso a la educación básica, la con-
strucción de soluciones habitacionales, el suministro de alimentos básicos y otros derechos de esta clase, se
han incrementado a niveles no comparables con registros históricos anteriores.

Pero el impulso a la participación ciudadana en el ejercicio individual y colectivo de los derechos políticos
es escaso, y en esa medida se dificulta el ejercicio activo de tales derechos para vencer la permanencia
de antiguas prácticas políticas concentradoras. Este ejercicio activo de ciudadanía es lo único que asegura
que se den los avances democráticos necesarios para la plena vigencia de los derechos humanos. Mientras
tal participación ciudadana activa y masiva no se produzca, estaremos viviendo una democracia a medias,
pues la democracia que solo se legitima con resultados electorales, es incompleta si los ciudadanos y ciu-
dadanas no la sostenemos a través de nuestra participación activa en las decisiones de gobierno a niveles
nacional y local.

Lo dicho se demuestra con el actual clima de intolerancia mutua entre actores políticos que solo podría ser
superado con una fuerte presencia popular organizada en partidos y movimientos políticos y en movimien-
tos sociales, que representen y canalicen adecuadamente los intereses de diversos sectores del pueblo.

Otros limitantes para la plena vigencia de los derechos humanos

Uno de los principales problemas, que afecta la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador, es el
creciente panorama de violencia social cuyo peor reflejo se da en el crecimiento delicuencial. Dos impor-
tantes informes recientes, el de la Comisión de la Verdad y el presentado por el Profesor Philip Alston, Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, han puesto de manifiesto la gravedad
del problema por las severas limitaciones de la institucionalidad del Estado para enfrentarlo. La extensa y
manifiesta impunidad en la que van quedando delitos de todo tipo cometidos contra la vida, la libertad y la
integridad de las personas, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones sumarias y desapari-
ciones forzadas, demuestran la anómala situación que se produce en instituciones como la Policía Nacional
y las que forman parte de la Administración de Justicia.

Las propuestas que están surgiendo desde diferentes sectores, y con más fuerza desde el propio estado para
endurecer las penas y disminuir la edad de punición, incluyendo a los menores entre los 16 y 18 años, son in-
constitucionales por el fondo y por la forma pues no responden ni al respeto a los Convenios Internacionales
que son de rango constitucional, ni al espíritu de la Carta Magna; peor aún resultarían ineficaces, pues lo
que disuade la Comisión de los Delitos no es la magnitud de la pena, sino la certeza de su aplicación.

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Debido a las evidentes deficiencias en la Administración de Justicia, no se ha estado garantizando un eficaz
acceso a la justicia, ni la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, especialmente de las ca-
pas más pobres de la población, a pesar de los positivos enunciados constitucionales al respecto. De esta
manera se ha estado ocasionando amplia desprotección a los ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos
estaban siendo vulnerados, en mayor medida mientras aumenta la pobreza, ahondando así diferencias de
clase que de por sí son inaceptables.

Tal situación marca un negativo contraste con la creciente violencia social, que se expresa principalmente
a través de fenómenos delictivos, siendo especialmente preocupante el crecimiento de la delincuencia
organizada que va adquiriendo cada vez más características de internacionalización; esta situación ha
producido importantes reclamos ciudadanos por seguridad, que se satisfacen muy parcialmente debido a
la débil respuesta de los órganos de seguridad del Estado, especialmente de la Policía Nacional.

Como aparece de los informes antes citados, se han producido varios casos de abusos policiales, algunos
de ellos extremadamente graves, pues se han producido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones for-
zadas, aún no aclaradas, con una secuela de visible impunidad. El presente informe contiene la cita de
algunos casos relevantes al respecto.

Represión y criminalización de protestas sociales

Está claro que el respeto a los derechos de libre expresión de pensamiento, respetuosa de la honra ajena, y
a la libre manifestación pacífica en sitios públicos, son básicos para el funcionamiento democrático de una
sociedad. En general la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de organización, reunión y
manifestación, constituyen lo que René Cassín llamaba “las libertades del espíritu”, protectoras del ejercicio
de otros derechos humanos. En la situación del Ecuador durante el período informado, el clima de intoleran-
cia mutua a que hemos aludido, no ha favorecido el respeto a esos derechos.

La agitación producida en algunos sectores sociales por la dictación de algunas leyes polémicas, no siem-
pre ha sido respondida con el indispensable diálogo, produciéndose entonces una agudización de los con-
flictos y la utilización de medidas represivas. La criminalización de la protesta social ha surgido, en algunas
ocasiones, como un camino absolutamente inconveniente, con acusaciones de delitos tan graves como el
sabotaje y el terrorismo, remedio éste que no cura la enfermedad sino la potencia. La Defensoría del Pueblo
ha expresado, en varias ocasiones, su oposición al empleo de estos métodos.

Derechos de la Naturaleza

En relación con la protección de los derechos de la naturaleza hay que destacar de manera superlativa la
iniciativa Yasuní, destinada a la protección de la naturaleza en el Parque Nacional que lleva este nombre.
El Yasuní es una de las áreas con mayor biodiversidad en el planeta Tierra; renunciar a la explotación del
petróleo que yace en el subsuelo, es un sacrificio para el país, pero señala una dirección digna de ser imita-
da y que no debe tener marcha atrás, para la protección de la vida natural en sus diversas manifestaciones.
Esa dirección debe ser continuada para su aplicación en otras áreas en donde sea posible y necesario.

La inminencia de nuevos contratos de exploración petrolera, la debilidad de las medidas de precaución
ambiental relacionadas con la explotación de petróleo, de bosques y de fuentes de agua y el inminente
comienzo de las explotación minera a gran escala hacen temer que se produzcan afectaciones a la natu-
raleza, y en grado grave. Ello vuelve indispensable un reforzamiento significativo de las políticas estatales en
material de protección de los derechos de la naturaleza, e implica un desafío para nuestra Institución en el
sentido de ampliar y precisar los límites y métodos para tal protección; ese camino se ha iniciado ya con-
forme se verá en el capítulo correspondiente del presente informe.

Contexto Latinoamericano y mundial

No es posible considerar el panorama de los derechos humanos en el Ecuador actual, sin tomar encuentra
el contexto internacional, pues la dimensión de estos derechos es universal y la creciente interdependencia
entre las sociedades nacionales y regionales en el planeta, requiere una visión amplia e integrada para
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su protección. Tal consideración se hace muy visible en las relaciones de frontera, que pesan significativa-
mente en la vulneración de derechos, como se ve claramente en la frontera entre Ecuador y Colombia,
directamente influida por la guerra interna en el país hermano, y que produce un aumento de graves fenó-
menos, como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y otros igualmente negativos en un marco de
delincuencia organizada internacional. Afrontar esta situación ocasiona al Estado de Ecuador un enorme
esfuerzo humano, económico y político. Para afrontarlo desde el desempeño de sus deberes la Defensoría
ha desarrollado una amplia labor en cooperación con ACNUR, entidades eclesiásticas, ONGs y organiza-
ciones sociales en las provincias fronterizas; de lo cual también hay información detallada en este informe.

Aprovechando el favorable momento de integración que vive el continente latinoamericano y singular-
mente Sudamérica, hemos establecido y seguimos desarrollando un amplio programa de colaboración
entre defensorías que se ve reflejado en la firma de múltiples convenios bilaterales, que tienen un enfoque
preferencial en el fenómeno de movilidad humana, especialmente migraciones, con fructíferos resultados.
Y hemos procurado una vigorosa reinserción en las organizaciones de carácter continental y mundial que
reúnen a instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, para utilizar la terminología corriente
en el sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se ha fortalecido de manera significativa la relación con
la oficina de Representación de la ONU en el Ecuador, y particularmente con la del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, así como de las diferentes Agencias de la ONU presentes en nuestro país. Agradece-
mos efusivamente el apoyo recibido por parte de ellos a varios proyectos que hemos presentado.

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II. PLANIFICACIÓN DE LA

GESTIÓN DEFENSORIAL


PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEFENSORIAL

H ablar de programas, proyectos, planes, matri-
ces es imprescindible cuando tratamos de or-
ganizaciones modernas que buscan éxito en
su gestión. La Defensoría del Pueblo no esta ajena a
este planteamiento y al igual que el resto del sector
Mediante Resolución Nº
110-D-DP-2009, el Defen-
sor del Pueblo de Ecua-
público busca organizar sus acciones con los recursos
dor aprobó el Plan Es-
financieros y humanos que posee. tratégico Institucional de
la Defensoría del Pueblo
Mediante Resolución Nº 110-D-DP-2009, el Defensor con enfoque en Dere-
del Pueblo de Ecuador aprobó el Plan Estratégico
Institucional de la Defensoría del Pueblo con enfoque chos Humanos 2010-
en Derechos Humanos 2010-2014, cuyo contenido 2014, cuyo contenido
narra la declaración de misión, visión y valores como:
Excelencia y Transparencia, Liderazgo y Equidad, In-
narra la declaración
tegridad y Honestidad, Pluralismo y Solidaridad; siete de misión, visión y valo-
lineamientos estratégicos y seis objetivos estratégicos, res como: Excelencia y
que señalan un camino a seguir para consolidar la au-
toridad moral de la dpe. Transparencia, Lideraz-
go y Equidad
En la Resolución Nº 057-D-DP-2009, el Defensor del
Pueblo expide el Reglamento Orgánico Funcional de
la Institución, mismo que establece que la Defensoría
estará integrada por los niveles: Ejecutivo, Estratégico,
Consultivo y Asesor, Operativo y de Apoyo.

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Conforme establece el Capítulo II, Nivel Estratégico, Sección Primera, corresponde a la Unidad de Planifi-
cación y Desarrollo Institucional:

a) Generar propuestas y lineamientos institucionales la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de la planificación institucional, e impulsar el desarrollo institucional para la efectiva
promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Entre su Deberes y Atribu-
ciones vale mencionar:

b) Elaborar propuestas, coordinar, supervisar y dirigir la ejecución de los lineamientos estratégi-
cos y las políticas institucionales determinadas por el nivel ejecutivo, para la formulación de los
planes plurianuales y anuales de la Defensoría del Pueblo, manteniendo vigente la desconcen-
tración territorial y el modelo de organización por resultados;

c) Coordinar la elaboración de manuales de procedimientos e indicadores de gestión de a-
cuerdo con la reglamentación de la Defensoría del Pueblo.

d) Coordinar las actividades de planificación, con los órganos estatales competentes para el
cumplimiento de los objetivos y metas nacionales;

e) Elaborar y presentar al Defensor del Pueblo, informes periódicos de seguimiento y evaluación
de la ejecución del Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo.

f) Recomendar e implementar los mecanismos de mejoras continuas, a partir del seguimiento y
evaluación de las diferentes unidades de la Defensoría del Pueblo;

g) Remitir periódicamente la información relacionada con la actualización de la página Web
de la Institución, y particularmente lo relativo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP);

h) Mantener las bases de datos, de la documentación y de los archivos, generados en el ámbito
de sus competencias; y,

i) Otras delegadas por la Defensora o Defensor del Pueblo, la ley y reglamentos.

INFORMACIÓN LOTAIP.-

Se entregó la información correspondiente a los años 2009 y 2010, requerida por la Coordinación Nacional
de Transparencia e Información Pública, a través de la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Hu-
manos y de la Naturaleza, en lo referente a la Resolución 023-DP-2010, que expide el Reglamente Interno
que regula la Recopilación, Selección, Análisis y Levantamiento de la Información Pública de la Defensoría
del Pueblo en el portal web Institucional; así mismo, se realizó un análisis de los requerimientos que le corre-
sponde cumplir a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, conforme lo establece el Art. 7 de
la LOTAIP.

CONVENIOS SUSCRITOS.-

- El 8 de febrero del 2010 se presentó el Proyecto de Convenio y Carta de Entendimiento entre
FLACSO y la Defensoría del Pueblo de abril del presente año, se suscribió dicho convenio entre la
Defensoría del Pueblo y FLACSO.

- En mayo del 2010 se suscribió convenio con la Superintendencia de Compañías.

- En junio se concluyó con la elaboración del Proyecto de Convenio entre la Superintendencia
de Bancos y Seguros y la Defensoría del Pueblo.
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.-

Durante los meses de marzo y abril, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional trabajó en
la elaboración de Procedimientos Internos para: Contratación Pública (Anexo 1 flujograma) y Seguimiento
del POA Institucional (Anexo2 flujograma).

El 28 de abril del presente año, se presentó el Procedimiento para Contratación Publica y el 5 de mayo el
Procedimiento para Seguimiento del POA Institucional, los mismos que contienen directrices basadas en el
cumplimiento de normas, leyes y reglamentos vigentes, para que las diferentes unidades administrativas
puedan ejecutar actividades en el menor tiempo posible.

Para esto se delinearon flujogramas y se establecieron indicadores y variables de medición para la obten-
ción de resultados.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.-

Previo al requerimiento de la información para elaborar la matriz consolidada del POA 2010, se realizó el 2,
3 y 4 de marzo, un taller de capacitación dirigido a todas las unidades administrativas sobre el “Mode-lo de
Gestión, Plan Estratégico 2010-2014 y POA 2010”, con el objetivo de elaborar el POA Institucional 2010.

Una vez que las unidades administrativas cumplieron con la entrega de la información, la Dirección Nacional
de Planificación y Desarrollo Institucional procedió a dar seguimiento a temas de capacitación, difusión y
consultoría y puso en conocimiento de la Comisión del Plan Anual de Compras (PAC).

En junio del 2010, se realizaron ajustes al POA 2010, de acuerdo al presupuesto asignado a la Institución, con
la finalidad de llevar en forma coordinada las actividades planificadas en referencia al presupuesto.

En lo referente a la entrega de información a SENPLADES para el seguimiento y evaluación POA 2010, nuestra
Institución cumplió con el requerimiento, de acuerdo a lo solicitado en el primer y segundo trimestres por
dicha Institución.

Se elaboró el informe de evaluación de cumplimiento de actividades POA 2010, después de la solicitud de
la información a las diferentes unidades administrativas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.-

En abril del presente año, se solicitó a las diferentes unidades administrativas, un informe de logros y avances
alcanzados durante el primer trimestre del 2010.

Nueve unidades administrativas proporcionaron la información requerida para poder elaborar el seguimien-
to y evaluación correspondiente al primer trimestre.

Para este efecto, en el mes de mayo, se elaboró las respectivas matrices de seguimiento y evaluación del
primer trimestre, en las que constan las actividades planificadas y ejecutadas por cada unidad, así como
algunas recomendaciones.

Para seguimiento y evaluación del segundo trimestre, el 20 de mayo de 2010, se realizó una reunión de
trabajo con las unidades administrativas, con el propósito de proporcionar directrices para seguimiento de
actividades POA 2010 y 2011, POA 2010 aprobado y elaboración del POA 2011.

Posteriormente, se envió la matriz correspondiente a cada una de las unidades, como guía para el envío del
informe de actividades, correspondiente al segundo trimestre, conforme proyectos y presupuesto por ellos
planificado.

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En julio del presente año, se elaboró las matrices de seguimiento y evaluación del primero y segundo trimes-
tres POA 2010, de seis unidades administrativas que no entregaron la información en las fechas establecidas,
con la información por ellas proporcionada para la consolidación del POA 2010.

PLAN DE CAPACITACIÓN.-

Desde enero de 2010, la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional, dentro de las fun-
ciones que le fueron asignadas tuvo a su cargo la Capacitación Interna.

Conforme al Plan Nacional de Capacitación 2010, entregado por las unidades administrativas en diciembre
del 2009, se efectuaron varias actividades de capacitación durante eI primer semestre,

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011.-

Previo al requerimiento de la información para elaborar la matriz consolidada del POA 2011, en el mes de
mayo se realizó una reunión de trabajo con todas las unidades administrativas, con la finalidad de propor-
cionar las directrices necesarias para la presentación de la información, mediante matrices con las que se
facilitó la consolidación de la información.

Una vez que las unidades administrativas cumplieron con la entrega de la información, la Dirección Nacional
de Planificación y Desarrollo Institucional procedió a elaborar el POA 2011, la misma que fue entregada a
la Dirección Nacional Financiera el 28 de junio del presente año, como base para la elaboración del pre-
supuesto 2011, conforme lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia
Fiscal, en su Art. 2 que dice: “Cada Institución del Sector Público no financiero elaborará el Plan Plurianual
Institucional para cuatro años, y Planes Operativos Anuales, que servirán de base para la Programación Pre-
supuestaria y remitirá al Ministerio de Finanzas con las proformas presupuestarias correspondientes.

RESULTADOS

Este periodo de seis meses, en el que la Defensoría del Pueblo, por primera vez cuenta con un Plan Estraté-
gico y una Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional, como parte de un nuevo modelo
de gestión, enfoca un esquema que contempla la definición del marco filosófico, monitoreo del entorno,
definición de la situación actual y generación de objetivos estratégicos, de manera participativa y consen-
suada para que tenga acogida por la ciudadanía y el personal de Institución.

Por otra parte, debemos señalar que una buena planificación combinada con un seguimiento y una eva-
luación eficaces, puede desempeñar un rol importante para mejorar la efectividad de los programas y
proyectos que desarrolla la Institución.

Una buena planificación nos ayuda a tener un buen uso de los recursos económicos, ya que hoy en día es-
tamos obligados a realizar de una Planificación estratégica y operativa que refleje los planes y programas,
puesto que es el camino por el cual los líderes de las organizaciones prevén el futuro deseado y desarrollan
los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar el escenario requerido.

Es importante destacar que para conseguir los resultados esperados en la ejecución de la planificación,
debe realizarse un análisis real y objetivo de la situación organizacional con la participación y compromiso
activo de los funcionarios, directivos y autoridades.

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III. UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Y DE LA NATURALEZA


UNA VISIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

L Para cumplir con el man-
a Defensoría del Pueblo por mandato constitu-
cional tiene la responsabilidad de tutelar y prote-
ger los derechos humanos de todos los habitantes dato constitucional, en ma-
del Ecuador, así como la defensa de los derechos de teria de protección, la ac-
las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior; a ello
se suma que en el catálogo de derechos establecidos
tual administración inició un
en la Constitución se prevé los derechos de la natu- proceso de reestructuración
raleza, haciendo extensiva su protección y promoción institucional cuya herrami-
a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
enta central es el Plan Es-
Para cumplir con el mandato constitucional, en ma-
tratégico 2010 – 2014
teria de protección la actual administración inició
un proceso de reestructuración institucional cuyas
herramientas centrales han sido el Plan Estratégico
2010 – 2014 plenamente articulado a los procesos de
planificación del conjunto del Estado; así como con
un nuevo modelo de gestión regulado por el Regla-
mento Orgánico Funcional1 y un Plan Operativo Anual
20102 de las diversas direcciones nacionales.
1 Incorporado en la Resolución 057-D-DP-2009, del 5 de agosto de
2009.
2 Para el período 2010, La Dirección Nacional de Protección, cuenta

26


Desde el 5 de agosto de 2009 entró en vigencia el Reglamento Orgánico Funcional y formalmente se instituy-
en las Direcciones Nacionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza; sin em-
bargo, para desarrollar el cierre adecuado del modelo pasado, expresado en la existencia de Comisiones
Nacionales temáticas3, desde agosto hasta diciembre de 2009, continuó su funcionamiento pero dentro de
un período de transición hacia el nuevo modelo.

Es a partir del 20 de enero de 2010, que efectivamente se da inició a la implementación de un nuevo modelo
de gestión, donde se destaca la naturaleza de las instituciones nacionales de derechos humanos dirigida a
la protección y promoción de éstos; estableciéndose en la estructura defensorial las dos direcciones nacio-
nales anteriormente mencionadas.

EL NUEVO MODELO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

La Constitución de la República en el artículo 215 establece las atribuciones4 defensoriales y destaca de
manera particular:

• “El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, habeas corpus,
acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los recla-
mos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.

• Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los dere-
chos…

• Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas
naturales o jurídicas que presten servicios públicos.

• Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso

• Prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus
formas5.”

El nuevo modelo dispone que la Dirección Nacional de Protección promueva la interposición de las
acciones constitucionales y defensoriales para tutelar los derechos humanos de las personas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos en el país, la defensa de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior,
con un Plan Operativo Anual, que incorpora los proyectos, acciones, indicadores, responsabilidades, recursos y cronograma que permitirán im-
plementar los Programas previstos en el Plan Estratégico 2010 – 2014. Así la Dirección Nacional de Protección con la finalidad de cumplir con
los dos Programas determinados en el Plan Estratégico implementará 6 proyectos en el año 2010, todos íntimamente relacionados y articulados:
PROGRAMA I: SERVICIOS DE ACOGIDA, ADMISIBILIDAD Y DESPACHO ACTIVO AL PÚBLICO.

1. PROYECTO “Determinar los lineamientos y directrices de admisibilidad, acogida, despacho al público y el sistema de referencias y
contrareferencias de casos”
2. PROYECTO: “Revisión y cierre de casos de expedientes para archivo pasivo y organización de expedientes de archivos activos”

3. PROYECTO: “Atención y seguimiento de casos con carácter nacional, apoyo a las delegaciones provinciales y del exterior y elabo-
ración de proyectos de resolución de los recursos de revisión”

PROGRAMA II: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DE LA NATURALEZA
Y AMBIENTALES Y DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

4. PROYECTO “Sistematización recopilación de lineamientos y estándares en derechos humanos de los grupos de atención prioritaria,
DESC y derechos de la naturaleza”
5. PROYECTO “Mejoramiento de competencias para la protección de derechos humanos y derechos de la naturaleza”
6. PROYECTO “Elaborar, homologar y estandarizar los mecanismos de protección de la DDP, informes temáticos, investi-gación y pro-
nunciamientos defensoriales y medidas de cumplimiento obligatorio”
3 El anterior modelo desarrollaba su trabajo a través de Comisiones Nacionales que abordaban diversos temas, lo que dificultaba un abordaje
integral de los casos y situaciones desde la conexidad e interdependencia de los derechos. Podemos destacar las Comisiones Nacionales de Dere-
chos Individuales y Género, Pueblos Indígenas, Movilidad Humana, Procedimientos Defensoriales y Acciones Constitucionales, entre otras.
4 La Constitución de la República faculta también a la Defensoría del Pueblo para presentar proyectos de ley, conforme lo dispone el artículo
134 numeral 4 en el ámbito de sus competencias
5 Información sobre esta atribución será tratada con mayor profundidad en el acápite desarrollado por la Adjuntía Segunda

27


así como los derechos de la naturaleza. Para el efecto, cuenta con tres Coordinaciones Nacionales6: de
Protección Prioritaria7, Derechos Económicos, Sociales y Culturales8; y Derechos de la Naturaleza; así como
con dos delegaciones en el exterior, una en los EE.UU. con sede en Houston - Texas, sitio cercano a los cen-
tros de detención en el Sur de los EE.UU.; y, en Italia, en la ciudad de Roma, en estrecha coordinación con el
Servicio Diplomático y consular ecuatoriano en Italia. Este esfuerzo se complementa por la presencia de las
24 Delegaciones Provinciales y 9 Delegaciones cantonales en aquellas provincias que lo demandan.

Adicionalmente, en al ámbito de la Protección existe la facultad de:

◦ Emitir pronunciamientos defensoriales;

◦ Monitorear el trabajo de los equipos de protección provinciales, regionales y en el exterior, en
coordinación con la Adjuntía Segunda;

◦ Preparar proyectos de resolución sobre recursos de revisión de resoluciones de las delegaciones
provinciales; y enviarlos a la Dirección Nacional Jurídica para la firma del Defensor del Pueblo

◦ Recomendar al Defensor del Pueblo la adopción de medidas de cumplimiento obligatorio,
informes temáticos y acciones constitucionales,

◦ Recomendar la suscripción de contratos, convenios y demás instrumentos relativos al área de
protección; y,

◦ Coordinar acciones con instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos9.

Desde agosto de 2009 hasta el 19 de enero de 2010, tiempo en el cual funcionaban las Comisiones Nacio-
nales temáticas10, se atendió un total de 153 causas11; en el período que corre desde el 20 de enero hasta
fines de junio de 2010 bajo la Dirección Nacional de Protección se han atendido un total de 156 causas12,
estas últimas divididas en casos de garantías jurisdiccionales13, expedientes defensoriales y vigilancia del de-
bido proceso14, nuevas atribuciones defensoriales15, recursos de revisión16 y gestiones a favor de ecuatorianas
y ecuatorianos en el exterior17; dando un total en el período anual de 309 casos atendidos18.

Para el desarrollo del trabajo de la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Natu-
raleza, se abordarán dos grandes acápites: Acciones para la Protección; y, otras atribuciones de la Direc-
ción de Protección.

6 El trabajo de la Dirección Nacional de Protección y sus coordinaciones se desarrolla en un ejercicio permanente de integración de sus equipos
para la discusión, sistematización, elaboración de estándares, informes, propuestas de acción frente a los casos y situaciones, así como el mejora-
miento del talento humano; siempre articulado a las diversas unidades de la Defensoría
7 Cuestiones de género, generacionales, colectivas y étnicas, personas en movilidad u otros grupos que requieren atención o sean víctimas de
otras formas de exclusión y vulneración de derechos por sus condiciones específicas
8 Denominados Derechos del Buen Vivir en la Constitución.
9 Ver artículo 33 del Reglamento Orgánico Funcional del 5 de agosto de 2009.
10 Comisión Nacional de Derechos Individuales y Género, Comisión Nacional de Movilidad Humana, Comisión Nacional de Pueblos Indíge-
nas……..
11 Datos que arroja el sistema “El Defensor”
12 Datos cruzados entre el sistema “El Defensor” y el registro personificado de Excel que maneja la Dirección de Protección con cada Coordi-
nación Nacional y con cada funcionario y funcionaria.
13 10 casos
14 77 casos
15 8 casos
16 26 casos
17 35 casos
18 La Coordinación de Protección Prioritaria reporta en el semestre la atención de 49 casos; la Coordinación de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales 21 casos; la Coordinación de Derechos de la Naturaleza 25 casos; y la Dirección Nacional directamente y con el apoyo de una
abogada un total de 61 casos (35 de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior)

28


ACCIONES PARA LA PROTECCION

Expedientes de investigación defensorial, pronunciamientos públicos y vigilancia del debido proceso.

Históricamente la Defensoría del Pueblo desarrolló su mandato a través de la recepción de causas y situa-
ciones por las cuales se atiende las peticiones de eventuales vulneraciones y afectaciones a los derechos
humanos y actualmente de los derechos de la naturaleza; para el efecto, se abren expedientes de investi-
gación que pueden concluir en pronunciamientos defensoriales, en el patrocinio de garantías jurisdiccion-
ales, en la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio, en la vigilancia del debido proceso, o, en su
archivo si la causa no justifica razonable y legítimamente la afectación o vulneración de un derecho.

El período de transición que aún vivimos, arroja algunas conclusiones del manejo de los expedientes en el
modelo anterior respecto del modelo de gestión de protección y promoción que promovemos en la actual
administración.

Un primer elemento central es de orden conceptual y de enfoque de derechos humanos; puesto que se
evidencia que hay una inmensa cantidad de causas procesadas en años pasados e incluso en el presente,
que no constituyen ni afectación, ni vulneración a los derechos humanos, por ser conflictos de orden particu-
lar o cuya competencia recae en otro ámbito institucional; así por ejemplo, se han atendido casos relativos
a linderos, a deudas u obligaciones provenientes de contratos entre particulares; a la restitución internacio-
nal de menores donde la autoridad central es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, entre otros.

Frente a esa situación, la Defensoría del Pueblo ha iniciado un proceso de formación en materia de dere-
chos humanos y derechos de la naturaleza, así como de los mecanismos y herramientas para su protección
a nivel nacional, dirigido fundamentalmente a clarificar el rol de la Defensoría del Pueblo. En materia de
protección de derechos humanos y de la naturaleza se ha pretendido generar criterios para que a nivel
nacional se ubique con mayor precisión aquellas causas que deben ser admitidas como tales, promoviendo
mecanismos de referencia y contra referencia en aquellos casos que deben tomar otra vía jurídica o institu-
cional.

El nuevo modelo de gestión, en su reciente proceso de implementación, destaca la necesidad de que las
causas que llegan a la Defensoría del Pueblo deben ser miradas desde una óptica de derechos humanos,
por la cual se debe observar si la petición expresa, la afectación o vulneración de un derecho constitu-
cional, si frente a estas hay la responsabilidad del Estado por acción o por omisión; o si son particulares y
actúan con la autorización estatal o prestan servicios de interés social o público; se plantea estudiar si existe
una li-mitación legítima al derecho, sea por suspensión o restricción del mismo; y, finalmente, si la eventual
violación genera obligaciones internacionales, entre otras la de reparar el daño ocasionado.

El proceso de transición que vive la Defensoría del Pueblo es complejo y ciertamente difícil; pues la pro-
tección de derechos humanos bajo un enfoque diferente, no depende exclusivamente de la formación y
educación en la materia y por lo tanto en el mejoramiento de competencias; sino en la transformación de
prácticas y actitudes que reflejan un tratamiento estanco de los derechos y por lo tanto una mirada parcial
y limitada; ha eso respondían las Comisiones Nacionales temáticas que desde su extrema especificidad no
establecían nexos conductores y un abordaje desde la conexidad e interdependencia de los derechos hu-
manos y los derechos de la naturaleza.

29


De enero a junio de 2010, en relación a los 77 expedientes defensoriales, se evidencia que el principal dere-
cho demandado es el debido proceso legal, requerido en un 36%, a continuación están los derechos de los
consumidores y usuarios con el 21%; el derecho a la integridad personal con el 12%, derecho a la igualdad
formal y material y no discriminación con un 8%, derecho a la libertad con el 5%.

Los órganos demandados principalmente son la Administración de Justicia y órganos de la Función Ejecu-
tiva.

Por otra parte, el estado de las causas revela que más del 50% se encuentran en trámite, sin embargo,
hay un importante 25% que son expedientes con pronunciamiento de la Dirección de Protección, sea con
resoluciones, recomendaciones, observaciones o informes motivados; 17% han sido archivados sea por que
ha concluido la vigilancia del debido proceso o los casos tienen abandonados; en esta parte, debemos
mencionar que se realiza un importante esfuerzo por cerrar los procesos debidamente. Finalmente, se repor-
ta un 8% de casos que son declarados inadmitidos por no ser de competencia de la Defensoría del Pueblo,
inadmisiones que son motivadas y notificadas a los peticionarios.

30


CASOS RELEVANTES

Caso Guipuzcoa.- Expediente 44487-CNDHIG-MGAO.- Este caso se iniciò en septiembre de 2009 en la ex
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Género. La peticionaria es Karen Barba Acosta, en calidad de
delegada del Club Femenino, Cultural y Deportivo Guipuzcoa de la Liga Deportiva Parroquial La Floresta.
La mayoría de las integrantes del Club son mujeres lesbianas, quienes desde el año 2004 hasta el año 2009
relatan el hostigamiento y discriminación que han sido objeto por integrantes y dirigentes de otros clubes e
incluso por parte de los dirigentes de la Liga Parroquial, quienes determinaron la sanción de un año calen-
dario; circunstancias que dieron lugar para que la Dirección Nacional de Protección luego de la respectiva
investigación defensorial, emita un pronunciamiento en el que se afirma que ha existido afectación y vulne-
ración a la igualdad formal y material, y discriminación lesbofóbica, en conexidad con la vulneración de
otros derechos, como el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al uso del espacio público, a
una vida libre de violencia en todos los ámbitos, a la integridad personal, a la intimidad y libre desarrollo de la
personalidad y al debido proceso. La Defensoría del Pueblo ha requerido en este pronunciamiento al Minis-
terio del Deporte, al Consejo Nacional de Igualdad de Género, a la Federación de Ligas Barriales Parroquia-
les de Quito, a la Asamblea Nacional y a la Liga Deportiva Parroquial La Floresta para que, en el ámbito de
sus competencias, tomen las acciones destinadas a garantizar los derechos conculcados a las integrantes
del Club Liga Deportiva Guipuzcoa, así como las medidas que deben implementarse a nivel nacional para
que este tipo de conductas de discriminación y odio sean prevenidas y sancionadas.

El caso se encuentra actualmente en conocimiento de la Administración de Justicia, por una acción de pro-
tección interpuesta por las integrantes del Club Guipuzcoa, por la cual, la Dirección Nacional de Protección
presentó un escrito de Amicus Curiae.

Caso Pambilar.- Expediente 47045-DNPrt-FH.- El Predio Pambilar en la Provincia de Esmeraldas (Quinidé)
ha estado en conflicto por 12 años aproximadamente entre la empresa maderera ENDESA - BOTROSA y la
comunidad. Finalmente, fue revertido al Estado pero el problema socioambiental se mantiene. Por petición
expresa de la Asociación de Trabajadores Ecuador Libre, Centro de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, Acción Ecológica, INREDH y CEDHU se denuncia que se continua con actividades de deforestación,
criminalización de personas que se resisten a que se siga explotando madera en la zona, acaparamiento
de tierras, no ejecución de setencias de la Administración de Justicia y de la Corte Constitucional. La inves-
tigación se encuentra abierta en relación a los problemas socioambientales, protección de defensores de
derechos humanos y vigilancia del debido proceso.

PATROCINIO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Esta atribución constitucional está prevista en la Constitución de 1998, así como en la actual; sin embargo,
el modelo de protección pasado, en el período agosto a diciembre de 2009, no reporta saldos positivos
respecto a la interposición de estas garantías; salvo dos acciones interpuestas por la Comisión Nacional de
Movilidad Humana, instituida como tal en noviembre de 2008, la cual reporta dos acciones protección; una
dirigida a garantizar el derecho de acceder a servicios financieros por parte de la población refugiada19 y
otra dirigida a garantizar el licenciamiento profesional de nacionales de la región andina.

En el período enero a junio de 2010, con la implementación del nuevo modelo de gestión se han patroci-
nado 10 acciones vinculadas a las garantías jurisdiccionales en aplicación a la normativa dispuesta en la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Cons-titucional. Así se ha requerido medidas cautelares a
la administración de justicia en 4 causas de trascendencia nacional, vinculadas a los derechos de los pue-
blos indígenas en aislamiento voluntario20, a la integridad del pueblo Sarayacu y la asociación Kutucahi21; a
la protección de derechos humanos de defensoras de víctimas de trata22; y a la protección de las personas
con adicciones maltratadas en los centros para farmacodependientes23.

19 Juicio No. 2009-2653, Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha. Noviembre de 2009 Resolución favorable
20 Expediente defensorial No. 46978-EG. Junio 2010
21 Expediente defensorial No. 47517-EG. Mayo 2010
22 Juicio No. 2010-0184, Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, febrero de 2010. Resolución favorable
23 Expedientes defensoriales 47700-JV y 47753-JV. Junio 2010

31


Por otra parte, se han presentado tres escritos de amicus curiae24, en el marco de dos acciones de hábeas
corpus por la detención arbitraria de inmigrantes y refugiados25, producida en la implementación del Plan
de Operaciones Identidad por parte de la Policía Nacional en las ciudades de Quito, Guayaquil y en otras
partes del territorio nacional, obteniendo la libertad de las personas; y, dentro de una acción de protec-
ción por el derecho a una vivienda segura, adecuada y digna26, que pese a que fue negada en primera
instancia, la sentencia dispuso al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, difundir información sobre el
adecuado manejo de los calefones al interior de las viviendas.

Se patrocinó una acción de hábeas corpus27 por detención arbitraria de inmigrantes y refugiados, dentro
del marco del mencionado Plan de Operaciones Identidad, obteniendo la libertad de las personas involu-
cradas.

Finalmente, se inició con el procedimiento previo a la presentación de dos acciones por incumplimiento.
En los dos casos se toma como antecedente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos relativas a los casos Zambrano Vélez28 y Suárez Rosero29, dirigidas al inicio de las investigaciones que
determinen los responsables de las violaciones a los derechos humanos, en el marco de la administración de
justicia. Al decurrir el término de 40 días del reclamo previo30, previsto en la Ley Orgánica de Garantías Juris-
diccionales y Control Constitucional, se iniciará la acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional.

El patrocinio de garantías jurisdiccionales, ha abordado en más de un 42% casos relativos a abusos al dere-
cho a la libertad e integridad, seguido por causas cuyo fin es la justicia en un 17%, así como la igualdad
formal y material y no discriminación en un porcentaje similar, como gráficamente mencionados a conti-
nuación.

24 Los “amicus curiae”, consisten en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial —pero con un justificado interés
en la resolución final del litigio—, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación
del proceso judicial.
25 Juicio No. 17401. Juzgado Primero de Inquilinato y Relaciones Vecinales de Pichincha. Junio de 2010. Resolución favorable. Juicio No.
09455-2010-0133- Guayaquil, Juez Quinto de Tránsito de Guayas. Junio 2010. Resolución favorable.
26 Expediente defensorial 46801-MCS. Marzo 2010. Se negó la acción de protección en primera instancia, pero el Juez dispuso al Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, tome acciones de difusión del manejo de los calefones al interior de las viviendas.
27 Juicio 0671-2010. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha. Junio 2010. Resolución favorable.
28 Expediente defensorial 47644-MCS. Junio 2010
29 Expediente defensorial 47995-MCS.Junio 2010
30 Artículo 54 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

32


Los resultados obtenidos de esta intervención defensorial, dan cuenta de procesos en trámite en un 41%,
puesto que a la fecha del presente informe, aún no resolvían algunas acciones jurisdiccionales, sin embargo,
en un 42% se lograron resultados positivos en la protección de los derechos en juego, y en un 17% fueron
desfavorables, como lo expresa el siguiente cuadro.

Para el siguiente período semestral y anual, se espera desarrollar esta atribución defensorial con mayor pro-
fundidad y a escala nacional, por lo cual tanto la Adjuntía Segunda cuanto la Dirección Nacional de Protec-
ción impulsarán un acompañamiento técnico y monitoreo de los procesos que se lleven en las Delegaciones
Provinciales de la Defensoría del Pueblo.

CASOS RELEVANTES.

Acción de Protección: Caso refugiados y acceso a los servicios financieros.- Juicio No. 2009-2653, Juzgado
Primero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, 30 de noviembre de 2009.- El ciudadano colombiano
JOHNY ALBERTO SOLANILLA MARULANDA, quien ostenta la calidad de refugiado en nuestro país, portador
del carné de identificación 840000480-3 concurrió al Banco del Pacífico de esta ciudad de Quito con el fin
de aperturar una cuenta bancaria, frente a lo cual autoridades de dicha entidad financiera le negaron esa
posibilidad, por su condición de refugiado. Frente a este hecho, mediante oficio No. 005620, de 08 de julio
del 2009, suscrito por el Dr. Patricio Benalcázar Alarcón, Comisionado Nacional de Movilidad Humana de la
Defensoría del Pueblo, se ofició al Gerente del Banco del Pacífico, solicitándole remita a esta Comisión un
Informe Técnico-Jurídico detallado sobre cómo procedió el Banco del Pacífico en este caso. Con fecha 22
de julio del 2009, Rebeca Zenck, Ejecutiva Staff Negocios Banco del Pacífico S.A y Ab. Alejandro Lazo Mora,
remiten un informe donde indican lo siguiente: “…previo a la decisión de abrir o no una cuenta, se hace
indispensable analizar si la persona reúne o no el perfil que se requiere para que se le pueda abrir dicha
cuenta, como parte de la política CONOZCA A SU CLIENTE. “En general los Extranjeros gozan de los mismos
derechos que los ecuatorianos en cuanto a la adquisición y goce de los derechos establecidos en las leyes..,
se hace necesario señalar que la apertura de una cuenta en una institución financiera, implica la firma de
dos partes, esto es, tanto del banco como del solicitante de la apertura, para formalizar la relación jurídica.
Dentro el ámbito de las relaciones privadas, la firma de todo contrato implica la intención LIBRE Y VOLUN-
TARIA de cada una de las partes de querer firmar el contrato. “Nuestra políticas internas, que se basan en
la normativa vigente, y de manera especial en las normas relativas al lavado de activos, las que de hecho
y por su naturaleza demandan un extremo cuidado y análisis de nuestros eventuales clientes, nos impiden
lamentablemente la apertura de cuentas a personas con status de refugiados, siendo este un tema debida-
mente explicado a todo solicitante de una cuenta”.

Ante esta negativa se interpuso una acción de protección que recayó en el Juzgado Primero de la Niñez y
Adolescencia de Pichincha, el mismo que con fecha 30 de noviembre de 2009, dispuso en sentencia aper-
turar en forma inmediata, la cuenta de ahorros solicitada, sustentado en la procedencia de la acción de
protección contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

33


Medidas cautelares: Juicio No. 2010-0184, Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha.- Con fecha 2 de febrero
de 2010, aproximadamente a las 08h00, la Dra. Thania Moreno Romero, Fiscal de la Unidad de Delitos Sexua-
les, Violencia Intrafamiliar y Trata de Personas de Pichincha, encontró sobre su escritorio un sobre, el mismo
que contenía una hoja, que hacía mención al capitán de Policía Edwin Tufiño de la Policía Especializada
en menores de la DINAPEN, señorita Verónica Supliguicha, defensora de derechos humanos de víctimas de
trata de explotación sexual y laboral y a la Dra. Thania Moreno, amenazándolos, con frases como: “espera-
mos que te hayas enterado de la noticia, estábamos esperando que te reintegres; hemos sido absueltos, te
vamos hacer la vida imposible a ti, a tu familia y a tus amigos”. En días pasados – el 20 de enero de 2010 – la
Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia casó la sentencia del conocido Caso “La Luna”, por lo cual
se dejó en libertad a personas involucradas en el delito de trata de personas.

Por estos hechos, la Dirección Nacional de Protección requirió a la Administración de Justicia medidas cau-
telares de protección a favor de Verónica Supliguicha y las víctimas de trata involucradas en el caso “La
Luna”, las mismas que fueron concedidas por el Juez Quinto de lo Civil de Pichincha el 18 de febrero de 2010.

Hábeas corpus: Expediente No. 47750-FH.- Juicio No. 0671-2010, Juzgado Segundo de Garantías Penales de
Pichincha.- Caso Doll House.- El 10 de junio de 2010 se realizó el operativo en el centro nocturno Doll House,
en el marco del Plan de Operaciones Identidad, implementado por la Policía Nacional, por el cual se detuvo
aproximadamente a 30 personas, 5 de ellas eventuales víctimas de trata, sin que se tome recaudos de pro-
tección debido a eventuales víctimas de trata, procediendo y disponiendo se inicien procesos de depor-
tación en la Intendencia General de Policía de Pichincha. Razón por la cual, la Dirección Nacional de Pro-
tección interpuso la acción de Habeas Corpus que recayó en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de
Pichincha, signado con el No. 0671-2010. Dicho juzgado emitió resolución favorable el 23 de junio de 2010,
en el cual dispuso la libertad de las 5 personas de nacionalidad cubana. Debemos recalcar que situaciones
análogas se produjeron en todo el país, por lo cual el Defensor del Pueblo visitó al Ministro de Gobierno – ac-
tual Ministro del Interior – para manifestar su preocupación por la implementación de operativos que están
significando detenciones arbitrarias. A la fecha de este informe, la Dirección Nacional de Protección habrá
emitido un pronunciamiento público sobre los hechos ocurridos en todo el territorio nacional.

Amicus Curiae: Juicio No. 17262-2010-0263, Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha.- Inter-
puesto dentro de la acción de protección para YANINA EULALIA RODRÍGUEZ LEÓN y CHRISTIAN XAVIER MON-
CAYO CÁRDENAS, padres del menor fallecido José Luis Moncayo Rodríguez, en contra del Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera y Procurador Judicial Dr. Fabián Andrade Narváez; el
Gerente General y representante legal de la Compañía EDIFICAR SA, Ing. Luis Alfredo Jaramillo Arguello; y
la Ing. Janeth Díaz, Administradora del conjunto residencial “La Alhambra del Edén”, en razón que dicha
residencial cuenta con los calefones al interior de las viviendas y en tal sentido ocasionan riesgos a la integri-
dad y vida de sus moradores. Frente a esta causa la Dirección Nacional de Protección presentó un escrito
de amicus curiae, en el cual desarrolla detenidamente los estándares de derechos humanos relativos al
derecho a una vivienda seguridad, adecuada y digna. El Juez que conoce la causa, no admitió la acción
de protección, pero de manera novedosa, solicito al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, promueva
el adecuado uso de los calefones en toda su jurisdicción.

Acción por incumplimiento.- Expediente 47644-MCS.- Con fecha 4 de junio de 2010, la Subsecretaria de
Derechos Humanos y Coordinación de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Doc-
tora Patricia Salazar, remite al Director Nacional de Protección, con oficio NO. 02385, una sentencia expe-
dida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 4 de julio de 2007, misma que declara al
Estado ecuatoriano responsable de la ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo
Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. La señora Subsecretaria solicita al Director de Protección
inicie las acciones jurisdiccionales que franquea la Constitución. Con fecha 22 de junio de 2010, dando
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se realiza un Reclamo Previo al Fiscal General del Estado, a fin de que inicie las investiga-
ciones correspondientes para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial
mencionada. A la fecha de este informe, la Fiscalía ya informó a la Dirección Nacional de Protección el
inicio de las investigaciones.

34


MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Para cumplir con el mandato constitucional relativo a la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio
e inmediato, es preciso definir criterios, directrices y estándares para su adecuado manejo a nivel nacional.
Ese proceso lo lleva adelante la Adjuntía Segunda en el marco de la reforma integral de la Ley Orgánica de
nuestra institución. Sin embargo, eso no obsta para que su aplicación sea posible aún sin esa base jurídica
y procedimental, amparados en los principios de aplicación de los derechos humanos y de la naturaleza,
consagrados constitucionalmente.

En el ejercicio del nuevo modelo de gestión, la Dirección Nacional de Protección ha sugerido al Defensor
del Pueblo, emita unas medidas de cumplimiento obligatorio a favor del biólogo Alfredo Luna; requiriendo a
Conservación Internacional cumpla con garantizar el derecho a la salud y al debido tratamiento de recuper-
ación, de quien fue su funcionario y en ese ejercicio sufrió un accidente aviatorio años atrás; adicionalmente
se requiere al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, de seguimiento y establezca las
medidas necesarias para que esta agencia de cooperación internacional cumpla con su responsabilidad.

RECURSOS DE REVISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES

El Reglamento Orgánico Funcional vigente, dispone en el artículo 33 litera f) que la Dirección Nacional de
Protección debe “Conocer los recursos de revisión y preparar el proyecto de resolución para conocimiento
de la Defensora o Defensor del Pueblo”, en tal sentido, esta Dirección ha recibido en el período enero a junio
de 2010, 26 causas de revisión, las mismas que han sido despachadas para la revisión previa de la Dirección
Nacional Jurídica y la firma final del Defensor del Pueblo. Debemos destacar que el tiempo aproximado que
lleva la revisión de los expedientes subidos en grado es de 8 días, término que se emplea para garantizar de
manera eficiente y eficaz el ejercicio de los derechos humanos en conflicto.

El reporte de revisiones, establece que el 38% de las causas hacen relación al derecho al trabajo, seguido
por el derecho a la salud en un 11%; la propiedad y el ambiente en un 8%; constituyendo en un referente
importante respecto a la situación de país, en particular por los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales en consideración.

35


Los entes demandados ante la Defensoría del Pueblo, en el marco de los recursos de revisión interpuestos
son principalmente los municipios en un 23%; las Direcciones Provinciales de Salud 15%; Petroproducción 8%,
Seguro Social y Universidades Estatales en un 7%.

Las provincias de las cuales se reporta los recursos de revisión son principalmente Sucumbíos 23%, Pichincha
19%, Loja 15%, Azuay 11%, Esmeraldas 8%; datos relevantes para conocer el estado de la situación de los
derechos humanos y de la naturaleza a nivel nacional; pero también importantes para indagar con mayor
detenimiento lo que ocurre en otras partes del país, donde no se reporta requerimientos de revisión.

36


Los procesos de revisión, nos han permitido plantearnos el mejoramiento de las competencias institucion-
ales de cara a la admisión de causas y un cada vez más adecuado tratamiento de los casos desde una
perspectiva de los derechos humanos; eso se refleja en el 38% de casos de revisión en los que se plantea su
rectificación.

NUEVAS ATRIBUCIONES DEFENSORIALES

La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, expedida en septiembre de 2009,
Registro Oficial 2S 52: 22 de octubre de 2009; prevé en el artículo 12 la figura del amicus curiae, por el cual
cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en una causa podrá presentar este escrito para
contribuir a la resolución del juzgador en el marco de las garantías jurisdiccionales; en ese sentido, como lo
mencionamos en el acápite referente a las garantías, la Dirección Nacional de Protección ha utilizado este
medio para hacerse presente en la protección de los derechos humanos.

Por otra parte, esta misma Ley Orgánica, prevé en el artículo 21, que la Jueza o Juez podrá delegar el se-
guimiento de cumplimiento de las sentencias o acuerdos reparatorios de las garantías jurisdiccionales a la
Defensoría del Pueblo; quien deberá informar de manera periódica sobre su cumplimiento a la jueza o juez
correspondiente.

Finalmente, el artículo 436.6 de la Constitución de la República, dispone entre otras competencias de la
Corte Constitucional, “expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante…” respecto de las
acciones de garantía jurisdiccional que sean seleccionadas; y en otros casos para su revisión; por lo que,
para su cumplimiento, el artículo 25 de la Ley Orgánica mencionada, prevé la selección de sentencias y
el numeral 5 señala que “La Defensora o Defensor del Pueblo…podrá solicitar la selección de la sentencia
tomando en cuenta los siguientes criterios: gravedad del asunto, novedad del caso e inexistencia de pre-
cedente judicial, negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional, o, trascenden-
cia nacional del asunto resuelto en la sentencia.

Bajo estas consideraciones, la Dirección Nacional de Protección ha presentado 8 petitorios amparados en
las atribuciones defensoriales otorgadas en la Ley de Garantías Juris-diccionales y Control Constitucional, 6
relativas a la revisión de sentencias de acciones de protección; y 2 dando seguimiento al cumplimiento de
sentencias de acciones de protección.

37


Tanto la selección de sentencias, cuanto el seguimiento del cumplimiento de las mismas, hacen relación en
un 75% al derecho al trabajo y en un 25% al debido proceso.

Principalmente, han sido demandados gobiernos municipales y provinciales 74%, CONESUP 13% y Dirección
Regional del Trabajo en un 13%

Las gestiones defensoriales, arrojan que el 88% de casos están en trámite ante la Corte Constitucional, lo cual
refleja también, los complejos procesos y dinámicas de la Justicia Constitucional en el Ecuador.

38


CASOS RELEVANTES.

Revisión ante la Corte Constitucional.- Expediente 47489-MSM. El señor Didio Valarezo, manifiesta haber pres-
tado sus servicios en el Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, por dos años y posteriormente
despedido, por lo que interpuso una Acción de Protección, que en primera instancia fue aceptada, poste-
riormente revocada por la Corte Provincial de Morona, por lo que pide a la dpe solicite a la Corte Constitu-
cional la revisión de la Sentencia de protección emitida por la Corte Provincial de Morona Santiago. Con
fecha 26 de mayo de 2010, se emite auto de admisión de la queja, y al amparo de lo preceptuado en los
Art. 24 y 25, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la DNPrt solicita a la Corte Constitucional la
Revisión de la Sentencia.

Seguimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales.- Expediente No. 47432-MSM.- Mediante oficio No.
146-2010-JQTG de 10 de mayo de 2010, el señor Juez Sexto de Tránsito del Guayas, Ab. Luís Luna Coello,
conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
delega el seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquili-
nato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recaída en la Acción de Protección
interpuesta por el Ing. José Barrezueta Becherel, Canciller de la Universidad Metropolitana de Guayaquil.
Mediante oficio No. 01311-DNPDHN-47432-2010-MSM, de 25 de mayo de 2010, se solicita al Presidente del
CONESUP, Dr. Gustavo Vega Delgado, informe sobre las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento
a dicha sentencia. Con oficio No. 002813 de 15 de junio de 2010, el Dr. Reinaldo Valarezao García, Asesor
Jurídico Encargado CONESUP, da contestación y señala que han dado cumplimiento a la sentencia emitida
por la Jueza Séptima de Garantías Penales de Pichincha. Con oficio No. 01583-DNPDHN-47432-2010-MSM,
de 23 de junio de 2010, se informa y notifica a Juez Sexto de Tránsito del Guayas, con la respuesta del
CONESUP, a fin de que arbitre medidas que le franquea la ley.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS ECUATORIANAS Y ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR

El mandato constitucional señalado en el artículo 215, hace relación también a la defensa de los derechos
de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Al respecto surgen algunas interrogantes: ¿es
que la Constitución otorga jurisdicción y competencia extraterritorial a la Defensoría del Pueblo?; ¿estará
facultada esta institución por si y ante si para intervenir a favor de nuestros compatriotas ante autoridades de
los países de tránsito o destino?; ¿la defensa de los derechos enunciada hace relación a todos los derechos
o cuando se hayan vulnerado los derechos humanos?.

Estas interrogantes y otras aún están presentes después de dos años de aprobada la Constitución de Monte-
cristi; sin embargo, a nuestro entender, la protección de los derechos humanos es extraterritorial en virtud del
desarrollo de los mismos en el marco de la comunidad internacional y por el conjunto de obligaciones que
los Estados se han planteado de cara a las personas que habitan sus territorios31.

Hay que afirmar que la obligación de protección de los derechos humanos de las ecuatorianas y ecua-
torianos que están fuera del país, es una obligación del Estado ecuatoriano frente a la comunidad inter-
nacional y frente a los países sean de tránsito o destino migratorio, esto significa que el Estado ecuatoriano
puede actuar legítimamente para resguardar los derechos humanos de sus connacionales a través de los
canales e institucionalidad reconocida para el efecto, en otras palabras, a través de la representación ofi-
cial diplomática o consular existente; en ese sentido, el rol de la Defensoría del Pueblo, como de cualquier
otra institución, es coadyuvante y cuando sea del caso de observancia a nuestra institucionalidad, cuando
sus acciones u omisiones den lugar a la vulneración de los derechos humanos.

Es en esa perspectiva que la Defensoría del Pueblo coordina y complementa acciones con el Servicio Exte-
rior ecuatoriano y con la Secretaría Nacional del Migrante, así como con otras instituciones estatales cuando
la situación lo amerita; para el efecto, las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en los EE.UU. y en Europa
en comunicación permanente con la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Natu-
raleza y por su intermedio con las Delegaciones Provinciales, brinda apoyo, realiza gestiones, asesora casos

31 Aunque debemos reconocer que pese a estos avances, los Estados aplican y con firmeza el principio de “soberanía”, las razones
de “seguridad nacional”, el otorgamiento de “ciudadanía” o no a los “no nacionales” bajo sus propias regulaciones nacionales o
máximo regionales; en fin, las concepciones del Estado – nación superviven fuertemente inclusive en nuestro país, pese a las pro-
clamas de “ciudadanía universal” que ya tienen rango constitucional.
39


y requiere el desarrollo de acciones dirigidas a promover y proteger los derechos de nuestros compatriotas
en el exterior y de sus familiares dentro o fuera del país.

Otro mecanismo utilizado con los mismos fines, tiene relación con los vínculos cada vez más cercanos con
las instituciones nacionales de derechos humanos en los países de tránsito y destino migratorio; en ese marco
debemos destacar los acuerdos de cooperación que hemos firmado con el Defensor del Pueblo de España,
las Defensorías Cívicas Regionales en Italia, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Perú, Argentina, y los
compromisos asumidos con las Procuradurías y /o Defensorías de Derechos Humanos de Guatemala, Nica-
ragua, México, Colombia, Bolivia, entre otras.

El primer semestre del 2010, se brindó apoyo a un total de 35 casos, beneficiando a 53 personas, lo cual se
ve ampliado por la incidencia que esto conlleva en las estructuras familiares que se encuentran en Ecuador
o en el exterior. Durante este período los casos han provenido de 14 países32, el 25% son de Italia, 22% de los
EE.UU., seguido por España con el 11%, Colombia con 9% y Holanda con 6%.

Los derechos demandados por nuestros compatriotas en un 26% hacen relación a la unidad familiar, sea por
que las personas privadas de libertad en los países de destino cumplen con los requisitos para beneficiarse
del proceso de repatriación de personas sentenciadas, cuya competencia es del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; o por retornar voluntariamente al Ecuador por razones laborales, de salud o estricta-
mente personales; por otra parte, el 17% sienten vulnerado su derecho al libre tránsito y a la no discrimi-
nación, pues vinculan los procesos de detención migratoria y deportación con acciones de discriminación
por su origen nacional y su condición jurídica; luego sigue con un 14% la demanda del derecho a la libertad
en aquellos casos en los que se han visto involucrados en procesos penales y un porcentaje similar por su
integridad personal.

Con un 11% se demanda tanto el derecho a la salud, como a la integridad personal; este último ligado a
algunas causas, una de ellas es la discriminación en los países de destino migratorio, pero otras tienen que
ver con las relaciones inequitativas de género en el Ecuador y la ruptura de las relaciones familiares y ge-
neracionales que estos procesos generan.

32 EE.UU., Italia, Colombia, España, Venezuela, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Holanda, Rusia,
Turquía.

40


Por otra parte el 75% de los compatriotas son hombres y el 25% son mujeres; de este total el 70% son mayores
de 18 años, 20,5% menores de 18 años y 9,5% adultos mayores, ratificando los hallazgos de investigaciones
académicas de la última década respecto a la presencia de la población económicamente activa en ex-
terior; así como, la cada vez más constante presencia de miembros de la familia menores de 18 años, sean
los nacidos en Ecuador o quienes nacieron en los países de destino migratorio con las consecuencias de
orden trasnacional que esto provoca.

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior demandan en un 37% a la administración de justicia en los
países de destino; reflejando los conflictos de cara a la legislación y a las políticas migratorias en los países
centrales, especialmente en Europa y los EE.UU.; sin embargo, 24% demandan una acción más efectiva de
la Secretaría Nacional del Migrante y en un 12% del Servicio Exterior ecuatoriano; lo cual sugiere una acción
cada vez más concertada entre las instituciones del Estado dirigida a consolidar un sistema de protección y
promoción de derechos humanos de nuestros compatriotas en el exterior.

Finalmente, por la relevancia y el activo trabajo de nuestra Delegación en Italia, es importante señalar la
situación de las personas ecuatorianas privadas de la libertad en este país. El dato más actualizado data
de febrero de 2010, en el que se menciona que se encuentran privadas de la libertad 10 mujeres y 135 hom-
bres. Solo un 50% de las personas privadas de libertad desean que se notifique a sus autoridades consulares,
según información del Ministerio de Justicia italiano.
41


Las personas detenidas se encuentran repartidas en todos los centros de detención a lo largo del territorio
italiano, pero el mayor número de detenidos se encuentran en el norte de Italia, el 70% en Milán, Génova,
Turín, el 20% en el centro de Italia, Florencia, Roma, Viterbo, y el 10% en el Sur de Italia, Nápoles, Messina,
Palermo. Se trata de personas nacidas desde el año 1951 hasta personas nacidas en 1986, es decir, van de
58 años a 23 años. Los delitos más comunes son narcotráfico, violación, molestia sexual y homicidio. En el
2007-2008 las detenciones por narcotráfico bajaron notoriamente.

La mayoría de personas detenidas, participan activamente en las iniciativas culturales y sociales de los cen-
tros de detención como talleres de teatro, escultura, manualidades. Lo que implica un beneficio en la buena
conducta. Así mismo, la mayoría se inscriben en los cursos de escuela primaria y secundaria con óptimos
resultados. Algunos detenidos se han inscrito a cursos para adquirir un oficio como por ejemplo, cursos de
cocina.

La Delegada de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Italia, verifica de manera periódica en coordinación
con el Servicio Consular ecuatoriano, la situación de salud, tratamientos y exámenes médicos, medicación y
operaciones quirúrgicas de nuestros compatriotas. Esta oficina ha llevado casos de enfermos de VIH, de per-
sonas que han sufrido intervenciones quirúrgicas como operaciones de apéndice, hemorroides, entre otras.

La forma de operar de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Italia constituye, a nuestro
criterio, un modelo de intervención pertinente, puesto que permite una fluida relación con nuestra represent-
ación diplomática y consular; y viabiliza las relaciones con otras instituciones del Estado ecuatoriano y con
las instituciones y sociedad de los países de destino migratorio.

Debemos destacar que de los casos, la Defensoría del Pueblo ha realizado las gestiones de apoyo ante las
instancias competentes o referentes, sean las instituciones ecuatorianas o instancias en los países de destino.
A la fecha de este informe el 20% de casos se encuentran en trámite, un 14% fueron asesorías y en otro por-
centaje similar se requirió la intervención institucional.

CASOS RELEVANTES.

América Latina. Paraguay.- Expediente 47526-JV.- Por medio de correo electrónico, Pablo Martínez Men-
duiño, Encargado de Asuntos Consulares de Ecuador en Asunción – Paraguay, en abril de 2010, pone en
conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la SENAMI sobre la situación del compatriota Wilmer Antonio
Rodríguez, quien se encontraba privado de libertad en cumplimiento de una sentencia por tráfico de dro-
gas, pero que, en razón del tiempo transcurrido y su conducta obtuvo la libertad condicional por parte del
Juez que conocía su causa. El señor Rodríguez solicitó apoyo para retornar al Ecuador, pues su causa pasaría
a sede administrativa, para que las autoridades migratorias dispongan su deportación o su internamiento
de no ser posible su retorno por cuestiones económicas. El Servicio Exterior ecuatoriano solicitó apoyo a la
SENAMI para que en el marco de su programa para vulnerables se acoja el requerimiento; sin embargo, la

42


Secretaría de Estado manifestó que el caso del compatriota no puede ser asistido. La Defensoría del Pueblo,
por tratarse del derecho a la libertad de un ecuatoriano en el exterior, abre un expediente y con fecha 25
de mayo de 2010, notifica a la SENAMI, Consulado de Ecuador en Paraguay y a la Subsecretaría de Servi-
cios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que informen sobre los programas de apoyo
para nuestros compatriotas en casos análogos. Pese a que el compatriota regreso por el apoyo del Servicio
Exterior, con fecha 24 de junio del 2010, la Defensoría del Pueblo cita a una la audiencia, a la cual asisten
funcionarios de SENAMI, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos
donde se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente competente para hacerse
cargo de este tipo de casos; lo cual genera un precedente institucional para casos análogos.

Europa.- España.- Gestión oficiosa.- Caso Milton Efren Macías Zambrano.- El 21 de mayo de 2010, el menor
Macías Zambrano, ingresado en el Centro de Protección de Menores Santo Ángel, de la ciudad de Mur-
cia, España.Requería que en Ecuador se ubique a su padre y madre biológicos para autorizar su traslado y
garantizar el derecho a la unidad familiar. La Subsecretaría de Servicios Consulares del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, solicita la Defensoría del Pueblo para que, a través de su delegación en la provincia de
Manabí, proceda a ubicar al padre y madre del niño Macías Zambrano. La Delegación manabita facilitó la
ubicación de los padres biológicos del niño y este fue trasladado al aeropuerto de Barajas en la ciudad de
Madrid, a fin de emprender su retorno al Ecuador. El niño viajó acompañado por María Gisella Moreira Pár-
raga, quien posteriormente lo trasladó a Chone, a fin de que se reúna con sus padres biológicos.

EE.UU.- Gestión oficiosa y asesoría.- Caso Lidiana Ríos.- El 23 de febrero de 2010, la Di-rección Nacional de
Protección se enteró del caso Lidiana Ríos por intermedio de integrantes de la organización CLADEM – Ecua-
dor. La señora Ríos salió del país por violencia intrafamiliar y por encontrarse en una situación de indefensión,
por falta de protección de las instituciones de justicia y seguridad en Ecuador. En Houston se encuentra re-
quiriendo el estatus de refugiada. La Delegada de la dpe en los EE.UU. ha brindado la asesoría y el acom-
pañamiento necesario.

ACCIONES QUE FORTALECEN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

Coordinación interinstitucional e intersectorial.- La DPE, adicionalmente a la intervención casuística y situa-
cional, ha desarrollado una serie de acciones complementarias dentro de éstos procesos, que han permiti-
do impulsar acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial; así por ejemplo, en el mes de febrero
de 2010 promovió sesiones de trabajo en relación a la regularización de la población haitiana en el Ecuador.
Posteriormente impulsó mesas temáticas con la participación de instituciones del Estado y de la sociedad
civil sobre derecho a la educación,33 seguridad alimentaria34, salud35; consumidores y usuarios36; diversidad
sexual37, pueblos indígenas y afro descendientes38, centros de adicciones y derechos humanos39, derechos e
la naturaleza y ambiental40, derechos de migrantes y refugiados41, entre otros.

33 Realizado el 19 de marzo de 2010. Contó con la participación de delegados de CONEA, CONESUP, Universidad Intercultural de las Nacio-
nalidades y Pueblos Indígenas, Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador y Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador
34 Realizado el 23 de marzo de 2010. Contó con la participación de delegados de la CONAIE, Presidente de la Comisión de Investigación de la
Universidad Andina Simón Bolívar, Coordinadora Nacional del Programa Alimentate Ecuador, Dirección Ge-neral del Instituto de Estudios Ecu-
atorianos y Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria.
35 Realizado el 28 de junio de 2010. Conto con la participación de delegados de las entidades de salud privada con fines de lucro, CODENPE,
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez, OPS/OMS, Departamento de maternidad gratuita y atención a la
infancia del Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Salud, UNICEF, UNPFA, Director de Sanidad del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Dirección General de Salud, SOLCA, Unidad Municipal de Salud del Norte, Directora de Salud del Area No. 8, Coalición ecuatoriana
de personas que viven con el VIH/SIDA.
36 Primera reunión realizada con la Tribuna del Consumidor el 25 de febrero de 2010. La segunda reunión se realiza el 14 de abril de 2010. Se
contó con la participación de EMAP-Q, SUPERTEL, CONELEC, MIPRO, Superintendencia de Bancos, SENAGUA, Empresa Eléctrica Quito,
Tribuna del Consumidor, Comité de usuarios de Bolívar, Asociación de consumidores y usuarios de Pichincha.
37 Realizado el 15 de abril de 2010. Contó con la participación de delegados de Centro de Equidad y Justicia de Municipio de Quito, Orga-
nización de Mujeres Lesbianas del Ecuador, Proyecto Transg{enero, Fundación Causana, Asociación Alfil.
38 Realizado el 21 de mayo de 2010. Se contó con la participación de delegados de CODEMPE, CODAE, Asociación de Indígenas Evangélicos
de Pichincha, Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Orga-
nización MAKIPURASHUM – Otavalo, FODEPI y Centro de Desarrollo y Equidad del pueblo Afro.
39 En los meses de abril y mayo de 2010, se sostuvo reuniones con Ministerio de Salud, CONSEP, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
organizaciones civiles para sugerir reformas en el Reglamento que regula los centros de atención a personas adictas. Se cuenta con una propuesta
elaborada por la Defensoría del Pueblo.
40 Realizado el 15 de junio de 2010. Se contó con la participación de delegados de CEDENMA, CDH Guayas, Observatorio Ambiental Quito,
Asamblea Nacional, Ministerio Coordinador de Patrimonio (SPPC), INREDH, APDH, Ministerio de Ambiente, YANAPACUNA, PACHAMA-
MA, PAE, CEDHU, IEETM y 7 delegaciones provinciales de la DDP.
41 Se realizó en abril de 2010 el Encuentro de las Delegaciones Provinciales de la DDP para aportar en la discusión de la Ley de Movilidad
Humana, propuesta por SENAMI y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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