Libro delimitacion maritima con chile

LA CONTROVERSIA ENTRE EL PERÚ Y CHILE
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La Soberanía marítima del Perú
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Título del Texto
"La Soberanía marítima del Perú"
La Controversia entre el Perú y Chile
Autor: Manuel Rodríguez Cuadros
© Manuel Rodríguez Cuadros
Av. Gregorio Escobedo 598 - Jesús María
Primera Edición enero 2010
Tiraje: 1 000 ejemplares
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº: 210-08780
ISBN Nº:
Corrección de estilo: Prof. Nicanor Jiménez
Jaimes
Diseño y diagramación: Sinthia Echajaya
Paredes
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Esta obra no puede ser
reproducida, en todo o en parte,
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los editores.
Impreso en el Perú

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Prólogo
La fecha probable del primer tratado de buena vecindad entre
dos Estados fronterizos es de 1655 y está referida al pacto suscri-
to por Valachie y Transilvania, provincias rumanas, que acordaron
orientar sus relaciones fronterizas asumiendo la obligación de res-
petar el derecho. El tratadista Iftene Pop señala que este tratado
es el primero en la historia de las relaciones internacionales el que
subordina la buena vecindad al respeto del derecho internacional.
Este antecedente firmado hace más de tres siglos, puso de relieve
que la primera obligación de los Estados vecinos es no violar las nor-
mas de derecho que rigen sus relaciones mutuas. Por consiguien-
te, las relaciones de amistad son aquellas que desarrollan lazos de
cooperación e integración y resuelven los problemas o diferendos
respetando y aplicando las normas de derecho internacional.
A partir de este contenido jurídico las buenas relaciones veci-
nales desarrollan una multiplicidad de interacciones diplomáticas,
políticas, comerciales, financieras, culturales y sociales, en una tra-
ma que debe privilegiar la dinámica de la cooperación y gestionar
adecuadamente, cuando existan, las diferencias y los conflictos a
través de los medios pacíficos de solución de controversias.
No obstante el carácter multidimensional de las relaciones ve-
cinales, sus componentes jurídicos adquieren preeminencia sobre
el resto de procesos políticos, económicos y societales, debido a
que la dinámica de cooperación entre Estados, gobiernos locales y
poblaciones requiere una situación de paz y estabilidad. La coope-

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ración y la integración, especialmente las inter-fronterizas, requie-
ren imperativamente ausencia de conflictos, paz y seguridad.
Las relaciones inter-estatales y particularmente las vecinales
se sustentan en principios del derecho internacional, como el res-
pecto a la integridad territorial y a la soberanía nacional, la no in-
tervención en asuntos internos, la inviolabilidad de las fronteras, la
promoción de la cooperación, la confianza mutua y los vínculos de
amistad, el no uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza y
la solución pacífica de las controversias.
Los conflictos bélicos como realidad opuesta a la buena vecin-
dad implican siempre la violación de los principios de la soberanía
estatal y la integridad territorial. Están prohibidos por el Derecho
Internacional, salvo la excepción de legítima defensa prevista en el
art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Al estar proscrita la gue-
rra y la agresión, el derecho internacional ha elevado la obligación
de solucionar los diferendos y las controversias por medios pacífi-
cos a una norma de ius cogens, es decir, de cumplimiento imperati-
vo por parte de todos los Estados.
En consecuencia, el primer deber de las relaciones de amistad
entre los Estados, cuando enfrentan diferendos que oponen sus in-
tereses nacionales, es recurrir a los medios de solución pacífica que
provee el derecho internacional.
Como las zonas de frontera son los radares de la paz o del con-
flicto, constituyen los espacios privilegiados de las políticas de bue-
na vecindad. La frontera como hecho jurídico, espacial y humano es
el eje de las relaciones entre estados vecinos. El concepto tradicio-
nal de la frontera línea de separación, está siendo superado por el
concepto de la frontera zona, como un área espacial y jurisdiccional
que es objeto de las políticas de integración y buena vecindad. Los
flujos transfronterizos de los individuos, las empresas y las entida-
des de la sociedad civil constituyen los agentes dinámicos de la bue-
na vecindad en las zonas de frontera.

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En el complejo escenario de las relaciones internacionales no
es grave que existan o surjan discrepancias, controversias o diferen-
dos entre Estados, siempre que estos sean encaminados a través
de los métodos de solución pacífica, sin tratar, por consiguiente, de
utilizar o pretender utilizar la amenaza o el uso de la fuerza proscri-
tas expresamente por el derecho internacional.
Los problemas que atentan contra la estabilidad del sistema
internacional se originan, por lo general, en la violación de esa nor-
ma imperativa de la convivencia pacífica entre las naciones. Por el
contrario la paz, la legitimidad del orden internacional y la amistad
entre los países se fortalece cuando los diferendos y las controver-
sias se resuelven –como se ha precisado- aplicando los métodos
de solución pacífica, entre ellos: la negociación, la investigación, la
mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial.
Como un ejemplo de esa conducta el gobierno del Perú, en ob-
servancia de normas y principios establecidos tanto a escala regio-
nal como universal, específicamente la Carta de la OEA, el Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas y la Carta de las Naciones Uni-
das, decidió acudir a la Corte de La Haya para solucionar la contro-
versia marítima con Chile cumpliendo de esta manera el deber de
propiciar la solución pacifica del diferendo, luego de haber agotado
toda posibilidad de lograr una solución negociada bilateralmente.
El Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Canciller de la Repú-
blica entre los años 2003 y 2005, publicó en noviembre de 2007 un
erudito libro titulado Delimitación Marítima con Equidad. El caso
de Perú y Chile, el cual constituye un ilustrado aporte sobre los de-
rechos que sustentan la posición peruana. En dicha obra se efectúa
también un exhaustivo análisis en torno a los componentes y la na-
turaleza de la controversia marítima con Chile.
Con el propósito de ilustrar los sólidos argumentos que asisten
a la posición nacional procedió, también, a precisar principios

16
rectores y normas inherentes al derecho internacional marítimo,
así como la jurisprudencia emanada de la Corte Internacional de
Justicia que dictamina la aplicación de la equidad de resultados
como el principio fundamental para la resolución de diferendos
en materia de delimitación marítima. La equidad infra legem
como norma rectora a ser aplicada sobre el particular en procesos
litigiosos entre estados vecinales, está expresamente establecida
en la Convención sobre el Derecho del Mar, conforme se precisa en
la demanda interpuesta por el Perú.
El nuevo libro sobre este trascendente asunto que nos ofrece
Manuel Rodríguez Cuadros, aparte de enriquecer determinados ar-
gumentos jurídicos expuestos en su primera obra, la complementa
y amplía con interesantes aportes, entre ellos, los capítulos II, III y
VI: “Espacio e Identidad Nacional”, “El Mar y los Límites Marítimos
en la Historia de las Relaciones entre el Perú y Chile” y “La Contro-
versia Marítima entre el Perú y Chile”. Asimismo, aborda en el últi-
mo punto del citado capítulo VI, lo pertinente a la Corte de La Haya
y la solución pacífica de las controversias.
Como es de amplio conocimiento el fallo del Tribunal, confor-
me lo establece el artículo 60 de su Estatuto, es definitivo e inape-
lable. Por consiguiente cualquiera que este fuere, definitivamente
su cumplimiento es obligatorio para las partes. La Corte es la única
instancia judicial de naturaleza supranacional que forma parte del
sistema de paz y seguridad de la ONU y la ejecución de sus senten-
cias no solo está asegurada por el carácter imperativo de las mis-
mas, sino también por el propio Consejo de Seguridad.
En efecto, el artículo 94.1 de la Carta de la ONU, prescribe que
“cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la
decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que
sea parte”. El numeral 2 del mismo artículo confiere al Consejo de
Seguridad la facultad, si lo cree necesario, de hacer recomendacio-

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nes o dictar medidas con el objeto que se lleve a efecto la ejecución
del fallo.
Tanto en el Perú como en Chile, altas autoridades han expresa-
do su voluntad de cumplir el fallo; su cabal ejecución tendrá la vir-
tud de situar las relaciones bilaterales, por primera vez en su histo-
ria, en un contexto ausente de contenciosos vinculados a derechos
de soberanía. Ese momento contribuirá poderosamente a dotar la
relación peruano chilena de una indispensable estabilidad.
Ello, además, permitirá afianzar sin eventuales tensiones
o dificultades coyunturales, un nuevo capítulo presidido por la
cooperación y la integración y sustentado en los principios de
respeto mutuo, beneficio recíproco y transparentes confianza y
amistad.
Todos estos elementos están desarrollados con lucidez y rigor
jurídico en este segundo libro del Embajador Manuel Rodríguez
Cuadros sobre el contenciosos existente con Chile en el que –como
ya he anotado- complementa y amplía su primer libro, contribu-
yendo ambas obras a la sustentación de los incuestionables dere-
chos del Perú sobre el mar adyacente a sus costas hasta 200 millas,
derechos que confiamos serán oportunamente confirmados por el
Tribunal de La Haya.
Reitero mi felicitación al Embajador Rodríguez Cuadros, por
este nuevo aporte en torno a la problemática marítima con Chile y
hago votos para que prosiga enriqueciendo el acervo jurídico-inter-
nacional de nuestro país con renovados trabajos y publicaciones.
Javier Pérez de Cuéllar

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I. Introducción
Las relaciones de vecindad entre el Perú y Chile son menos an-
tiguas que las relaciones interestatales entre ambas naciones. Estas
surgieron alrededor de 1818 y 1821 con la independencia respecto
al poder y la jurisdicción españoles. Entre esos años y 1883, el Perú
y Chile no eran vecinos pues no tenían fronteras. La vecindad limí-
trofe de ambas naciones era con Bolivia. Las aguas territoriales de
ambos países no colindaban entre sí, sino con las aguas territoriales
bolivianas. El hecho que la vecindad, como realidad de la geografía
y la historia, se haya impuesto como consecuencia de la guerra de
1879-1883, a partir de la cesión a Chile por la fuerza de las provin-
cias peruanas de Arica y Tarapacá, otorga a las relaciones bilaterales
un origen traumático, difícil y complejo, para ambos naciones.
El período de las relaciones bilaterales no vecinales, entre
1818 – 1821 y 1883, estuvo marcado por una temprana dinámica
de cooperación e integración y el subsecuente surgimiento de una
rivalidad y competencia por la hegemonía comercial y militar del
Pacífico Sur y por la preeminencia marítima de los puertos del Ca-
llao y Valparaíso.
Bernardo O´Higgins impulsó en el reciente estado indepen-
diente de Chile una visión armónica y constructiva de las relaciones
bilaterales con el Perú, sustentada en la cooperación, la integra-
ción, la confederación y la defensa conjunta. El Perú retribuyó esta
diplomacia de la amistad, no obstante estar ocupado intensamente
en los primeros años de su independencia por difíciles situaciones

20
internacionales, debido a la presencia de tropas grancolombianas
en su territorio y las aspiraciones relativas a la reintegración del
Alto y el Bajo Perú. En las primeras décadas del siglo XIX Brasil fue
la única frontera estable del Perú.
Una expresión de esta diplomacia del entendimiento y la co-
operación, fue la suscripción del Tratado de amistad, liga y confe-
deración del 23 de diciembre de 1822, que estableció una alianza
militar entre el Perú y Chile para su “(…) defensa común, para la
seguridad de su independencia y libertad, para su bien recíproco
y general y para su tranquilidad interior (…) obligándose a soco-
rrerse mutuamente y rechazar en común todo ataque o invasión
que pueda de alguna manera amenazar su existencia política”. El
tratado estableció además un área de libre comercio entre los dos
países – históricamente la primera en la región- y el libre tránsito de
personas bajo el principio del trato nacional.
Con la asunción al poder de Diego Portales en Chile se intro-
duce en las relaciones bilaterales una visión sustentada más en la
dinámica de la competencia y el conflicto que la referida a la coope-
ración y a la integración. Portales poseía una visión internacional en
la que el desarrollo nacional y la proyección internacional de Chile
se concebía a partir de la hegemonía en el mar del Pacífico Sur y en
el control y limitación del poderío territorial, militar y económico
del Perú. La declaratoria de guerra a la Confederación Peruano-Bo-
liviana y las acciones bélicas posteriores que culminaron en la invia-
bilidad de la confederación fueron las expresiones más concretas
de esa política. Lo fue también, posteriormente, la guerra que Chile
declaró a Bolivia y al Perú en 1879.
Mientras que en el Estado portaliano el Perú era la variable
estratégica fundamental de su proyección internacional, en las éli-
tes civiles y militares del Perú Chile no era ni una preocupación ni
un referente internacional esencial. Su prioridad en el Sur era re-
cuperar o unificarse con Bolivia y en el Norte limitar la influencia

21
grancolombiana. Los aprestos militares y las visiones diplomáticas
del Perú hasta 1879 estaban en función de esas realidades. La va-
riable Chile era marginal, salvo en algunas cuestiones económicas
que generaron tensiones menores1
. No hubo en los gobernantes
del Perú, entre 1821 y 1879, una clara comprensión de que Chile
era una contraparte sustantiva y desafiante en las relaciones de
poder en el Pacífico Sur.
La guerra que Chile declaró al Perú en 1879, en el contexto del
deterioro de las relaciones de este país con Bolivia y coincidente
con una grave crisis financiera de la economía peruana, introdujo
de manera abrupta y permanente la variable Chile en las relaciones
externas del Perú. Algunas de las múltiples consecuencias de la
guerra en la vida social, económica y política del Perú fue la anexión
del territorio de Tarapacá a la soberanía chilena como consecuen-
cia del Tratado de Paz de 1883, la ocupación de Tacna y Arica y la
movilización nacional, diplomática, política, social y espiritual para
recuperar las provincias cautivas.
Como subproducto de la guerra, Chile y el Perú, luego de se-
senta y dos años de vida independiente sin vecindad directa, pasa-
ron a ser países limítrofes y fronterizos.
Las previsiones del tratado de 1883 respecto de la realización
del plebiscito que debía decidir la suerte final de la reintegración
de Tacna y Arica al territorio peruano o su anexión al espacio na-
cional chileno, dominaron ampliamente las relaciones bilaterales
entre los dos países durante cuarenta y nueve años, hasta que en
1929 a través de un nuevo tratado se obtuvo una solución negocia-
da políticamente, fuertemente contestada en el Perú, que definió la
anexión de Arica a Chile y la reintegración de Tacna al Perú.
Si se considera que las disposiciones del tratado de 1929 que
otorgaron al Perú servidumbres y facilidades de libre tránsito en el
1 Cf. Tratado de Alianza y Amistad entre el Perú y Chile, suscrito en Santiago el 23 de diciembre de
1822, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Dirección de tratados, código 0003, p.2.

22
territorio de Arica, recién se pudieron ejecutar el 13 de noviembre
de 1999, con la negociación y aprobación del Acta de Ejecución
del Art. 5 del Tratado de 1929, también fuertemente cuestionada,
resulta altamente significativo que las secuelas territoriales de la
guerra de 1879 hayan sido resueltas definitivamente ciento diez y
seis años después.
En ese devenir de más de un siglo las relaciones de vecindad
entre el Perú y Chile estuvieron marcadas por los asuntos territo-
riales pendientes; pero, al mismo tiempo, fueron desarrollándose
esfuerzos y proyectos bilaterales y multilaterales de cooperación e
integración, que otorgaron a la relación un alcance y una dinámica
mucho más amplios que el procesamiento diplomático de los dife-
rendos.
El comercio, que desde la independencia ha gravitado en los
flujos económicos de ambos países, ha jugado un papel muy impor-
tante no sólo en una cada vez más creciente interdependencia, sino
como un factor de fomento de la confianza entre las poblaciones,
los empresarios y las élites políticas. En la última década las inver-
siones han adquirido una importante relevancia. Y los flujos trans-
fronterizos del turismo, los vínculos culturales y las migraciones han
dotado a la relación de una reconocida vitalidad.
Las economías de Perú y Chile desde la época colonial han
sido más complementarias que competitivas y por ello han tenido
una evolución dinámica. Ello ha ido creando en las poblaciones una
nueva visión y comprensión de la relación bilateral. Se han supera-
do, en gran medida, visiones estereotipadas que han ensalzado en
uno y otro país la exaltación militar del pasado o el revanchismo.
Pero siguen siendo relaciones vecinales complejas, que merecen
una atención especial de pueblos y gobiernos para construir un
presente y un futuro de cooperación e integración. No ayudan a
este propósito hechos como la celebración diplomática que año a
año hace el gobierno de Chile, en honor y recuerdo de las glorias

23
militares de su ejército, que no tiene otro referente histórico que la
guerra contra el Perú en 1879.
La historia no se puede ni se debe cambiar. La solidaridad li-
bertaria de Chile y el Perú en la fase inicial de la independencia y la
vida pública de los nuevos Estados es un hecho histórico, objetivo.
Como lo son la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana
y la guerra de 1879-1883. Cada pueblo tuvo en el conflicto sus hé-
roes y sus dramas. Unos fueron vencedores, otros vencidos. Unos
perdieron su territorio y otros lo anexaron. Y la ocupación militar
conllevó ciertamente iniquidades como el “repase” de soldados
heridos, que violaron las reglas de la guerra. Un futuro de inte-
gración y cooperación entre el Perú y Chile demanda serenidad y
responsabilidad en la conducción de la relación bilateral. También
exige respeto por los hechos de la historia y en su momento debe
significar, por parte del Estado de Chile, un reconocimiento de los
sufrimientos y estragos que la ocupación provocó en el estado y la
sociedad en el Perú, como lo ha hecho Alemania en relación a Fran-
cia, o Paraguay en relación a Bolivia. La exaltación no razonable de
una victoria militar del siglo XIX que conllevó acciones y crímenes
prohibidos por el derecho de la guerra, no es la mejor consejera
para construir una relación de estabilidad y amistad en el siglo XXI.
Como ha señalado Jorge Basadre, el pasado no debe servir
para alimentar estériles e irracionales revanchismos, ni exaltacio-
nes de la agresión, tampoco en el caso peruano para repetir la im-
previsión que llevó al desastre de 1879. La historia cumple el papel
creativo de enseñar los errores para no repetirlos. Todos los pue-
blos de América Latina y evidentemente los pueblos del Perú y Chi-
le, especialmente sus élites dirigentes, deben extraer del pasado
las enseñanzas para excluir el conflicto y privilegiar cursos razona-
bles de cooperación e integración en sus relaciones. Pero esto tiene
que hacerse con mutuo respeto y beneficio recíproco.
Esta tarea del siglo XXI requiere superar los problemas objeti-
vos, vinculados a la soberanía nacional, que aún subsisten entre los

24
dos países, específicamente la cuestión de la delimitación maríti-
ma, que constituye el único diferendo de esa naturaleza presente
en las relaciones peruano-chilenas.
En la diplomacia lo grave no es que existan problemas, dife-
rendos o controversias, su existencia es más bien el uso corriente
de la política internacional. Lo grave sería que los Estados resuel-
van esas controversias con el uso o la amenaza del uso de la fuer-
za, es decir, con el conflicto. Los grandes temblores que afectan la
estabilidad del sistema internacional contemporáneo se originan
en la violación de esa norma imperativa de la convivencia pacífica
y cooperativa entre los Estados. Por el contrario, la paz, la vigencia
y la legitimidad de la legalidad internacional y el desarrollo de
las relaciones de amistad entre Estados y pueblos, se fortalece
cuando los diferendos y las controversias se resuelven aplicando
las normas y principios del derecho internacional, ejecutando el
deber imperativo de superarlo aplicando los medios de solución
pacífica, como el arreglo judicial en la Corte Internacional de Jus-
ticia.
El Perú adoptó la decisión de recurrir a la Corte para solucio-
nar la controversia marítima con Chile el año 2004, y presentó la
demanda respectiva en el 2008, cumpliendo el deber imperativo
de propiciar la solución pacífica de las controversias y luego de ha-
ber agotado toda posibilidad de encontrar una solución negocia-
da directamente entre las partes. Este acto fortalece la legalidad
internacional, el sistema interamericano de solución pacífica de
las controversias y la institucionalidad democrática en la región2
.
Se inscribe, adicionalmente, en la larga tradición del derecho
internacional americano, una de cuyas expresiones es el propio
Pacto de Bogotá, así como en una vivencia de la justicia interna-
2 Los países latinoamericanos en ese espíritu recurren cada vez más a la Corte Internacional de Justicia
para resolver sus controversias. Actualmente la Corte considera cuatro casos que conciernen a
países de la región: Ecuador c. Colombia (2008); Perú c. Chile (2008); Argentina c. Uruguay (2006);
Nicaragua c. Colombia (2001).

25
cional y del papel que en su administración corresponde a la Corte
Internacional de Justicia.
La controversia marítima entre el Perú y Chile comprende tres
diferendos específicos: 1) El desacuerdo sobre el límite marítimo
en una zona de superposición de sus respectivas proyecciones ma-
rítimas (hasta una distancia de 200 millas). 2) El diferendo sobre el
punto de inicio de esa frontera marítima. 3) La pretensión de Chile
de desconocer los derechos de soberanía y jurisdicción del Perú
en una extensa área de aproximadamente 28 471 km2
, distinta a la
de la controversia de los límites marítimos y en la que se atribuye
ciertas jurisdicciones.
La demanda peruana fue presentada el 16 de enero de 2009
y la memoria (documento sustentatorio de la demanda) el 19 de
marzo de 2009. En conformidad con el artículo 79 del reglamento
del Estatuto de la Corte, el gobierno de Chile tenía el derecho de
presentar un recurso de excepciones preliminares, negando la com-
petencia de la Corte y oponiéndose a la admisibilidad de la deman-
da, con la finalidad de solicitar el archivo del caso. No obstante que
en un nivel político las más altas autoridades del Estado anunciaron
que Chile presentaría ese recurso por considerar que no existe una
controversia, en razón de la supuesta existencia de tratados que
habrían establecido un límite por el paralelo 18 21´03¨, finalmente
el gobierno de Chile decidió no presentar ese recurso, allanarse a la
demanda, reconocer la existencia de la controversia jurídica y por
ende la competencia de la Corte para dirimir el caso.
La fase procesal del juicio se ha resuelto, así, a favor de la po-
sición peruana que afirmó la existencia de la controversia y la com-
petencia de la Corte para resolverla, en mérito al reconocimiento
que ambos países hicieron de su competencia obligatoria en 1948,
a través del Pacto de Bogotá.
El proceso judicial sobre el fondo de la cuestión continúa sin
que se haya presentado incidente procesal alguno. Una vez culmi-

26
nadas las fases escrita y oral del juicio, la Corte sentenciará el caso
aplicando las reglas de la delimitación marítima propias del de-
recho internacional consuetudinario, si previamente establece la
inexistencia de un tratado o normas especiales sobre la materia;
las Convenciones del Mar de 1958 y 1982 no se aplican al caso,
pues la primera no fue suscrita ni ratificada por los dos países y
porque el Perú no ha adherido a la Convención de Montego Bay.
La norma aplicable del derecho internacional consuetudinario
para la delimitación del mar territorial es la fórmula equidistan-
cia-circunstancias especiales y para la plataforma continental y la
zona económica exclusiva la regla principios equitativos-circuns-
tancias pertinentes.
La Corte decidirá el límite marítimo aplicando estas normas,
siempre y cuando desestime la pretensión chilena de la existencia
de un límite por el paralelo que, conforme a su posición, habría
sido pactado convencionalmente o a través de la aquiescencia.
Este libro está dirigido a presentar un análisis jurídico de la
controversia en sus tres componentes, a partir de un análisis de
los principios, normas y reglas del derecho internacional de la de-
limitación marítima, convencional y consuetudinario. Es, en ese
sentido, el desarrollo de una obra anterior del autor: Delimitación
marítima con equidad, el caso de Perú y Chile3
El fallo de la Corte resolverá definitivamente la controversia.
Su ejecución, por parte del Perú y Chile, es obligatoria y no admite
posibilidad de rebeldía. Al ser la Corte la única instancia judicial de
naturaleza supranacional que forma parte del sistema de paz y se-
guridad de las Naciones Unidas, la ejecución de sus fallos no sólo
está asegurada por el carácter imperativo de sus sentencias que
constituyen res judicata, sino por el propio Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. El Art. 94.1 de la Carta de las Naciones
3 José Manuel Rodríguez Cuadros, Delimitación marítima con equidad, el caso de Perú y Chile, Editorial
Peisa, Lima, 2007.

27
Unidas establece: “Cada miembro de las Naciones Unidas se com-
promete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia
en todo litigio en que sea parte”. Y el numeral 2 del mismo artículo
activa la instancia del Consejo de Seguridad como garante de ese
cumplimiento: “Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir
las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte
podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree
necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto
de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”. La última parte del
artículo, que faculta al Consejo de Seguridad a “dictar medidas”
implica el uso de sus facultades coercitivas.
Durante mi gestión como Ministro de Relaciones Exterio-
res del Perú, el gobierno del Presidente Alejandro Toledo tomó
la decisión de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y
realizó todo el trabajo técnico-jurídico y diplomático para que el
Perú pudiese incoar la demanda. La racionalidad de esta decisión
obedeció a una visión de Estado de la política exterior. Por ello,
al coincidir la fase final del proceso con las elecciones nacionales,
se dejó el espacio para que el gobierno electo procediera a pre-
sentar la demanda. La fase final del juicio será responsabilidad del
gobierno que el pueblo peruano elija el año 2011. El hecho que la
solución jurídica de la controversia comprometa la acción de tres
gobiernos sucesivos casi simboliza la naturaleza de estado de esta
aspiración nacional.
El Perú, en cualquier hipótesis, fiel a la tradición jurídica de
su diplomacia ejecutará el fallo. Y este tendrá la virtud de situar
las relaciones bilaterales entre el Perú y Chile, por primera vez en
su historia, en un contexto ausente de contenciosos de soberanía
nacional. En ese momento se habrá ganado, adicionalmente, la
posibilidad cierta de dotar a la relación de la estabilidad que a lo
largo de su historia le ha sido esquiva, y que debe ser el anuncio
de una nueva página en las relaciones diplomáticas entre ambas
naciones, signada por la cooperación, la integración, la diploma-

28
cia de los pueblos y vínculos interestatales sólidos y permanentes,
sustentados en los principios del respeto mutuo, el beneficio recí-
proco y la solidaridad latinoamericana.
Lima, 3 de octubre de 2009
Manuel Rodríguez Cuadros

29
II. ESPACIO E IDENTIDAD NACIONAL
1. EL ESPACIO NACIONAL TERRITORIAL Y MARÍTIMO DEL PERÚ
El Perú es un estado-nación asentado sobre un territorio de
1´284 216 km2
, ubicado al sur de la línea ecuatorial en la parte
centro occidental de la América del Sur. En extensión es el tercer
país más extenso de la región. Su territorio corresponde aproxima-
damente a más de dos veces al de España, dos veces el de Francia,
treinta veces más extenso que Suiza y sesenta veces mayor que El
Salvador. Es un territorio difícil para los asentamientos humanos,
pero al mismo tiempo de una riqueza excepcional en recursos
naturales. Pablo Macera, con mucha razón, ha señalado que “la
geografía andina no es sólo un espacio de la acción histórica, sino
también un factor contrario y excluyente de la acción humana. Es
la geografía dramática del aluvión o del huayco, las inundaciones,
los arenales y los terremotos que combaten la presencia humana.
Aquí, en los andes las cosas son siempre de duración incierta. Pue-
den durar eternamente o durar un día y durar demasiado”4
.
Más allá de las dificultades y desafíos del medio geográfico, el
hombre peruano organizado en plurales sociedades y culturas se
ha impuesto a la geografía en la construcción de su hábitat natural y
social. El antiguo Perú ha sido una de las seis sociedades internacio-
nales particulares que florecieron en el planeta antes de la primera
ola globalizadora de inicios del siglo XVI. Caral, la civilización más
antigua del Perú, se implantó en la costa central desde hace aproxi-
4 Pablo Macera, Visión histórica del Perú, editorial Milla Batres, 1978, p. 8.

30
madamente cinco mil años. Desde esa época hasta nuestros días la
interacción entre la obra del hombre y el medio geográfico en todo
el decurso de la sociedad y la cultura peruanas ha sido multifun-
cional, tanto en relación al territorio como en torno al mar.
En el territorio peruano existen múltiples y diversos pisos
ecológicos distribuidos longitudinal y altitudinalmente en forma
sucesiva. Esta diversidad presenta ocho regiones ecológicas, alber-
ga 84 ecosistemas de los 104 que existen en el mundo, así como
28 climas de los 32 que se registran en el planeta. El territorio
peruano es uno de los cinco más ricos del mundo en diversidad
biológica., Las investigaciones, aún en curso, han determinado que
en su geografía habitan 25 000 especies de flora, 315 especies de
anfibios, 365 de reptiles, 1760 de aves, 460 de mamíferos y 736 de
peces continentales.
Los recursos naturales se ofrecen a la vida peruana con ge-
nerosidad. Al inicio del siglo XXI el Perú es el primer país pro-
ductor de plata en el mundo (3402 toneladas métricas5
), el tercer
país productor de cobre (10491 toneladas6
), el tercer productor
mundial de zinc (383 mil TMF7
) y el quinto productor de oro (170
toneladas anuales8
). Su explotación y aprovechamiento sustenta-
ble es un desafío que se reproduce al ritmo de la expansión de las
inversiones.
El mar, una de las regiones naturales del Perú, recorre sus
costas a lo largo de un litoral de 3795 km, contando sus entrantes y
salientes, desde Boca de Capones al norte hasta el punto extremo
sur de la proyección del área marítima de 200 millas en la frontera
con Chile. Hacia el alta mar, el mar peruano se extiende por un
5 Cf. World Silver Survey, 2007.
6 Cf. Codelco, 2007.
7 Cf. Statistique ILZG, 2006.
8 Cf. World Gold Council (GFMS), 2007.

31
espacio uniforme de 200 millas, medidas a partir de las líneas de
base utilizadas para definir la anchura del dominio marítimo del
Estado9
.
Las líneas de base utilizadas para proyectar la extensión de
2oo millas constantes del mar adyacente a sus costas, están de-
terminadas por las coordenadas geográficas que se inician en el
Norte en las coordenadas astronómicas Lat. 03º23’33.96’’S, Long.
80º19’16.31’’W(WGS84Lat.03º23’31.10’’S,Long.80º18’49.29’’W),
y finalizan en el Sur en las coordenadas WGS84 Lat. 18º21’08’’S,
Long. 70º22’39’’W. Las aguas marinas que se encuentran entre es-
tas líneas de base y el litoral forman las aguas interiores de la Repú-
blica. Conforme a las normas del Derecho Internacional de la Deli-
mitación Marítima, el límite exterior del dominio marítimo peruano
hasta una distancia de 200 millas hacia el alta mar se traza de modo
que cada punto del citado límite exterior se encuentre a 200 millas
marinas de los puntos más próximos de las líneas de base.
El mar peruano, denominado oficialmente Mar de Grau10
, pre-
senta características especiales que modifican el clima de la costa,
contribuyendo a la existencia -junto a la presencia de otros fenó-
menos geográficos- de una faja desértica en el litoral, allí donde por
su posición geográfica debería existir un paisaje y un clima de zona
tropical. Este efecto negativo es compensado por la naturaleza al
producir, al mismo tiempo, en el mar, una extraordinaria riqueza
hidrobiológicas.
Las aguas son de temperatura templada, pero en el interior
de ellas discurre una corriente marina de aguas frías (Corriente Pe-
ruana o Corriente de Humboldt), con temperaturas en invierno que
9 El art. 54 de la Constitución del Perú establece: “[…] El dominio marítimo del Estado comprende el
mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas ma-
rinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado…”.
10 Cf. Ley No. 23856 del 24 de mayo de 1984.

32
oscilan entre los 13 y 14 grados centígrados y, en el verano, entre
15 y 17. Es como si un río frío discurriese en un mar templado. La
baja temperatura de las aguas de la corriente peruana genera ma-
yor oxígeno que unido a la presencia de una alta irradiación de luz
solar activa el proceso de fotosíntesis. Al mismo tiempo, los vientos
y la accidentada topografía de la costa producen afloraciones de
los fondos marinos ricos en nutrientes, como los nitratos, los fosfa-
tos y los silicatos. Todo ello biológicamente incentiva la existencia
del plancton (plagktós) que se mantiene en la superficie por la alta
salinidad de las aguas. El plancton es el alimento de múltiples recur-
sos vivos del mar, como la anchoveta cuyos volúmenes de captura
explican la posición del Perú como el segundo país pesquero del
mundo.
El territorio peruano, inserto en un sistema global donde el
equilibrio ambiental roza límites de alto riesgo posee uno de los
mayores índices de biodiversidad en el mundo, debido especial-
mente al aporte de su mar que posee un ecosistema extraordina-
riamente rico en afloraciones y nutrientes.11
El biólogo Marco Es-
pino indica que el mar del Perú está situado en “la más importante
área de afloramiento del mundo, con niveles de productividad no
superados por ningún otro ecosistema marino, y que son la base
de una cadena trófica que soporta importantes biomasas de pe-
queños pelágicos como la anchoveta, que transforma la proteína
vegetal en proteína animal de alto valor nutritivo”12
. La riqueza
que produce el ecosistema marino peruano hace que la pesca sea
uno de los recursos naturales que más ingresos aporta a la econo-
mía nacional. El segundo en volumen de exportaciones después
de la minería, con la virtud de que genera más fuentes de trabajo.
11 Cf. Manuel Vegas Vélez, “La pesquería peruana”, en: INP, Atlas histórico, geográfico y de paisajes
peruanos, Lima, Instituto Nacional de Planificación, 1970, p. 165.
12 Marco Espino, “Lecciones aprendidas”, en: El libro de oro de la pesquería peruana, Sociedad Nacional
de Pesquería, editor Pedro Trillo, Lima 2003, p. 129.

33
2. EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DEL TERRI-
TORIO NACIONAL
El itinerario de la definición del espacio nacional y la fijación
de las fronteras y límites del territorio no ha sido fácil en la histo-
ria general de los peruanos. Las cuestiones de la soberanía sobre
el territorio y el mar han gravitado de manera directa en las ten-
siones internas y externas que han caracterizado la vida peruana
en su historia republicana. La determinación nacional de preser-
var la soberanía nacional sobre el territorio y el mar ha enfrentado
conflictos externos, militares y diplomáticos, y ha producido disen-
siones políticas; pero, al mismo tiempo, ha contribuido a forjar la
conciencia, la identidad y la unidad nacionales. Jorge Basadre ha
señalado que desde el inicio de la República el Perú enfrentó una
situación internacional muy difícil y sensible debido por un lado a
su ubicación geográfica céntrica en el continente y a las comple-
jas características de su situación social: 1) Fronteras amplias que
no poseían demarcación con sus cuatro vecinos fronterizos; 2)Una
guerra de independencia larga y sangrienta que dejó exhaustas las
arcas fiscales y empobreció al país; 3) La presencia en territorio pe-
ruano y boliviano, después de la independencia, de tropas colom-
bianas; 4) La carencia de vías de comunicación entre la capital y
el resto del país, entre el centro y los extremos del país;5)la grave
desigualdad cultural, social y económica entre las clases ilustradas y
la población mayoritaria indígena;6) la desarticulación del aparato
del Estado por la emigración de funcionarios públicos peninsulares
y peruanos, por razones ideológicas, económicas y militares, entre
1821 y 1826;7)La inestabilidad política;8)Los efectos negativos en
la administración y en la vida económica, social y política del país
que tuvo el descubrimiento y la explotación del guano; y, 9) La des-
ventajosa ubicación del Perú en Sudamérica, en la época, que al no
existir el Canal de Panamá, lo aislaba de Europa. 13
13 Cf. Jorge Basade, Memoria y Destino del Perú. Selección y notas introductorias de Ernesto Yepes del
Castillo, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2004, p. 207.

34
Estos factores generaron múltiples dinámicas de conflicto y
cooperación en las relaciones externas del Perú durante el siglo XIX
y otorgaron a la variable territorial y a las cuestiones de la soberanía
nacional un peso gravitante en la política exterior del Estado.
José María de Pando, Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú en 1826,1829 y 1832, recordaba, con acierto, en su libro de
derecho internacional, escrito en 1838, que la obligación de “[…] fi-
jar con la mayor exactitud que sea posible los términos o linderos de
los territorios respectivos, es un objeto de la más alta importancia
para todas las naciones, a fin de precaver las disputas y aún guerras
que de la incertidumbre se han originado frecuentemente”14 . Cien-
to catorce años después, esa “obligación de todas las naciones” a
que aludía Pando continuaba pendiente en el Perú y dio lugar a una
reflexión de Alberto Ulloa, quizás exagerada, pero representativa
del significado de la variable territorial en la historia peruana: En el
“[…] horizonte visible, nuestra expresión internacional tiene que ser
fundamentalmente territorial y así lo ha sido principalmente hasta
hoy. Como no somos una gran potencia, como no tenemos intere-
ses políticos universales, como nuestra proyección económica es
limitada, hemos vivido, durante ciento veinte años, y seguiremos
viviendo por mucho más todavía, en función de nuestro territorio.
Los grandes problemas internacionales de nuestra historia han te-
nido este signo, en todas las direcciones de la rosa de los vientos.”15
La cuestión territorial en la política exterior peruana, en la
concepción de Ulloa Sotomayor, y el sinuoso camino recorrido para
cumplir con el axioma señalado por Pando, ha sido quizás uno de
14 José María de Pando, Elementos del Derecho Internacional, Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid,
1838, p.107.
15 Alberto Ulloa Sotomayor, La Posición Internacional del Perú, Imprenta editora Atlántida S.A., Lima,
1977 (1a
edición 1941), pp. XIX y XX. La cita de Ulloa es representativa para ilustrar el peso de la va-
riable territorial en la política exterior del Perú, pero no lo es con relación al alcance de la diplomacia
peruana que desde sus inicios definió un campo de acción bastante variado y amplio que excedió la
cuestión de límites no obstante la presión de las cuestiones territoriales. El reduccionismo de la políti-
ca exterior peruana a las cuestiones territoriales es un prejuicio antes que una constatación histórica.

35
los procesos más duros y dramáticos de la historia republicana del
Perú. Ha costado a los peruanos ser el país de América Latina que
ha tenido que enfrentar el mayor número de conflictos16
. Costó la
ocupación extranjera del territorio nacional durante la guerra con
Chile. Pero, sobre todo, ha tenido el altísimo precio de miles de vi-
das de combatientes y de la población civil sacrificadas en los cam-
pos de batalla de las reiteradas guerras que el país ha tenido que
afrontar, desde el momento mismo de su independencia hasta ene-
ro de 1995. Ha significado también la concentración de las mejores
energías nacionales e ingentes recursos materiales y financieros en
la tarea de obtener fronteras jurídicamente reconocidas.
El proceso de fijación de los límites del Perú ha durado ciento
veintiún años, entre 1821 y 1942. Con la suscripción y ratifica-
ción del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 se logró, finalmente,
perfeccionar jurídicamente los límites fronterizos con Brasil, Chile,
Colombia, Bolivia y Ecuador. El protocolo de Río estableció además
la paz entre los beligerantes. El Acuerdo de Brasilia de 1998 es sólo
un convenio de perfeccionamiento de la demarcación de los límites
establecidos por el Protocolo de Río de Janeiro que, sin embargo,
varió el statu quo establecido por este, al introducir la cesión por
parte del Perú del territorio de la localidad de Tiwinza en una com-
pleja figura jurídica de derecho privado, creada por un instrumen-
to de derecho internacional público y para un uso exclusivamente
público.
Dos ejes han dominado históricamente la preocupación por
definir los límites del territorio nacional peruano. Uno en el sur,
otro en el norte. Desde 1821 hasta 1929 el centro de gravitación
estuvo concentrado en la frontera sur. En un primer momento, a
través de las acciones integracionistas que buscaron reintegrar los
territorios del alto (Bolivia) y del bajo Perú. Proceso complejo que
16 Ningún país de América Latina presenta el número de conflictos internacionales que ha tenido que
enfrentar el Perú.

36
agitó la vida política peruana y boliviana, que consumió muchos de
sus esfuerzos en el campo de batalla y que culminó trágicamente
con los graves resultados que trajo para ambos países la derrota
militar en la guerra con Chile. En un segundo momento, a partir
de la post guerra con Chile, a través de la movilización nacional
para intentar recuperar en la mesa de negociaciones - a través de
la acción diplomática- las provincias cautivas que se habían perdido
en el campo de batalla. Este proceso culminó en 1929, en sus com-
ponentes sustantivos, con la reintegración de Tacna al territorio na-
cional y la cesión definitiva de Arica a la República de Chile.
A partir de esa nueva situación, el eje hegemónico del conflic-
to territorial en las relaciones internacionales del Perú se trasladó
a la frontera norte. Es cierto que ya en el siglo XIX este eje de con-
flicto produjo dos guerras, con Colombia en 1829 y con el Ecuador
en 1860. Es también un registro histórico que en 1910 se produjo
una situación pre bélica con el Ecuador. Sin embargo, no es menos
cierto que más allá de esas graves contingencias, la prioridad de
la política exterior y de la política de defensa nacional fue durante
todo ese período la situación en el sur. Las tensiones en el norte
fueron percibidas en términos subsidiarios. Como factores tácticos,
tensiones políticas y diplomáticas o flancos militares que hicieron
mucho más complejas las estrategias de política exterior y de de-
fensa en la frontera sur.
Producida la independencia sectores de las élites militares,
económicas y políticas peruanas, como las del alto Perú, no renun-
ciaron a un espacio territorial que reintegrara el alto y el bajo Perú.
Y este nacionalismo territorial, sustentado en realidades económi-
cas, históricas, sociales, culturales, étnicas y lingüísticas, fue uno
de los factores determinantes de la vida política nacional interna y
externa, particularmente vinculada al regionalismo sureño, en las
primeras y decisivas décadas de nuestra vida republicana. El Perú
nació con la impronta de la variable territorial en el centro de los
problemas del poder, la economía y la sociedad.

37
En 1823 la primera constitución peruana en la sección referi-
da al territorio reflejó esta determinación, al señalar, en su artículo
6, que “El Congreso fijará los límites de la República, de inteligencia
con los Estados limítrofes verificada la total independencia del alto
y el bajo Perú”17
. De ahí en adelante la variable de la integración con
Bolivia ha sido un factor determinante o condicionante de la vida
política peruana, de manera decisiva por lo menos hasta la guerra
con Chile. A partir de 1883, como subproducto de este proceso, la
variable territorial relativa al estatus y a la recuperación de las pro-
vincias cautivas de Tacna y Arica dominó gran parte de los procesos
políticos nacionales. Y desde 1922, intermitentemente, la cuestión
de Leticia con Colombia y luego el contencioso con el Ecuador, han
incidido también fuertemente en la dirección de la política exte-
rior y en coyunturas críticas de la política interna. Esta presencia
casi interrumpida de la variable territorial en el curso de la políti-
ca peruana ha sido, adicionalmente, un factor permanente y en
ocasiones urticante en las relaciones entre las fuerzas armadas y la
institucionalidad civil.
En ese contexto, la determinación de los límites del Perú no
ha sido como se cree a partir de aproximaciones juridicistas, solo
consecuencia de nuestros títulos y los principios que orientaron
la constitución inicial y la división política de las nuevas naciones
hispanoamericanas. Si bien es cierto que los principios del uti pos-
sidetis, las nacionalidades y la libre determinación de los pueblos,
orientaron la formación inicial de las nuevas repúblicas desde el
punto de vista de la constitución orgánica de sus territorios, los
límites de esos territorios, los “confines” en la interpretación roma-
na del concepto de límites, ni se derivaron ni se consagraron de los
principios constitutivos, fueron el producto de negociaciones diplo-
máticas, arbitrajes y guerras. Como en toda la historia del estado
nación, las fronteras en América Latina, sobre la base de los títulos
17 Domingo García Belaunde, Las Constituciones del Perú, Ministerio de Justicia, Lima, 1993, p. 96.

38
coloniales, se han fijado y formalizado jurídicamente en la dinámica
de la cooperación y el conflicto.
Este proceso, propio de las relaciones internacionales como
realidad social, quizás por la especial posición geográfica del Perú
que Basadre señaló como una de las causas de las tensiones inter-
nas y externas, unida a su condición de centro gravitante en el perio-
do colonial, se ha expresado, de manera contundente en la historia
peruana. Las fronteras del Perú son producto de la negociación di-
plomática, de la cooperación y las políticas de buena vecindad, pero
también de la agresión militar extranjera, de la guerra.
La primera frontera que el Perú consagra en términos jurídicos
con una línea demarcatoria convencional, que permitió al estado pa-
sar de una etapa de exhibición de títulos y defensa de los derechos
territoriales de la nación al establecimiento de límites precisos apro-
bados por un tratado internacional, fue la frontera este con el Brasil.
La determinación de los límites en esta sección en la línea de frontera
fue exclusivamente producto de la negociación diplomática, a través
de la suscripción de la Convención Fluvial sobre Comercio y Navega-
ción del 23 de octubre de 1851, la misma que en su artículo VII esta-
blece los límites convencionales entre el Perú y Brasil en la frontera
este. Posteriormente, a través del Tratado de Límites, Comercio y
Navegación en la Cuenca del Río Amazonas, suscrito en Río de Janei-
ro el 8 de septiembre de 1909, se completó la delimitación en toda
la frontera peruano – brasileña. Sobre la determinación de los límites
con el Brasil, Raúl Porras Barrenechea, en valoración que comparto,
ha señalado que la convención de 1851 reflejó la comprensión del
interés peruano de obtener la libre navegación en el Amazonas, la
misma que el tratado de San Ildefonso le concedía exclusivamente al
Brasil, razón por la cual, en las negociaciones, la parte peruana acep-
tó aplicar el uti possidetis de facto como principio rector18
. En lo que
18 Raúl Porras Barrenechea, Historia de los límites del Perú, Librería Francesa Científica y Casa Editorial
Rosay, Lima 1930, p. 87.

39
concierne al tratado de límites Velarde - Río Branco de 1909, Porras
anota también, en un análisis valorativo de los resultados del arre-
glo, que “la solución adoptada…fue pues la única posible, oportuna
y provechosa para el Perú”19
No obstante que el Brasil siempre ha sido el vecino de ma-
yor volumen espacial y con mayor poder en el escenario regional,
constituye el único caso de las cinco fronteras nacionales donde la
determinación de los límites se ha realizado exclusivamente a tra-
vés de la dinámica de la cooperación y la negociación. Ni siquiera
se tuvo que recurrir al arbitraje. El conflicto se redujo a esporádicos
y puntuales incidentes en la zona fronteriza. Entre otros factores,
esto se ha debido a que la inmensidad de la selva amazónica ha
constituido un espacio que ha gravitado como un tapón entre los
centros poblados y económicamente activos de los dos países, in-
dependientemente de haber constituido al mismo tiempo un espa-
cio de disputa desde la perspectiva, regionalizada, de la explotación
de ciertas riquezas como el caucho o de la acción colonizadora para
incorporar los inmensos espacios amazónicos a la jurisdicción de
uno u otro país.
La preeminencia de la dinámica de la cooperación y la nego-
ciación en la solución de los contenciosos de límites entre el Perú
y el Brasil ha contribuido a dar a las relaciones bilaterales una esta-
bilidad y previsibilidad ausente en las otras fronteras. A su vez ha
permitido que el Perú perciba al Brasil como un vecino confiable,
capaz de ejercer sus buenos oficios en la solución de controversias
en el ámbito de las otras fronteras nacionales. Brasil ha sido el úni-
co factor externo de estabilidad en la determinación de las fronte-
ras nacionales.
Si la dinámica de la negociación y la cooperación prevaleció
en la fijación de los límites con el Brasil, la dinámica del conflicto ha
19 Ibíd., p. 91.

40
sido gravitante en los casos de las fronteras con Chile, con Colom-
bia y con el Ecuador. Bolivia es un caso especial, pues ambos pue-
blos, dentro de sus propias diversidades, tienen un origen común.
En la época precolombina sus pueblos compartieron el territorio
y los pisos ecológicos del sur andino y sus sociedades políticas se
expandieron a través de ese territorio. Durante la mayor parte de
la colonia formaron una unidad social, económica y administrativa;
razón por la cual al momento de la independencia hubo distintas
corrientes, las que pugnaban por reintegrar el bajo y el alto Perú
y las que bregaban por la unidad a partir de la constitución de dos
países independientes. Los conflictos entre el Perú y Bolivia en las
primeras décadas del siglo XIX fueron producto paradójicamente de
la dinámica de la cooperación, integración o reintegración.
El Perú y Chile no han sido países limítrofes sino hasta 1883
como consecuencia de la guerra de 1879. En el antiguo Perú, la ex-
tensión del Tahuantinsuyo comprendió el territorio actual de Chile
hasta el río Maule. A partir del hecho colonial y la creación del Vi-
rreinato del Perú, con Real Cédula del 20 de noviembre de 1542, la
jurisdicción virreinal peruana abarcó también el territorio de Chile,
hasta que el gobernador La Gasca, en 1548, estableció el límite en-
tre el Virreinato del Perú y la Gobernación de Chile a la altura de
Copiapó.
El límite entre las secciones virreinales del Perú y Chile con-
forme al principio del uti possidetis colonial fue establecido por real
orden del 1 de octubre de 1803, en el río Paposo (25º); precisán-
dose que el puerto del Paposo, sus costas y territorios pasaban a
agregarse al Virreinato de Lima. Con base a estos antecedentes ju-
rídicos, Raúl Porras Barrenechea registra que conforme al derecho
internacional americano y al principio del uti possidetis de 1810 “ El
límite entre el Perú y Chile estaba al Sur del desierto de Atacama, en
el Paposo, hasta donde se extendía la intendencia de Arequipa”20
.
20 Ibíd., p.108.

41
Posteriormente con la independencia de Bolivia, el territorio
de la nueva república abarcó el litoral que se extendía desde Ata-
cama hasta Loa. Como también señala Porras: “Constituido en re-
pública independiente, y antes de alentar sus planes de expansión,
Chile reconoció la soberanía de Bolivia en estos territorios, esto se
halla comprobado en el texto mismo de sus constituciones. La de
1822, dijo: “El territorio de Chile reconoce por límites naturales al
sur el cabo de Hornos; al Norte el despoblado de Atacama”. Idén-
tica disposición consignaron las de 1823, 1828 y 1832. La de 1833
decía aún: “El territorio de Chile se extiende desde el desierto de
Atacama, hasta el cabo de Hornos”. Hasta esa época no hubo pues
la más pequeña discusión de los límites entre Chile y Bolivia”.21
La guerra de 1879 enclaustró a Bolivia al anexar Chile por la
fuerza su litoral. Para el Perú significó la emergencia de un nue-
vo país limítrofe; impuso la cesión territorial de las provincias de
Tarapacá y Arica, a través de lo dispuesto en el Tratado de Paz y
Amistad, suscrito en Lima el 20 de octubre de 1883 y el Tratado
y Protocolo Complementario para Resolver la Cuestión de Tacna y
Arica, firmado el 3 de junio de 1929.
Más allá de cualquier consideración valorativa sobre el trata-
do de 1929 y su protocolo complementario que determinaron la
anexión de Arica a Chile pero también la devolución de Tacna al
Perú, una constatación histórica es que en este caso parte de lo
que se perdió en la guerra, en la dinámica del conflicto, se recuperó
parte a través de la negociación diplomática, en la dinámica de la
cooperación.
Los límites con Bolivia, a diferencia del caso chileno, han sido
producto de la negociación diplomática y el arbitraje. Bolivia es
un factor altamente significativo en la historia del espacio nacional
peruano, pues durante todo el siglo pasado y parte del presente
21 Ibíd, p.109.

42
ha constituido un centro gravitante de la problemática territorial y
de la política fronteriza del Perú. El alto Perú, como se ha señala-
do, fue un referente del espacio nacional peruano que provocó un
sentimiento de reintegración territorial y unidad política del bajo
y alto Perú en las elites nacionales civiles y militares peruanas y
bolivianas durante las primeras décadas de la independencia.
Estas corrientes ideológicas, militares, políticas, sociales y
económicas finalmente obtuvieron la realización del proyecto de
reintegración y unidad, con el establecimiento de la Confederación
Perú -Boliviana en 1836. El Perú, que sólo hacía diez años había
consolidado su independencia y su estructura de estado unitario se
dividió en dos Estados. El Estado Nor Peruano (Amazonas, Junín,
La Libertad y Lima), con su capital en Lima, y el Estado Sud Perua-
no (Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho) con capital en el Cusco. Y
ambos Estados se fusionaron con el Estado boliviano, bajo la pre-
sidencia del General Andrés de Santa Cruz. Se consagraba de esta
manera la aspiración nacional - territorial de reunificar el alto y el
bajo Perú. La constitución del Estado Nor Peruano señalaba en su
artículo I : “Los departamentos de Amazonas, Junín, La Libertad y
Lima se erigen y constituyen en un estado libre e independiente
que se denominará Estado Nor Peruano, confederado con los del
Sud y Bolivia, bajo la forma de gobierno popular representativo”.22
Y el artículo II consignaba que “El Estado Nor Peruano reconoce la
separación e independencia del Estado Sud Peruano”. La constitu-
ción del Estado Sud Peruano, aprobado en Sicuani el 17 de marzo
de 1836 contenía cláusulas similares.23
Por su parte, la constitución de la Confederación Peruano Bo-
liviana, aprobada en Lima el 28 de octubre de 1836, estableció, en
relación al espacio nacional, una sola cláusula relativa al territorio
22 Constitución del Estado Nor-Peruano (1836), art. 1, en: Domingo García Belaunde, Las Constituciones
del Perú, Ministerio de Justicia, Lima, 1993, p. 216.
23 Ibíd.

43
de las tres repúblicas confederadas (Art. XXX, 2), la misma que otor-
gó al protector la atribución de “Conservar la integridad del territo-
rio de la Confederación y de cada una de las tres repúblicas”. 24
La
partición del Estado peruano y su reintegración política junto con
Bolivia a través de la confederación, fue objeto de recelos por parte
de la Argentina y de la intervención armada chilena que produjo la
primera guerra entre el Perú y Chile.
La confederación se disolvió en 1839 y el Mariscal Gamarra
asumió, nuevamente, la Presidencia de la República, el 10 de julio
de 1840. Gamarra no fue un enemigo de la unificación de los es-
pacios nacionales del Perú y Bolivia. Por el contrario, era partidario
de reintegrar el alto y el bajo Perú, pero con dirección y conducción
peruanas. Al año de iniciado su gobierno y a los dos años de di-
suelta la confederación, Gamarra invade Bolivia e inicia el segundo
conflicto peruano - boliviano. El contexto y los resultados fueron
distintos. El ejército peruano fue derrotado en Ingavi. Y el Mariscal
Gamarra se convirtió en el único presidente de la República muerto
en combate en el campo de batalla.
Desde 1842, año en que se descubren los ricos yacimientos
de salitre y covaderas de guano de Atacama, Perú y Bolivia inten-
sificaron sus relaciones de amistad y cooperación. En 1873 suscri-
bieron el Tratado de alianza defensiva que ambos países honraron.
En 1879 enfrentaron la guerra que les declaró Chile y la derrota
acarreó serias y graves consecuencias: Chile se anexo el litoral boli-
viano y la provincia peruana de Tarapaca, más tarde el anexionismo
se expandió a la provincia de Arica.
Abandonados los irredentismos territoriales de una y otra
parte y asimiladas las lecciones de la guerra con Chile, durante
la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX la diná-
mica de la cooperación continuó prevaleciendo en las relaciones
24 Constitución del Estado Sud-Peruano, art. 2, ibíd., p. 212.

44
peruano-bolivianas, incluso en el procesamiento de las diferencias
limítrofes. los Tratados Osma-Villazón de 1902; el Laudo Arbitral
del Presidente de la República Argentina, José Figueroa Alcorta, de
1909, el Protocolo sobre Aceptación del Laudo Argentino, también
de 1909, el amistoso Tratado de Rectificación de Fronteras Polo –
Bustamante de 1909 y posteriores protocolos para la ejecución de
este último tratado, constituyen los resultados formales de un ar-
duo y amistoso proceso de negociación y entendimiento que per-
mitió establecer definitivamente los límites entre el Perú y Bolivia.
El establecimiento de los límites primero con la Gran Colombia
y después con Colombia ha tenido una dinámica de cooperación y
conflicto desde los albores de la independencia. La presencia de
fuerzas auxiliares del ejército libertador hasta 1827 en territorio
peruano, fue un permanente factor de conflicto en las relaciones
peruano – grancolombianas. Las tensiones políticas y limítrofes
produjeron la guerra de 1829. Disuelta la Gran Colombia, en mayo
de 1830, la sucesión de Estados planteó la continuidad de la con-
troversia limítrofe entre el Perú y Colombia. Con el nuevo estado
los problemas de límites evolucionaron en los mismos términos de
oposición de intereses y tesis. Entre 1829 y 1894 hubo una suerte
de administración positiva del statu quo que duró 63 años. Luego,
se vuelve a activar la cuestión de límites y después de una serie
de negociaciones fracasadas, intentos de arbitraje inviables o frus-
trados e incidentes como el de La Pedrera (1911), se llegó a una
negociación definitiva, muy controvertida.
Durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía se nego-
ció y pactó con Colombia, a través de un repudiado procedimiento
secreto, el Tratado Salomón – Lozano, a través del cual se fijaron
los límites entre ambos países. Grandes sectores de la población
y de la opinión nacional consideraron el tratado como lesivo a los
intereses nacionales del Perú, por haber dispuesto la cesión de la
localidad de Leticia (17 000 habitantes) que había formado parte
del territorio nacional desde 1821. A través de esta concesión te-

45
rritorial peruana, Colombia obtuvo un acceso directo al Amazonas.
Producida la caída del presidente Leguía, la tensión en la frontera
se agudizó, especialmente luego de la ratificación del tratado en
1928. El 1 de septiembre de 1932, durante el gobierno del General
Luis M. Sánchez Cerro, fuerzas civiles comandadas por un oficial en
retiro ocuparon Leticia. El gobierno peruano respaldó la ocupación
y movilizó a sus fuerzas armadas. El 14 de febrero de 1933 se abrie-
ron las hostilidades. Producido el asesinato de Sánchez Cerro, el
domingo 30 de abril de 1933, asumió la presidencia el Gral. Óscar R.
Benavides. El conflicto cambió de curso y con la intervención de la
Sociedad de Naciones se pactó, en Ginebra, el armisticio del 24 de
mayo de 1933. El acuerdo impuso la evacuación de Leticia y su en-
trega a una administración temporal, mientras las partes resolvie-
sen definitivamente el incidente en consultas y negociaciones bajo
los auspicios del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Afra-
nio de Mello Franco. Producto de estas negociaciones se suscribió
el 24 de mayo de 1934, en Río de Janeiro, un Protocolo a través del
cual se ratificó la cesión de Leticia y los límites establecidos por el
tratado Salomón-Lozano.
La cuestión con Chile, después del incumplimiento por parte
de Santiago de las disposiciones del tratado de 1883 que mandaba
la realización del plebiscito para definir el estatus definitivo de Tac-
na y Arica, configuró una prioridad diplomática para la recupera-
ción de las provincias cautivas. El diferendo con Colombia, siempre
pendiente por la inexistencia de límites convencionales, era final-
mente una cuestión estrictamente de linderos, es decir de líneas
de límites. Pero la reivindicación ecuatoriana de Tumbes, Jaén y
Maynas significaba contestar la soberanía orgánica del Perú en una
parte importante del espacio nacional. Como señalaron los juristas
franceses León Bourgeois y Louis Renault: “ No creemos que pueda
encontrarse otro caso en el cual, con el pretexto de una delimita-
ción, se produzca una reivindicación territorial tan amplia; no se
trata ya de trazar una línea precisa para rectificar fronteras incier-

46
tas y mal definidas; no se trata de reconocer a un Estado vastos
territorios casi inhabitados, sobre los cuales ninguna de las partes
ha ejercido soberanía de manera suficiente: son provincias enteras,
muy pobladas, que han formado parte de un Estado desde su cons-
titución, que se han considerado siempre como parte integrante de
dicho Estado…las que otro Estado a título de rectificación de fron-
teras, pretende hacerse atribuir…25
“.
Progresivamente, una vez superado formalmente en 1929
el problema del incumplimiento chileno del tratado de 1883, las
cuestiones limítrofes del norte reemplazaron a las del sur como
prioridad de la política exterior. Luego de diversos procesos nego-
ciadores y situaciones de tensión en la frontera, se produjo en 1941
una guerra originada por la avanzada ecuatoriana sobre poblacio-
nes fronterizas peruanas. Al término del conflicto, con los buenos
oficios de los Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, ambos países
suscribieron el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942, que
puso fin al conflicto y definió jurídicamente los límites terrestres.
El Perú accedió, de esta manera y por primera vez en su his-
toria, al perfeccionamiento de los límites fronterizos con sus cin-
co vecinos, luego de 121 años de vida independiente, de nume-
rosos conflictos, negociaciones, tensiones internas y externas. La
determinación de los límites terrestres del Estado no ha sido una
empresa fácil. Por el contrario ha constituido un proceso difícil y
complejo, violento muchas veces, con repercusiones diversas en la
vida política nacional.
Como en la mayoría de los países de la región, los límites del
Perú han sido el sub producto de guerras y conflictos fronterizos,
así como de negociaciones diplomáticas, efectuadas en algunos ca-
sos a partir de una situación negociadora débil por la derrota mili-
25 Cf. Ministerio de Relaciones Exteriores, Dictámenes Jurídicos presentados a S.M. el Real Árbitro con
la Memoria del Perú, en: Documentos de relativos a la Conferencia Perú-Ecuatoriana de Washington,
Editorial Lumen,Lima, 1938, p. 137.

47
tar. También de la determinación nacional para defender y preser-
var la soberanía nacional. En esta historia, donde la dinámica del
conflicto y la negociación se han confundido casi sin solución de
continuidad, la variable territorio dio al estado nación peruano uno
de sus pocos referentes de consenso social, independientemente
de la concepción patrimonial del territorio que primó en gran parte
de la República.
El territorio, la defensa de los límites del Perú, las estrategias
negociadoras para determinarlos y los numerosos conflictos que se
tuvo que enfrentar, contribuyeron al desarrollo de dos instituciones
que, no por casualidad, son las de mayor continuidad y consistencia
en la vida política nacional. Dos instituciones que en el pensamien-
to de Raymond Aron26
constituyen el arquetipo de las relaciones
diplomáticas, el ejército que simboliza la dinámica del conflicto y la
diplomacia que simboliza la dinámica de la negociación.
La relativa ausencia de estudios sobre las relaciones interna-
cionales del Perú y particularmente de la historia de las relaciones
con los países limítrofes, ha creado algunas mistificaciones sobre la
historia de las relaciones internacionales del Perú y sobre la diplo-
macia peruana. Una de esas mistificaciones es la de un país que no
habría enfrentado serios conflictos en la defensa de su soberanía y
en la fijación de los límites de sus fronteras. La historia demuestra
que no ha sido así.
Otra de las mistificaciones es la relativa al papel histórico de la
diplomacia peruana. A la cual, en términos de imágenes cotidianas,
se le responsabiliza de ingentes pérdidas del territorio nacional.
Esta aseveración se ha basado en dos errores. Por un lado, la ad-
ministración en el Perú, como en otros países de Sudamérica, en el
legítimo afán de defender sus derechos y afirmar sus aspiraciones
territoriales llegó a producir una confusión en la opinión pública
26 Cf. Raymond Aron, Paz y guerra entre las naciones, Editorial Cuervo, Madrid, 1976.

48
entre los derechos territoriales y las aspiraciones para hacer valer
esos derechos, entre la pretensión máxima de las líneas de frontera
y la existencia de límites consagrados por vía convencional y reco-
nocidos por el Derecho internacional. Se confundió la aspiración,
basada ciertamente en derechos legítimos, sobre un determinado
espacio nacional, con la existencia real de ese espacio nacional.
Esta situación ha llevado a que la cartografía del espacio nacional
peruano, como la cartografía del espacio nacional ecuatoriano, bra-
sileño, o de los demás países de la región durante muchas décadas
sean cartografías de territorios que en sus confines representaban
aspiraciones o derechos subjetivos de los estados, mas no límites
reconocidos por la vía del derecho.
En todo este proceso, el territorio de su constitución inicial
como Estado independiente se rigió por la aplicación de los prin-
cipios del Uti Possidetis y de la libre determinación de los pueblos,
pero los confines, los linderos, los límites, las fronteras de ese te-
rritorio siempre estuvieron bajo negociación o bajo la dinámica del
conflicto territorial, hasta que se perfeccionaron las fronteras total-
mente en 1942.
En este contexto, vinculado a su vez con los factores de política
interna que hicieron del Perú un país con mayor o menor potencia
en la balanza de poder regional, así como con los resultados de las
guerras y los conflictos externos, que configuraron las diversas si-
tuaciones negociadoras, es que se debe analizar el papel histórico
de la diplomacia peruana. Con una precisión adicional, referida a
la participación de la cancillería y la diplomacia nacional, como ins-
titución, en el proceso de toma de decisiones de gobiernos que
no siempre siguieron el curso de las recomendaciones hechas por
la cancillería y que no siempre sustentaron las acciones de política
exterior en procesos institucionales de decisión.
Un balance histórico de la gravitación de las dinámicas de la
cooperación y el conflicto en la determinación de los límites del

49
Perú, conduce a análisis más objetivos. En el caso de la frontera
Sur, la derrota militar se tradujo en las cláusulas secesionistas del
tratado de 1883. Y negociaciones diplomáticas, no siempre realiza-
das en los mejores contextos externos e internos, permitieron re-
cuperar Tacna. En el caso de Bolivia, los múltiples enfrentamientos
del siglo XIX, incluyendo intervenciones armadas exitosas, no pro-
dujeron la posibilidad de un acuerdo que estableciese los límites.
El arbitraje internacional y la negociación diplomática, realizada
con firmeza y flexibilidad a partir de un adecuado realismo político,
consiguió finalmente establecer los límites, dentro de los contornos
históricos de nuestros derechos y aspiraciones. En el caso del Brasil
se da la más expresiva muestra de la paradoja del derecho afirmado
y la realidad del derecho consagrado y/o la posesión que ayuda a
consagrar el derecho. Se ha criticado, a mi juicio muy superficial-
mente, el arreglo de 1851 y más aún el de 1909. Sin embargo, todo
induce a pensar que el hecho de cerrar formalmente, de manera
temprana, la frontera con el Brasil, en condiciones no ideales pero
sí bastante razonables en relación a nuestras aspiraciones y dere-
chos proclamados, ha sido uno de los aciertos más visibles de la
vida diplomática y política peruanas. Porque evitó conflictos ma-
yores con el vecino más poderoso y especialmente porque creó las
condiciones materiales y subjetivas de una diplomacia de amistad
y entendimiento con el Brasil, que aún no ha sido valorada debida-
mente en sus repercusiones positivas en relación al tratamiento de
los contenciosos fronterizos con Chile, con Colombia, con el Ecua-
dor y con Bolivia.
En el caso de Colombia el tratado de 1922 fue evidentemen-
te una negociación que constituyó una concesión no compatible
con una percepción nacional del problema territorial peruano. Se
trató, como se sabe, de una negociación secreta, llevada a cabo di-
recta y personalmente por el presidente Leguía. Sin participación
de la cancillería como institución. Los dos diplomáticos que según
todas las evidencias tuvieron conocimiento de la negociación, So-

50
lón Polo y Raúl Porras Barrenechea, realizaron las precisiones que
debían realizar sobre la naturaleza y el alcance de las negociacio-
nes. Y otros diplomáticos sufrieron incluso el exilio por oponerse al
tratado. La cesión de Leticia fue una responsabilidad exclusiva del
poder político y particularmente del presidente Augusto B. Leguía.
El incidente del uso de la fuerza en 1932, que culminó con la
ocupación de Leticia, no tenía viabilidad militar y por estar abierta-
mente en contra del derecho internacional fue un factor de mayor
dificultad para el manejo diplomático de la situación. En este caso
las dinámicas del conflicto y la negociación no guardaron funcio-
nalidad y por ende no pudieron ser integradas en una percepción
estratégica coherente.
Finalmente, el caso del Ecuador, reprodujo en 1856 la disocia-
ción entre los factores diplomáticos y militares, lo que es un error
básico de naturaleza estratégica. La victoria de la intervención mi-
litar del Mariscal Castilla no tuvo su correlato en una negociación
sobre los límites, existiendo condiciones propicias para ello. En
este caso lo que se ganó en el campo de batalla no se concretó en
la mesa de negociaciones. Fue una oportunidad perdida con costos
por cerca de cien años. Sólo en 1942, luego de 86 años de incesan-
tes hostilidades por parte del Ecuador, la unidad entre la guerra y
la diplomacia, que Aron reivindica como un componente esencial
de la conducta estratégica, se ejercieron de manera firme y atinada,
bajo el liderazgo del presidente Prado y la inteligente y férrea con-
ducción del canciller Solf y Muro. El resultado de esta conducción
eficaz de los asuntos del estado permitió resolver el último proble-
ma de límites pendientes a través del Protocolo de Paz, Amistad y
Límites de 1942, en una línea que si bien es cierto se aleja de las
aspiraciones máximas del Perú, coincide básicamente con el statu
quo de 1936.
Con el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario se es-
tabiliza la frontera en el sur, a pesar de la renuencia que tuvo Chile

51
para cumplir con sus estipulaciones. Al mismo tiempo, el Tratado
de 1922 con Colombia, independientemente de la apreciación que
se tenga de la negociación secreta que culminó con la cesión de
Leticia, tuvo un efecto estratégico importante. Redujo a un solo
contencioso los problemas históricos de la frontera norte y disoció
para siempre los intereses y aspiraciones colombianas y ecuatoria-
nas, que hasta ese momento siempre se mostraron recíprocamen-
te vinculadas.
En lo que atañe estrictamente a la demarcación de las fronte-
ras terrestres e independientemente de la valorización del conjunto
de la negociación, el acuerdo de Brasilia de 1998, como hecho ob-
jetivo, marca una realidad: el estado peruano, luego de 177 años
de existencia, contó por primera vez con prácticamente todas sus
fronteras terrestres demarcadas y ya no debía enfrentar contencio-
sos de límites o del trazo de sus fronteras. La obligación primordial
de los estados de delimitar y demarcar sus territorios de que habla-
ba José María de Pando, le ha tomado al Perú el tiempo de toda
su vida independiente. Ello y el controvertido debate nacional que
suscitó el Acta de Brasilia, constituyen testimonios del acierto de
Alberto Ulloa al utilizar la metáfora de la dirección de la Rosa de
los Vientos para simbolizar el peso que los asuntos territoriales han
tenido en la vida política peruana y en la política exterior.
La territorialidad ha sido de esta manera un factor preponde-
rante en la vida política interna e internacional del estado y la so-
ciedad en el Perú. A partir de la culminación de la demarcación de
nuestras fronteras, aunque en otros contextos y escenarios, lo se-
guirá siendo también en el futuro. La dinámica del conflicto o la di-
ferenciación no empieza ni termina con las cuestiones de límites. La
intangibilidad de las fronteras exige políticas de límites sostenidas
en materia de la cartografía nacional, el mantenimiento y la densi-
ficación de hitos y el desafío de llevar a cabo políticas integrales y
democráticas de desarrollo fronterizo. Las fronteras perfeccionadas
sólo adquieren una dimensión social cuando las zonas fronterizas

52
son objeto de políticas racionales y sustentables de acondiciona-
miento del territorio. Y estas adquieren sentido cuando se articu-
lan a mercados locales o transfronterizos. Las poblaciones asumen
su papel de agentes dinámicos del desarrollo fronterizo cuando son
productores y consumidores activos. Y las tareas de planificación
estratégica de las regiones fronterizas, en un esquema de desarro-
llo sustentable con equidad, suponen necesariamente procesos efi-
caces de regionalización y estrategias de cooperación e integración
fronteriza con las poblaciones vecinas. Los ejes interoceánicos en
el norte y en el sur que vincularán físicamente al Perú y el Brasil, por
ejemplo, serán un factor dinámico del desarrollo fronterizo, pero
no podrán reemplazar a las estrategias internas del desarrollo con
transformación productiva y equidad en el ámbito más amplio del
proceso de descentralización.
El proceso de definición histórica de los límites del espacio na-
cional peruano tiene como única cuestión pendiente, en los albo-
res del siglo XXI, la determinación del límite marítimo entre el Perú
y Chile, el mismo que será decidido por la Corte Internacional de
Justicia en La Haya. Al haber presentado la demanda contra Chile,
el Perú ha hecho uso de los recursos que el derecho internacional
pone a disposición de los Estados para la solución pacifica de sus
controversias.
3. EL ESPACIO MARÍTIMO, LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NA-
CIONAL
La relevancia permanente con que la variable del espacio na-
cional, que incluye al territorio y al mar, se ha expresado en la di-
mensión externa del problema peruano, se deriva de la conjunción
de factores históricos, sociales, económicos y culturales que dotan
al espacio territorial y al dominio marítimo, en el caso específico del
Perú, de por lo menos tres características vinculadas a la consolida-
ción del estado nación, a la conciencia y autovaloración nacional y
al desarrollo económico y social en las zonas de frontera.

53
En primer término, el territorio y el mar, como espacios com-
partidos de una pluralidad de expresiones sociales, étnicas y cultu-
rales, ha jugado en la historia peruana un papel catalizador en la
construcción de la idea y el sentimiento de la nación y la naciona-
lidad; en segundo lugar, la fuerte presencia de conflictos y nego-
ciaciones territoriales y la exitosa batalla diplomática para que se
reconozca la soberanía y jurisdicción del Estado hasta una exten-
sión de 200 millas marítimas, ha generado, en la mayoría de los
población, un sano nacionalismo que ha superado el revanchismo y
el irredentismo. En tercer lugar, en la problemática de las fronte-
ras a lo largo de la historia y aun en las coyunturas del conflicto, ha
estado presente también una dinámica de cooperación, vinculación
social e integración entre las poblaciones fronterizas, no obstante
la ausencia sistemática de políticas de desarrollo económico y so-
cial de las áreas de frontera.
Por ello, una política de fronteras y de defensa, promoción y
realización de los intereses marítimos del Perú, debe conciliar las
indispensables tareas de preservación de la soberanía nacional y el
fomento de un saludable sentimiento de identidad y conciencia na-
cional, con políticas de desarrollo económico, social y cultural que
posibiliten un mayor nivel de vida y bienestar material y espiritual.
En esa perspectiva la integración fronteriza será viable, así como la
cooperación en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico
Sur.
El mundo global de nuestros días no significa el fin del estado
nación, ni de la conciencia nacional. Por el contrario las tendencias
fragmentadas de la globalización han suscitado procesos de afir-
mación nacional, regional y local en todo el mundo.
Se trata de afirmar las identidades culturales y nacionales en
una perspectiva de apertura al mundo, respetando a las otras cul-
turas y a las otras nacionalidades, aun en los saludables y necesa-
rios procesos de integración supra nacional. El ejemplo de la Unión

54
Europea es quizás el más representativo de esta compatibilidad y
fusión creadora entre lo nacional y lo regional o universal.
El mar y su contribución al desarrollo y bienestar nacionales
son una fuente de riquezas para el crecimiento y la expansión de la
economía. Quizás en el futuro su mayor contribución provenga de
los yacimientos de hidrocarburos que actualmente están en fase
de exploración en la plataforma continental, independientemente
de la explotación de petróleo que ya se realiza en el subsuelo del
lecho marino de las costas de Tumbes y Piura. Pero, en el pasado,
en el presente y en el futuro, el mar ha aportado, aporta y aporta-
rá al desarrollo nacional con uno de los sectores industriales más
competitivos de la economía: la pesquería. La riqueza del mar en
recursos vivos es muy significativa. Posee en volúmenes conside-
rables recursos pelágicos, como la anchoveta, la sardina, el jurel y
la caballa; de mersales, como la merluza y otros; costeros, como
el pejerrey, la loma y el machete; moluscos; pelecyodos, como
las conchas y choros; cefalópodos, como los calamares y pulpos;
gasterópodos, como los caracoles y lapas; crustáceos, como los
langostinos, los camarones , las langostas los cangrejos; quelonios,
como las tortugas; y cetáceos, como los delfines y las ballenas.
La actividad pesquera mundial se revaloriza cada día por la
naturaleza más saludable de la ingesta de pescado en relación a
la carne. Según la FAO, las exportaciones mundiales de pescado y
de productos pesqueros llegaron el año 2006 a 85 900 millones de
dólares y el mismo año la captura llegó a más de 110 millones de
toneladas. El 77% de la producción mundial de pescado se dirigió al
consumo humano, mientras que el resto, 33 millones de toneladas,
se destinaron a usos no alimentarios como la fabricación de harina
y aceite de pescado.27
El año 2006 el Perú fue, después de la China,
el segundo país del mundo en captura marina y continental, con
27 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Informe anual,
Roma, 2007, p. 8.

55
siete millones de toneladas, por encima de los Estados Unidos e
Indonesia. Las capturas peruanas son esencialmente de anchoveta
que, por especies, es la captura de mayor volumen en el ámbito
mundial: siete millones de toneladas, muy superior a las capturas
de otras especies como el colín de Alaska (2,9 millones), el listado
2,5 y el arenque del Atlántico 2,228
.
La pesca en el Perú tiene un impacto social mucho más impor-
tante que la minería, por ser más intensiva en la creación de fuen-
tes de trabajo. Al año 2006 las estadísticas muestran que existían
en el país 72 260 personas dedicadas directamente a la pesca y la
acuicultura, cifra que ha ido incrementándose año a año desde el
nivel de 1990 que ascendía a 56 550 trabajadores. Si se calculan
las familias de estos trabajadores se llega a la cifra aproximada de
más de 300 000 personas dependientes de las actividades pesque-
ras en el país, sin considerar a los trabajadores indirectos29
.
Pero el mar no sólo debe ser un medio de captación de divisas
y fuente de trabajo. Uno de los problemas más graves que afronta
el Perú es el déficit nutricional de significativos sectores de su po-
blación. La adecuada alimentación es un derecho humano básico.
El Banco Mundial señala que el porcentaje de niños menores de
cinco años desnutridos en el Perú, el 2002, era de 26%, superior
al 18% del promedio de América Latina.30
El informe “Un nuevo
contrato social para el Perú”, también del Banco Mundial, señala
que la desnutrición, en particular, sigue siendo un área en la que
el Perú se encuentra muy atrás de sus vecinos.31
Y, conforme a los
indicadores de la FAO, el porcentaje de subnutrición de la población
28 Ibíd., pp. 10-13.
29 Ibíd., p. 52.
30 Cf. Daniel Cotlear, editor, Un nuevo contrato social para el Perú, Banco Mundial, Washington, 2006,
p. 48.
31 Ídem.

56
peruana asciende al 13%.32
Revertir esta situación es una de las ta-
reas básicas de la democracia peruana y del crecimiento sostenido
con redistribución y cohesión social. En esta tarea, el mar es una
fuente indispensable de recursos que deben orientarse a superar
esta situación.
Al mismo tiempo el Perú es un país importador neto de ali-
mentos, lo que agrava la situación y torna casi estructural el proble-
ma alimentario. En el mar está una de las llaves que llevaría al Perú
a resolver su déficit alimentario y nutricional. El desarrollo de la
pesca de consumo humano debe ser, bajo esta óptica, un elemento
central de la seguridad y la soberanía alimentarias, de los peruanos.
Como lo ha indicado la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación: “El pescado contribuye a la
seguridad alimentaria en muchas regiones del mundo y constituye
un valioso suplemento en dietas diversificadas y nutritivas. El pes-
cado es uno de los alimentos más completos, y constituye no sólo
una fuente valiosa de proteínas, sino también de micronutrientes,
minerales y ácidos grasos fundamentales. En promedio, el pescado
proporciona, al día, unas 20-30 kilocalorías por persona. Procura
niveles mayores, hasta 180 kilocalorías por persona y día, en aque-
llos países donde no existen alimentos alternativos y donde se ha
creado y mantenido una preferencia por el pescado como dieta ali-
mentaria de consumo masivo (Islandia, Japón y algunos pequeños
estados insulares en desarrollo)”.
La contribución más importante del pescado a la dieta está en
su rico contenido de proteínas animales. El pescado y los productos
pesqueros constituyen una fuente asequible de proteínas animales
que no sólo es más barata que otras, sino que además se prefiere
crecientemente y forma parte de las recetas locales y tradicionales.
Aunque el consumo medio de pescado per cápita sea bajo, pue-
32 Cf. FAO, El estado de la seguridad alimentaria en el mundo, Roma, 2004.

57
de tener notables efectos nutritivos positivos, incluso en pequeñas
cantidades, pues aporta aminoácidos esenciales que suelen ser es-
casos en dietas basadas en las verduras33
.
El consumo de pescado en el Perú ha aumentado ostensible-
mente en la dieta alimentaria de la población. Actualmente el Perú
es una de las sociedades en el mundo con mayores niveles de con-
sumo de pescado. Según la FAO, el consumo de pescado per cápita
en el año 2006, llegó al rango de 20-30 kg por año, la tercera
jerarquía nacional en el consumo per cápita, igual al promedio de
los Estados Unidos y Canadá; junto a Chile, el Perú presenta el más
alto consumo de Sudamérica. Bastante más alto, cerca del doble,
que el consumo de pescado promedio del conjunto de los países
en desarrollo (14,5 kg per cápita anual)34
.
De esta manera, el mar no sólo es parte integrante del hábitat
y de la cultura de los peruanos desde los tiempos en que los ciclos
de la pesca se consideraban que eran regulados por los dioses. Es
también un componente esencial de su economía y crecientemen-
te de su alimentación, una realidad que hay que desarrollar más
aún y potenciar en la alimentación de la población; un factor histó-
rico y material de la identidad nacional; y un espacio esencial de la
seguridad y la defensa nacionales.
En una perspectiva histórica, Basadre señaló que en el pasado
el Perú no tuvo realmente una conciencia marina, puesto que, de
alguna manera, vivió, especialmente en el siglo XIX, de espaldas al
Pacífico, ganado quizás por la vocación telúrica de sus culturas an-
dinas ancestrales. Esa situación ha cambiado en la actualidad. El
desarrollo de la industria pesquera nacional, la incorporación del
pescado a la dieta popular a escala masiva, la percepción cada vez
más extendida entre los peruanos del valor estratégico-económico
33 FAO, ob.cit., p. 65.
34 Ibíd., p. 66.

58
de la posición marítima y de la condición privilegiada de los puer-
tos como bisagras entre Sudamérica y la Cuenca del Pacífico han
convertido al mar peruano, finalmente, en un elemento sustancial
de la vida nacional.
Desde la perspectiva de la política exterior, el mar, como par-
te del espacio nacional peruano, ha contribuido al desarrollo de la
identidad nacional. El carácter integrador que adquirió la reivindi-
cación de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas así lo testi-
monia. En esta tarea participaron, como en pocas otras, al amparo
de fuertes lazos de unidad y cohesión, el estado, los empresarios,
los trabajadores pesqueros y otros sectores laborales, los hombres
y mujeres plurales del Perú plural.
El espacio nacional, el territorio y el mar, como espacio com-
partido de una diversidad de expresiones sociales, étnicas y cultu-
rales, han jugado en la historia peruana un papel catalizador en la
construcción de la idea y del sentimiento de la nación y la nacio-
nalidad. La honda huella que guerras y negociaciones territoriales
han dejado en la historia nacional ha generado en los peruanos un
sano nacionalismo territorial que ha sabido superar el revanchis-
mo y las expresiones de carácter chauvinista. En el Perú, incluso,
se respira un nacionalismo generoso. Al mismo tiempo, el imagina-
rio de la unidad continental y la apertura al mundo han reforzado,
desde la Confederación de los Andes, en los inicios de la República
(1826), hasta el impulso peruano para la creación de la Comunidad
Sudamericana (2005), los sentimientos nacionales de hermandad y
solidaridad con los países vecinos y con la comunidad internacional.

59
III. EL MAR Y LOS LÍMITES MARÍTIMOS EN LA HISTORIA DE LAS
RELACIONES ENTRE EL PERÚ Y CHILE
1. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LOS ESTADOS Y LA REGULA-
CIÓN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN LAS AGUAS TERRI-
TORIALES
En la fase germinal de las relaciones bilaterales entre el Perú
y Chile, la constitución de los nuevos Estados se nutrió del espíritu
de solidaridad e integración propias de la gesta emancipadora. Una
muestra de esta actitud fue el hecho que solo un año después de
declarada la independencia del Perú, en 1822, se firmara el Tratado
de Liga, Alianza y Confederación entre ambos países35
.
La constitución inicial de los nuevos Estados en conformidad
con los principios del uti possidetis y la libre determinación de los
pueblos, les otorgó conforme el derecho internacional de la época
soberanía sobre el mar adyacente a sus costas, pero ello no contuvo
elementos de previsión alguna en materia de los límites marítimos
entre países limítrofes con costas adyacentes.
La Corte Internacional de Justicia en el asunto Nicaragua c.
Honduras ha señalado que al momento de su independencia, en
tanto que nuevos Estados independientes, tenían derecho, en vir-
tud del principio del uti possidetis, a los territorios continentales e
insulares así como a los mares territoriales de las provincias corres-
pondientes. Sin embargo, la Corte precisa que “[…] si ciertamente
35 Mario Barros, Historia Diplomática de Chile 1541-1938, Editorial Ariel, Barcelona,1970, p.58

60
se puede aceptar la idea de que todos los Estados que accedieron a
la independencia tuvieron derecho a un mar territorial, esta reali-
dad jurídica no determina el trazo de la frontera”.36
Esta apreciación en el caso de la frontera sur del Perú se aplica
a la adyacencia con el mar de Bolivia, pues, a la época, el Perú no
limitaba con Chile. En ese contexto histórico y jurídico las nuevas
naciones independientes, con soberanía y jurisdicción sobre sus
mares territoriales y sin límites establecidos entre ellos, ocupan
los primeros años de su vida independiente en una temprana pre-
ocupación por la utilización de los recursos marinos a favor de las
necesidades de la población y de los intereses del Estado.
Este interés se dio particularmente en el Perú. El 6 de septiem-
bre de 1833 el gobierno del Perú aprobó el decreto supremo que
estableció que la pesca de cetáceos y anfibios, en las playas e islas
del país, quedaba reservada exclusivamente a sus ciudadanos.37
El
decreto fundamentó la decisión en la constatación que buques ex-
tranjeros invadían “la propiedad nacional y, privaban por la fuerza
el trabajo de los naturales en esas actividades”. Se estableció, como
medida práctica de protección, la expedición de permisos de pesca
y caza, a los cuales solo podían acceder los buques de bandera na-
cional. Esta disposición muestra la temprana preocupación del Es-
tado peruano por preservar y utilizar en beneficio de su población
la riqueza marina. El decreto no estableció el área de aplicación de
la ley ni un límite exterior del mar adyacente a las costas.
Unos años después, otro decreto supremo, del 5 de agosto
de 1840, reguló de manera específica el régimen de pesca en las
costas e islas de la República, con la misma lógica de protección de
la industria pesquera y las faenas artesanales de la norma de 1833.
36 CIJ, Sentencia sobre el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Honduras en el Mar del
Caribe (Nicaragua c. Honduras), en: Pierre Michel Eisemann y Photini Pazartzis, La Jurisprudence de
la Cour Internationale de Justice, Éditions A. Pedone, París, 2008, pp. 686-687.
37 Decreto Supremo del 6 de septiembre de 1833, Colección de Leyes y Decretos, Lima, 1883, p. 322.

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Reservó la industria y las actividades pesqueras sólo a los ciudada-
nos peruanos, prohibió estas actividades a todo buque no perua-
no y estableció sanciones a toda embarcación que se “encontrase
pescando a distancia de una legua fuera de puntas de los lugares
prohibidos”.38
Se reiteró, en este caso, la responsabilidad del Estado
en relación a los cetáceos y la política de preservación frente a la
caza indiscriminada, así como la protección a la industria pesquera
nacional. Estas mismas preocupaciones un siglo después, en 1947,
fueron las razones esenciales para el surgimiento de la tesis de las
200 millas.
La conciencia sobre la importancia de la preservación y explo-
tación de los recursos naturales en el mar adyacente a las costas,
no sólo fue una preocupación de la acción de gobierno, constitu-
yó, al mismo tiempo, la fuente de un desarrollo jurídico doctrina-
rio. José María de Pando, Ministro de Relaciones Exteriores el año
1833, en su obra Elementos del Derecho Internacional39
, escrita en
1838, introdujo una reflexión precursora en la reivindicación de los
derechos de soberanía y jurisdicción del Estado costero sobre los
recursos naturales y las actividades económicas en el mar adyacen-
te a su litoral.
Pando suscribía el principio y la regla de la libertad de los ma-
res en contra de los monopolios de las grandes potencias marítimas
de la época, España, Inglaterra y Holanda; sin embargo, tuvo la sen-
sibilidad de reclamar una excepción a favor del Estado costero con
riquezas marinas en su mar adyacente: “No hay motivo alguno para
que se legitime la apropiación del mar,[…]él sirve ya a la navegación
de casi todos los pueblos: este es un uso que les pertenece, y del
que no es lícito despojarles. Pero bajo otro aspecto el mar es seme-
jante a la tierra. Hay muchas producciones marinas que se hallan
38 Régimen de Pesca en las Costas e Islas de la República, D.S. del 5 de agosto de 1840, Colección de
Leyes y Decretos, Lima, 1840, p. 663.
39 José María de Pando, Elementos del Derecho Internacional, Segunda Edición, Imprenta de J. Martín
Alegría, Madrid, 1852.

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