historia

1. A la ley 30 de 1992 se atribuye el crecimiento de los
procesos de endeudamiento de las universidades
públicas, la privatización y la responsabilidad de la
crisis institucional que padecen los centros
universitarios de carácter estatal, a los que se les forzó
progresivamente a la obtención de recursos por venta
de servicios, a la consecución de proyectos de
investigación con la empresa privada y a gestionar
paulatinamente la autofinanciación de los mismos a
través de la educación postgraduada, la venta de
servicios de extensión, asesorías, consultorías y
educación continuada.

2. La situación generada por la Ley 30 de 1992 fue
estructurando los programas y las agendas de lucha de los
estudiantes y perfilando las consignas de las
movilizaciones estudiantiles, que se oponen al deterioro
creciente de la calidad de los programas académicos, a la
ampliación de cobertura sin recursos, a la crisis en la
infraestructura, a la falta de modernización, entre muchos
otros aspectos que dificultan cada vez con mayor intensidad
el funcionamiento eficiente de las universidades públicas.

3. Al finalizar la década de los noventa el movimiento estudiantil se
manifiesta activamente en contra de la ejecución de políticas de
austeridad y recortes del gasto público en materia de recursos
para la educación, movimiento que toma un tono más radical en
razón del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Pastrana
Arango(1998-2002) por el cual se evidencia el interés del Estado
colombiano en sustraer la naturaleza pública de la universidad al
pretender disminuir la proporción de los aportes con los que debe
financiar los establecimientos educativos oficiales , poniendo en
ejecución políticas que destinan la mayor parte de los recursos de la
nación para la guerra y otros fines que no contemplan la prioridad
de otras necesidades de la sociedad, como lo son por ejemplo la
inversión en salud, seguridad social, vivienda, recreación, cultura y
medio ambiente.

4. A partir del 2010 Los reclamos estudiantiles tocan aspectos como la autonomía
universitaria, la financiación de las entidades públicas y el bienestar universitario
integral, la calidad académica, las relaciones con la sociedad y la vigencia de las
libertades democráticas y los Derechos Humanos, puntos que conforman el
“Programa Mínimo”, que reivindicado por la MANE se convierte en la expresión
más significativa de la movilización estudiantil a inicios del presente siglo.

5. Los procesos de movilización estudiantil, cargados de innovaciones
estéticas, simbólicas y artísticas así como de diálogo con distintos sectores de
la sociedad, con participación y vocería en el parlamento, con nuevas formas de
llenar las calles de ideas, color, danza, performance, abrazatones,
besotones y sobretodo de argumentos y razones , condujeron a la
convocatoria de un paro nacional universitario el 12 de octubre de 2011, que
recogió en unidad a 31 de las 32 universidades públicas del país en la conocida
“toma de Bogotá” contra la reforma a la Ley 30 de 1992, que obligó al
Gobierno Nacional, el 10 de noviembre de ese año, a retirar la propuesta de
reforma a la educación superior plasmada en el proyecto de Ley 112.

6. La MANE representa un fenómeno sin precedentes en la historia del
activismo estudiantil y se puede señalar que su éxito al detener la
reforma de la Ley 30 es una importante conquista de su capacidad
de movilización estudiantil, pero que resulta un triunfo insuficiente,
pues coloca al descubierto la necesidad de elaborar y defender una
propuesta que configure una nueva política pública para la
educación, política que garantice el acceso al ejercicio del derecho a
la educación como un derecho fundamental, que implica su
gratuidad, la excelencia de los programas, su pertinencia al
momento histórico por el que atraviesa el mundo y a las necesidades
de la sociedad colombiana, así como la lucha por una financiación
adecuada, suficiente y oportuna por parte de la sociedad y el Estado.